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Una iniciativa legislativa, presuntamente promovido por el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, podría otorgar al secretario de Estado, Marco Rubio, la autoridad para revocar o denegar pasaportes a ciudadanos estadounidenses.
La propuesta, que será discutida esta semana en el Congreso, forma parte de un paquete de reorganización del Departamento de Estado y ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU y la Freedom of the Press Foundation, según recoge The Intercept.
Acorde a dichas entidades, el lenguaje del proyecto es vago y permitiría una aplicación discrecional que podría afectar el derecho a la libertad de expresión, aunque el texto de la iniciativa H. R. 5300 especifica que no puede interpretarse para restringir los derechos amparados por la Primera Enmienda.
La legislación incluiría una disposición que permitiría negar o revocar pasaportes a ciudadanos estadounidenses acusados —incluso sin condena— de brindar “apoyo material” a organizaciones designadas como terroristas por el Departamento de Estado.
En este contexto, la autoridad quedaría en manos del secretario de Estado, sin necesidad de presentar pruebas ante un tribunal, ni garantizar un proceso judicial previo.
De acuerdo con The Intercept, la disposición se suma a medidas ya impulsadas por Rubio desde su llegada al cargo, como la cancelación de visas a ciudadanos extranjeros por expresar opiniones críticas contra Israel.
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Uno de los casos más comentados es el de la estudiante turca Rümeysa Öztürk, a quien se le revocó la visa tras publicar un artículo de opinión en un periódico universitario.
Seth Stern, director de la Freedom of the Press Foundation, advirtió que la iniciativa podría derivar en una “policía del pensamiento” manejada por un solo funcionario, lo que implicaría una grave amenaza para periodistas, activistas y críticos de la política exterior estadounidense.
La ACLU, por su parte, alertó que esta norma permitiría sancionar a personas sin necesidad de que hayan cometido un delito o hayan sido condenadas.
Aunque el proyecto contempla un mecanismo de apelación ante el propio secretario de Estado en un plazo de 60 días, expertos legales señalan que este recurso sería insuficiente al no contar con garantías procesales básicas.
Aclaración de la redacción: Esta nota salió publicada originalmente sin que el texto de la iniciativa H. R. 5300 apareciera publicado en el portal del Congreso (congress.gov) y citando como única fuente a The Intercept. Imprecisiones y matices erróneos en la nota han sido subsanados una vez se tuvo acceso a la iniciativa legislativa presentada por el representante Brian Mast.
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