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Un ciudadano cubano deportado desde Estados Unidos a Esuatini, un pequeño reino del sur de África, se encuentra en huelga de hambre dentro de una prisión de máxima seguridad, luego de permanecer más de tres meses encarcelado sin cargos ni acceso a asistencia legal, denunció este miércoles su abogada en Estados Unidos.
Roberto Mosquera del Peral fue uno de los cinco hombres enviados a Esuatini a mediados de julio bajo el programa de deportaciones a terceros países implementado por la administración de Donald Trump.
El plan ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que acusan a Washington de violar el debido proceso y de exponer a los deportados a abusos y detenciones arbitrarias.
La abogada de Mosquera, Alma David, informó en un comunicado enviado a The Associated Press que su cliente lleva una semana en huelga de hambre y que su salud se deteriora rápidamente.
“Mi cliente está detenido arbitrariamente, y ahora su vida está en peligro”, declaró.
El comunicado insta “a los Servicios Penitenciarios de Esuatini a informar sobre su condición y a garantizar que reciba atención médica adecuada. Exijo, además, que el señor Mosquera pueda reunirse con su abogado”.
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Un portavoz del gobierno de Esuatini remitió las consultas de la prensa a las autoridades penitenciarias, que no respondieron de inmediato.
Mosquera fue deportado junto a otros hombres originarios de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen, había informado el diario español El País.
Aunque el ciudadano jamaicano fue repatriado el mes pasado, los demás permanecen detenidos desde hace más de tres meses en la prisión de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital, informó AP.
Un abogado local ha interpuesto una demanda ante los tribunales de Esuatini para exigir que los extranjeros tengan acceso a defensa legal, mientras que organizaciones civiles cuestionan la legalidad de su encarcelamiento.
El país africano, gobernado por una monarquía absoluta, ha sido señalado por organismos internacionales por reprimir libertades políticas y civiles.
Las autoridades locales aseguran que los hombres serán repatriados, pero no han ofrecido un calendario concreto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense afirmó que los deportados habían sido condenados por delitos graves —incluidos asesinato y violación— y describió a Mosquera como miembro de una pandilla.
No obstante, los abogados sostienen que los hombres ya cumplieron sus condenas en territorio estadounidense y que su detención actual carece de base legal.
El DHS ha defendido el programa de deportaciones a terceros países como una “herramienta efectiva” para expulsar a inmigrantes sin estatus legal, ofreciendo la opción de “auto-deportarse” o ser enviados a naciones que acepten recibirlos.
Según Human Rights Watch, Estados Unidos ha pagado millones de dólares a gobiernos africanos para aceptar deportados.
Documentos revisados por la organización indican que Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares a Esuatini para recibir hasta 160 personas, y 7,5 millones a Ruanda para aceptar hasta 250.
Desde julio, deportados han sido enviados también a Sudán del Sur, Ruanda y Ghana, en el marco de acuerdos en gran parte secretos.
Este mes, otros diez extranjeros —procedentes de Vietnam, Camboya, Filipinas, Cuba, Chad, Etiopía y Congo— fueron trasladados a Esuatini y permanecen en la misma prisión.
Los abogados de los detenidos denuncian que los hombres no han podido reunirse con representantes legales en Esuatini y que las llamadas telefónicas con sus abogados en EE.UU. son vigiladas por las autoridades del penal. Tampoco se conoce el estado actual de salud de los reclusos.
“El hecho de que mi cliente haya recurrido a una medida tan drástica demuestra la desesperación y el sufrimiento que viven”, afirmó la abogada Alma David.
“Los gobiernos de Estados Unidos y Esuatini deben asumir la responsabilidad por las consecuencias humanas de su acuerdo”, afirma.
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