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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha invertido más de 1.400 millones de dólares en contratos con empresas tecnológicas para fortalecer su capacidad de vigilancia, incluyendo sistemas de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y software para hackear teléfonos móviles.
De acuerdo con reportes oficiales y fuentes consultadas por NBC News y Telemundo, la agencia ha desplegado herramientas capaces de rastrear a individuos a través de dispositivos móviles y tabletas, así como analizar grandes volúmenes de datos en línea para identificar posibles objetivos de detención o investigación.
Entre las compañías contratadas figura BI2 Technology, especializada en escaneo biométrico. ICE le pagó 4,6 millones de dólares por tecnología capaz de escanear el iris de las personas a distancia y cruzar esa información con bases de datos nacionales e internacionales.
Otras empresas involucradas incluyen proveedores de software de análisis de redes sociales y herramientas de interceptación de comunicaciones como Palantir que, según fuentes internas, “amplían la capacidad de ICE para localizar y detener a personas sospechosas en tiempo real”.
La agencia ha justificado estas inversiones como parte de su estrategia para “proteger la seguridad nacional y combatir redes criminales transnacionales”. Sin embargo, los críticos alertan sobre el riesgo de abuso político y violaciones a la privacidad.
El abogado constitucionalista Joseph Malouf, analista de Telemundo, advirtió que esta expansión tecnológica podría derivar en persecuciones políticas sin control judicial.
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“Es muy peligroso tener tecnología en manos de un gobierno que no controla su autoridad ni límite de autoridad. El riesgo es que puedan investigar y perseguir enemigos políticos sin justificación legal”, afirmó Malouf.
De acuerdo con documentos filtrados a la prensa, funcionarios de ICE admitieron que algunas herramientas podrían usarse también para investigar a “personas y grupos contrarios a las políticas del Gobierno”, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
La preocupación crece entre organizaciones civiles, que temen que ICE esté excediendo su mandato migratorio y empleando su infraestructura de vigilancia para monitorear a activistas, periodistas y opositores políticos.
“Asumir que personas antifascistas o críticas del gobierno son terroristas es una violación directa de la Constitución”, advirtió Malouf.
En los últimos años, ICE ha sido criticada por su creciente dependencia de tecnologías de rastreo masivo, incluyendo cámaras inteligentes, bases de datos biométricas compartidas con el FBI y sistemas de monitoreo de redes sociales desarrollados por empresas privadas.
La entidad ya usa drones para monitorear protestas.
Grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch han pedido una moratoria sobre el uso de reconocimiento facial por parte de agencias federales, argumentando que la falta de transparencia y supervisión puede derivar en violaciones sistemáticas de derechos civiles.
“Estamos ante una forma de vigilancia sin precedentes. Si el Gobierno puede identificar, rastrear y escanear a las personas sin orden judicial, el concepto de privacidad desaparece”, afirmó un portavoz de la ACLU.
Por el momento, ICE no ha comentado públicamente los detalles de sus nuevos contratos tecnológicos ni aclarado si los sistemas se aplicarán únicamente a extranjeros sin estatus migratorio o también a ciudadanos estadounidenses.
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