Dos hombres fueron detenidos el pasado fin de semana en Bradenton, Florida, y acusados de ingresar ilegalmente al estado, a pesar de que una orden judicial federal suspendió la aplicación de esa ley meses atrás.
Ambos casos aparecen en el más reciente informe que el fiscal general del estado, James Uthmeier, está obligado a presentar cada dos semanas, tras ser declarado en desacato civil por permitir que se aplique la ley SB 4-C a pesar de la orden judicial, reportó la agencia AP.
En abril, la jueza federal Kathleen Williams congeló temporalmente esa legislación por considerarla posiblemente inconstitucional y por invadir competencias federales en materia migratoria.
En el primer caso, un hombre fue detenido el sábado luego de que un oficial de policía observó ramas sueltas y equipos mal asegurados en la parte trasera de su camión. El conductor admitió que su licencia estaba vencida.
El agente se comunicó con un oficial de ICE, quien confirmó que el hombre se encontraba en el país sin autorización y emitió una orden de detención migratoria.
El segundo arresto ocurrió el domingo, cuando otro oficial respondió a un reporte de tráfico bloqueado por un motor caído en plena vía.
El conductor no portaba licencia de conducir y también admitió estar en el país de forma irregular. ICE intervino nuevamente y emitió una segunda orden de detención migratoria.
Ambos hombres enfrentaron cargos estatales por ingreso ilegal al estado, pero la fiscalía ya confirmó que esos cargos serán retirados. Sin embargo, seguirán enfrentando cargos por conducir sin licencia o con licencia vencida.
Una nota al pie del informe presentado este lunes sugiere que los dos arrestos fueron realizados por el mismo agente de policía.
La fiscalía local informó que notificará al Departamento de Policía de Bradenton para recordar a ese oficial la vigencia de la orden judicial que impide aplicar la ley estatal.
Los nuevos casos se suman a otros registrados en junio, julio y agosto en distintas zonas del estado, lo que evidencia una continuidad en la aplicación irregular de la norma suspendida.
En total, se han documentado al menos ocho arrestos bajo la ley anulada desde que comenzó el desacato.
Tras la orden inicial de la jueza Williams, Uthmeier instruyó a las fuerzas del orden a no aplicar la ley, aunque luego envió un segundo memorando en el que decía que la jueza “se había equivocado” y que él no podía impedir que los oficiales hicieran cumplir la norma por su cuenta.
Actualmente, el estado de Florida ha solicitado a un tribunal de apelaciones que anule o limite el alcance de la orden judicial.
Los abogados del estado argumentan que Florida tiene derecho a impedir la entrada o permanencia de personas no autorizadas, siempre que la definición de “inmigrante sin permiso legal” y lo que constituye “eludir inspección migratoria” sigan siendo decididos por la ley federal.
Mientras el caso se resuelve en tribunales, continúan los arrestos bajo una ley que, por orden judicial, no debería estar siendo aplicada.
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