El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encuentra en medio de un dilema financiero y legal en torno al centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en los Everglades.
Un panel de jueces de apelación suspendió de forma temporal la orden de una corte inferior que exigía el cierre del centro para finales de octubre, informó AP.
Pero el fallo abrió un nuevo frente: Florida debe elegir entre renunciar a cientos de millones de dólares en reembolsos federales por la construcción y operación del complejo, o aceptar esos fondos y someterse a una revisión ambiental que podría detener las operaciones.
La instalación fue levantada apresuradamente en junio por la administración DeSantis en una pista aérea aislada y rodeada de humedales, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para ampliar la infraestructura destinada a las deportaciones masivas.
El propio Trump visitó el centro en julio y lo calificó como un modelo para futuros proyectos.
Un análisis de AP reveló que Florida ya había firmado contratos estatales por más de 405 millones de dólares para la construcción y el funcionamiento de la instalación, que podría costar hasta 450 millones de dólares anuales.
El contrato más grande, por 78,5 millones, fue adjudicado a la empresa Critical Response Strategies, encargada de gestionar personal, seguridad y administración.
El centro ha estado rodeado de polémica por denuncias de condiciones insalubres y restricciones al acceso de los detenidos a asistencia legal.
Además, enfrenta tres demandas federales, incluida la que cuestiona su construcción en un ecosistema frágil sin estudio de impacto ambiental.
“Los contribuyentes de Florida no deberían pagar por servicios de inmigración federales”, dijo Paul Schwiep, abogado de la organización ambiental Friends of the Everglades.
Elise Bennett, del Center for Biological Diversity, advirtió que el fallo permite a las agencias retrasar reembolsos hasta después de terminados los proyectos, reduciendo a casi nada el valor de las evaluaciones ambientales.
Por ahora, la operación de “Alligator Alcatraz” sigue en pie, mientras la batalla legal y política define si se financiará con fondos federales o si enfrentará un futuro incierto en medio de crecientes críticas.
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