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Un reciente comunicado de Palacio anunció con tono eufórico y positivo una “ofensiva por una capital mejor”, dirigida por el gobernante Miguel Díaz-Canel para mejorar los servicios básicos de La Habana.
Según el texto, el también primer secretario del Partido Comunista encabeza cada sábado reuniones junto a los principales dirigentes del Partido Comunista, en las que se analizan los avances en electricidad, abastecimiento de agua, recogida de desechos y mantenimiento urbano.
La nota redactada por la palaciega jefa de prensa, Leticia Martínez Hernández, presentó la iniciativa como una acción coordinada del Estado, el Partido, los organismos locales y “el pueblo habanero” para recuperar la imagen de la ciudad y elevar la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, el análisis del contenido y el tono del comunicado permite identificarlo no tanto como un informe de gestión, sino como un ejercicio propagandístico, coherente con la estrategia comunicacional que el régimen cubano ha mantenido por décadas: exaltar la figura del líder, desplazar responsabilidades hacia los niveles inferiores y proyectar una imagen de eficacia, incluso en medio del fracaso estructural.
Las cifras que se ofrecen en el texto parecen diseñadas para sostener esa narrativa más que para informar con transparencia. Se afirma que 32,484 personas han sido beneficiadas recientemente con el abasto de agua y que se han recogido 267,787 metros cúbicos de desechos sólidos en la capital.
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Sin embargo, la información carece de contexto: no se especifica en qué periodo se logró ese supuesto avance, cuál era la situación anterior ni cómo se mide la sostenibilidad de las acciones.
En el propio comunicado se reconoce que en varios municipios los ciclos de distribución de agua superan los diez días, una cifra que en cualquier ciudad sería un signo de crisis e intervención inmediata, cuyas soluciones demandaría la ciudadanía casi en pie de guerra.
En el apartado energético, el texto oficial habló de una “mejor planificación de los apagones”, pero evita ofrecer datos sobre la frecuencia, duración o impacto de las interrupciones en la vida cotidiana de los habaneros.
En semanas recientes, distintos reportes de la Unión Eléctrica y medios independientes han confirmado que persisten los cortes diarios, incluso en zonas céntricas, por déficit de generación y fallas en los transformadores.
La afirmación de que la planificación ha mejorado puede ser técnicamente cierta —los cortes quizá se anuncian con más orden—, pero eso no implica que el problema se haya resuelto. Al contrario, deja ver cuál es la percepción del gobierno cubano sobre su gestión: Díaz-Canel presenta como gestión eficaz una “mejoría en la planificación de los apagones”, como si el apagón bien planificado constituyera una solución a la crisis energética.
En ese sentido, el lenguaje del comunicado refuerza su carácter político. Se habla de “ofensiva”, de “chequeos”, de “rigurosidad” y “prioridad”, términos que reproducen el estilo militar con el que históricamente el Estado cubano ha intentado trasladar la idea de control y disciplina a la gestión civil.
El protagonismo de Díaz-Canel como figura central, acompañado por altos cuadros del Partido, responde a la lógica de los partes triunfalistas: el líder orienta, supervisa y exige resultados con autoridad y severidad, mientras los subordinados corrigen los errores.
Martínez Hernández articuló su mensaje en torno a la noción del esfuerzo colectivo y el seguimiento permanente del máximo dirigente, pero omitió un elemento esencial: los resultados concretos.
En ningún momento se abordó la falta de recursos, la obsolescencia de la infraestructura o la ineficiencia de las empresas estatales encargadas de los servicios. Tampoco se reconocieron las causas estructurales de los problemas, que van desde la centralización administrativa hasta la corrupción y el deterioro de la inversión pública.
En este contexto, el comunicado cumplió una función claramente política: gestionar la percepción de la crisis.
La “ofensiva” no es solo una operación material, sino un mecanismo discursivo para recuperar la iniciativa narrativa en un momento de profundo malestar ciudadano. La puesta en escena de reuniones, chequeos y orientaciones busca convencer a la población de que el Estado mantiene el control, aunque las condiciones de vida continúen empeorando.
No hay en el texto una rendición de cuentas real ni una descripción verificable de los hechos. Lo que se ofrece es una historia cuidadosamente construida para sostener la legitimidad del liderazgo y la idea de que la solución depende, una vez más, del trabajo, la disciplina y la fidelidad al Partido.
La conclusión que involuntariamente dejó Martínez Hernández es que el régimen cubano continúa utilizando los viejos mecanismos de su propaganda política para encubrir deficiencias estructurales.
En lugar de reconocer la magnitud de la crisis de servicios que atraviesa La Habana, el discurso oficial prefiere insistir en la retórica del esfuerzo y la supervisión. Pero el relato de la acción constante no sustituye los resultados: las calles siguen llenas de basura, los apagones persisten y el agua no llega con regularidad.
La “ofensiva” puede ser intensa en el plano mediático, pero en la realidad cotidiana de los habaneros, la capital sigue esperando mejoras que no llegan.
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