El gobierno de Estados Unidos reconoció que entre los detenidos en el centro migratorio de los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, hay personas que nunca han pasado por un proceso formal de deportación, contradiciendo las declaraciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien había asegurado que todos los internos tenían órdenes finales de expulsión.
Según documentos judiciales citados por la agencia Associated Press, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) admitieron en una presentación ante la corte que el centro alberga a personas en “todas las etapas del procesamiento migratorio”, incluyendo aquellas que no han sido puestas en proceso de remoción o que aún esperan audiencia.
“La instalación alberga detenidos en todas las fases: quienes nunca han estado en procesos de deportación, quienes serán colocados en ellos, los que ya tienen órdenes finales y los que esperan su salida del país”, señala el texto del DOJ.
La revelación contradice directamente las declaraciones públicas de DeSantis, quien en varias comparecencias en julio insistió en que “todos los detenidos en Alligator Alcatraz han sido ya ordenados a ser removidos del país”.
Durante una conferencia de prensa frente al centro, el gobernador republicano afirmó que “no hay nadie allí que no tenga una orden final de deportación”.
El caso se conoció en el marco de una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, que acusan a las autoridades estatales de impedir que los detenidos accedan adecuadamente a representación legal, lo que violaría sus derechos constitucionales.
Los abogados del gobierno federal argumentaron que las diferencias en los estatus migratorios de los detenidos dificultan certificar el caso como una demanda colectiva.
El centro, construido en una antigua pista aérea en medio de los Everglades, fue inaugurado en julio bajo control estatal y operado por contratistas privados.
Desde entonces, ha sido objeto de tres demandas federales: una por violaciones a los derechos civiles, otra por daños ambientales y una tercera por irregularidades administrativas.
En agosto, un juez federal en Miami ordenó el cierre del centro en un plazo de dos meses, tras determinar que su construcción no contó con los permisos ambientales requeridos.
Sin embargo, la orden fue suspendida temporalmente por una corte de apelaciones, lo que permitió continuar las operaciones mientras se revisa el fallo.
El centro llegó a albergar más de 900 detenidos, aunque su capacidad total es de 3,000.
Fue promovido como un modelo de infraestructura por el presidente Donald Trump, quien lo visitó en julio y lo calificó como “un ejemplo de cómo Estados Unidos puede manejar con eficacia la crisis migratoria”.
El gobierno federal aprobó además un reembolso de 608 millones de dólares a Florida para cubrir los costos de construcción y operación del centro, una decisión que provocó críticas de grupos ambientalistas y defensores de migrantes, que consideran que el complejo simboliza el enfoque represivo de la actual política migratoria.
Mientras tanto, el caso judicial continúa su curso en un tribunal de Fort Myers, donde las organizaciones demandantes exigen que se garantice a los migrantes detenidos acceso a abogados, comunicación privada y revisión de sus procesos legales.
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