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La batalla legal en torno a la controvertida orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., ha recibido un nuevo revés judicial.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, se ha unido al creciente coro de tribunales que bloquean la medida del presidente, reafirmando que este derecho está consagrado en la Constitución y no puede ser suprimido por decreto presidencial.
Una orden ejecutiva bajo fuego judicial
Firmada el mismo día en que Trump asumió el cargo en enero, la orden ejecutiva pretende suspender la ciudadanía automática para los hijos nacidos en suelo estadounidense de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal.
La medida desató una avalancha de demandas a nivel nacional, lideradas por estados como California y organizaciones de derechos civiles, que han denunciado su carácter inconstitucional.
Este viernes, el tribunal de apelaciones de Boston concluyó que es probable que los demandantes tengan éxito en su argumentación de que la medida de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece claramente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”.
Por ello, confirmó las medidas cautelares dictadas por cortes inferiores que ya habían bloqueado temporalmente la entrada en vigor de la orden.
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En su dictamen, los tres jueces del panel no escatimaron palabras al advertir sobre los riesgos de alterar uno de los principios más firmemente establecidos del derecho constitucional estadounidense.
“Las lecciones de la historia nos dan todas las razones para desconfiar de bendecir este último esfuerzo por romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por nacimiento”, afirmaron.
Y añadieron que cambiar ese principio “haría que la ciudadanía dependiera de las acciones de los padres en lugar de -salvo en circunstancias muy excepcionales- del simple hecho de haber nacido en Estados Unidos”.
Esta decisión convierte al Primer Circuito en el segundo tribunal de apelaciones, y al quinto tribunal federal desde junio, en pronunciarse en contra de la orden presidencial, consolidando así un precedente judicial robusto.
Una coalición estatal en defensa de la ciudadanía
Rob Bonta, fiscal general de California, uno de los casi 20 estados que demandaron al gobierno de Trump, celebró el fallo como una victoria para los derechos fundamentales.
“El ataque del presidente a la ciudadanía por nacimiento desafía flagrantemente la 14ª Enmienda”, afirmó en un comunicado.
“Una orden judicial a nivel nacional es la única forma razonable de protegerse contra sus catastróficas implicaciones”, añadió.
Los demandantes en el caso de Boston sostienen que Trump excedió sus poderes ejecutivos al firmar una orden que “intenta flagrantemente despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía por su ascendencia”, un acto que calificaron de inconstitucional y sin precedentes.
Interpretaciones enfrentadas de la Enmienda 14
En el centro del debate jurídico se encuentra la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14.
Mientras los demandantes y los tribunales federales sostienen que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana sin importar el estatus migratorio de sus padres, el Departamento de Justicia bajo Trump argumenta que la frase “sujetas a la jurisdicción de EE.UU.” excluye a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.
Este argumento, sin embargo, choca con precedentes legales fundamentales.
En 1898, la Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense por nacimiento, sentando una base legal clara que ha perdurado por más de un siglo.
Un camino inevitable hacia la Corte Suprema
Pese a los reveses judiciales, la administración Trump no ha dado marcha atrás.
En septiembre, el gobierno solicitó a la Corte Suprema que revise el caso y mantenga la orden ejecutiva.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló: “El tribunal está interpretando erróneamente la Enmienda 14. Esperamos que la Corte Suprema nos dé la razón”.
Ya en junio, el máximo tribunal del país indicó que las cortes inferiores no pueden emitir, como norma general, órdenes judiciales con efectos a nivel nacional.
Sin embargo, dejó la puerta abierta a excepciones, como demandas colectivas o aquellas encabezadas por estados, lo que permite que la batalla legal continúe.
Entre tanto, jueces federales en Maryland y New Hampshire también han dictado medidas cautelares a nivel nacional contra la orden, y un tribunal de apelación en San Francisco confirmó otro bloqueo dictado por una corte inferior.
Se espera que la Corte Suprema acepte revisar el caso y emita una decisión definitiva en el verano de 2026, una sentencia que podría redefinir la manera en que Estados Unidos entiende y garantiza la ciudadanía a millones de niños nacidos en su territorio.
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