En una nueva maniobra para endurecer su política migratoria,
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la imposición de una multa de 5,000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente la frontera sur del país.
La medida, que fue dada a conocer por la Embajada de EE.UU. en México, se aplicará a mayores de 14 años que sean detenidos al ingresar sin documentos al territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad.
El anuncio fue hecho público este miércoles a través de un video en X del portavoz de la embajada, David Arizmendi, advirtió: “Se aplicará una nueva multa de 5.000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”.
Y agregó una advertencia tajante: “Respeta la ley; si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias”.
La sanción económica representa no solo una carga financiera considerable, sino también un nuevo eslabón en la cadena de obstáculos impuestos por Washington para disuadir la migración irregular desde México, Centroamérica y el Caribe.
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Parte de una política de “cero tolerancia”
La imposición de esta multa no es un acto aislado. Se enmarca dentro de una política más amplia de “cero tolerancia” que combina sanciones económicas, deportaciones inmediatas y castigos penales para los reincidentes.
La embajada estadounidense ha dejado claro que la sanción será aplicada “al momento del arresto”, y que su valor podría incrementarse a criterio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Aunque no se ha precisado cuándo entrará en vigor ni el mecanismo exacto de cobro, la disposición ha comenzado a circular en medios oficiales como una advertencia explícita a quienes contemplan cruzar la frontera sin autorización legal.
Además de la multa, las personas detenidas serán deportadas de inmediato, enfrentarán procesos judiciales y una prohibición de reingreso a territorio estadounidense por varios años.
Para quienes reincidan después de ser expulsados, se contemplan penas de prisión que pueden ir desde 2 años por reingreso simple, hasta 20 años si hay antecedentes delictivos o violencia.
Arancel al "parole": Otra barrera económica
El anuncio sobre la multa fronteriza coincidió con otra medida restrictiva: a partir de este jueves, los nuevos beneficiarios del programa "parole" -una vía legal de ingreso temporal por razones humanitarias- deberán pagar una tarifa de 1,000 dólares.
El "parole", históricamente utilizado para atender situaciones de emergencia humanitaria o reunificación familiar, se ha convertido en una de las pocas opciones disponibles para migrantes en situación crítica.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que este cobro aplicará “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos que no cumpla con una excepción”.
Las excepciones contemplan emergencias médicas o asistencia a funerales, pero el alcance del nuevo cargo será amplio y afectará incluso a quienes tienen solicitudes aún pendientes de aprobación.
Una campaña de advertencia y disuasión
La embajada estadounidense ha iniciado una campaña informativa bajo el lema #NiLoIntentes, destinada a disuadir a potenciales migrantes de intentar cruzar ilegalmente la frontera.
El video difundido forma parte de esa estrategia, que no es nueva: en ocasiones anteriores, el gobierno estadounidense ha recurrido incluso a la televisión abierta mexicana para advertir sobre las consecuencias del cruce irregular.
Esta vez, el enfoque se concentra en sanciones financieras y advertencias legales contundentes, que serán divulgadas en español y dirigidas directamente a las comunidades migrantes en México.
Contraste con el descenso en detenciones fronterizas
La nueva ofensiva migratoria de Estados Unidos se anuncia en un contexto de descenso significativo en los cruces ilegales.
De acuerdo con un informe divulgado por la Cancillería de México el pasado 22 de agosto, el número de encuentros con migrantes en la frontera se redujo 91% entre octubre de 2024 -inicio del mandato de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum- y agosto de 2025.
En ese período, los encuentros pasaron de 3,640 a solo 285, una reducción que ha sido atribuida a medidas de cooperación binacional y a cambios en el flujo migratorio regional.
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