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La hija del exministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, rompió su silencio en redes sociales para pedir que el juicio contra su padre se realice “a puertas abiertas”, en medio de las graves acusaciones de espionaje, malversación y otros delitos formuladas por la Fiscalía General de la República.
En su mensaje, Laura María Gil González invocó los artículos 54 y 48 de la Constitución de la República de Cuba, que reconocen los derechos a la libertad de expresión y a la defensa del honor, para expresar su “profunda consternación” por los hechos recientes y defender el derecho de su familia a pronunciarse.
“Si no me he pronunciado anteriormente, escribió, ha sido por mi compromiso, al igual que el resto de la familia, en proteger la imagen de nuestro país y evitar a toda costa un descontento popular o un conflicto internacional”.
La joven reclamó mayor transparencia y consideró que la nota oficial de la Fiscalía dejó “pequeños detalles sueltos que han fomentado la especulación popular”. En ese sentido, pidió que las autoridades ofrezcan una información “completa al pueblo”, en especial sobre el delito de espionaje que se imputa al exministro.
“El pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, señaló, al enumerar una serie de preguntas sobre los supuestos actos de espionaje y los países involucrados.
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En otro pasaje del comunicado, Gil González se sumó “a la solicitud popular de hacerle un juicio a puertas abiertas, donde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo por la televisión cubana y Cubavisión Internacional, con la participación de medios oficiales y no oficiales”. Afirmó además que su padre “también lo está exigiendo, no desde hoy sino desde el primer día”.
La publicación subraya que su mensaje “no es ofensivo ni destructivo”, y advierte que “cualquier represalia” contra ella o sus seres queridos sería “violatoria de sus derechos humanos de libertad de expresión y autodefensa”.
El pronunciamiento de Laura María se produce en medio del proceso judicial abierto contra el exministro, acusado de delitos graves como espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y otros.
Laura María, hasta hace un tiempo especialista del Departamento de Importaciones del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), solía compartir en sus redes momentos personales y laborales, pero su mensaje de este fin de semana marcó un giro inusual hacia la defensa pública de su padre, una figura caída en desgracia tras haber sido uno de los rostros más visibles de la política económica del gobierno cubano.
Mientras tanto, la hermana del exministro, la expresentadora televisiva María Victoria Gil confirmó, de acuerdo con el medio independiente 14yMedio, desde Canarias, que la petición fiscal contra Alejandro Gil es de “cadena perpetua”, según aseguró una fuente cercana a la investigación.
“Si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, no dudaré en desear que caiga sobre él todo el peso de la ley”, declaró en entrevista con el medio 14yMedio.
La mujer reconoció sentirse “dolida y avergonzada” y sostuvo que el delito de espionaje, incluido entre los cargos imputados, “se castiga con la pena de muerte”. Desde su residencia en España, afirmó desconocer la situación de su cuñada e hijos del exministro.
El pronunciamiento de ambas mujeres se produce en un contexto de fuerte exposición mediática del caso. Este sábado, dirigentes del Partido Comunista y organismos del Estado impulsaron en redes sociales la etiqueta #CeroImpunidad, con mensajes que respaldan la actuación de la Fiscalía y subrayan la “tolerancia cero” a la corrupción.
El caso de Alejandro Gil, que se remonta a su destitución en febrero de 2024 y posterior investigación penal, continúa ahora en fase judicial. La Fiscalía ha imputado al exministro por espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y sustracción de documentos oficiales, entre otros delitos.
Mientras el proceso avanza sin calendario conocido, la petición de la hija de Gil por un juicio público y las declaraciones de su hermana desde el exilio muestran las fracturas emocionales y políticas que acompañan uno de los casos más controvertidos de la élite cubana en los últimos años.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alejandro Gil Fernández
¿Por qué la hija de Alejandro Gil Fernández pide un juicio a puertas abiertas?
Laura María Gil González, hija del exministro cubano de Economía, solicita un juicio a puertas abiertas para su padre para promover la transparencia y aclarar las especulaciones del pueblo sobre las acusaciones de espionaje y otros delitos. Ella cree que un juicio público permitiría una información más completa al pueblo cubano y evitaría la especulación popular sobre el caso.
¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a Alejandro Gil Fernández?
La Fiscalía General de la República de Cuba ha imputado a Alejandro Gil Fernández por espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. Estos cargos reflejan una amplia gama de actividades ilícitas que se le atribuyen durante su gestión como ministro de Economía.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto al caso de Alejandro Gil?
El gobierno cubano, a través de la Fiscalía y otros organismos oficiales, ha adoptado una postura de "tolerancia cero" hacia la corrupción, en línea con su mandato constitucional. Han enfatizado la importancia de la transparencia y el debido proceso, aunque la falta de detalles sobre el caso ha generado escepticismo entre la población sobre la verdadera intención del régimen en la lucha anticorrupción.
¿Qué consecuencias enfrenta Alejandro Gil Fernández si se le encuentra culpable?
La hermana de Alejandro Gil ha señalado que la petición fiscal contra él es de cadena perpetua, y el delito de espionaje, uno de los cargos imputados, se castiga con la pena de muerte en Cuba. Las sanciones propuestas reflejan la gravedad de las acusaciones y la postura del gobierno de no tolerar actos de corrupción y traición.
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