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La expresentadora televisa María Victoria Gil, hermana del defenestrado Alejandro Gil, aseguró que la “petición fiscal” contra su hermano es de “cadena perpetua” según se lo garantizó una “fuente cercana a la investigación”
“Si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, no dudaré en desear que caiga sobre él todo el peso de la ley”, dijo la hermana del exministro de Economía, en declaraciones para el medio independiente 14yMedio.
María Victoria, quien reside en Canarias y se ha mantenido opinando sobre la destitución y encarcelamiento de su hermano dijo sentirse “dolida y avergonzada”
“Pienso en mis padres que, dondequiera que estén, estarán cubiertos de vergüenza. La formación que nos dieron a ambos hermanos fue basada en la honestidad y la justicia”, comentó.
La mujer considera “excepcional la suma de delitos imputados”, entre ellos el de espionaje, “que se castiga con la pena de muerte”.
14yMedio preguntó a María Victoria sobre el resto de los imputados, pero Vicky Gil afirma no saber nada más que la “transmisión de anoche en el Estelar de la Televisión Cubana”.
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Asimismo, dijo no tener noticias de la situación de su cuñada, Gina María González, y de sus sobrinos: “Desconozco la situación porque los tengo bloqueados”.
Este sábado, dirigentes del Partido Comunista de Cuba y entidades gubernamentales activaron en redes sociales la etiqueta #CeroImpunidad para posicionar un mensaje de “tolerancia cero” a la corrupción, tras la imputación de la Fiscalía General contra Alejandro Gil Fernández, ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación.
Entre los pronunciamientos más visibles, Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara, respaldó la actuación de la Fiscalía “fiel a los principios de la Revolución” y remarcó la consigna #CeroImpunidad.
En términos casi idénticos se expresaron Deivy Pérez Martín (Primera Secretaria del PCC de Sancti Spíritus), Marisol Fuentes Ferrer (miembro del Buró Provincial del PCC en Mayabeque), Isael Rodríguez (miembro del Buró Provincial del PCC en Villa Clara) y Ariday Anaya (Departamento Ideológico del PCC en Mayabeque).
Los funcionarios del régimen subrayaron que la dirección del Partido y el Gobierno “nunca ha permitido, ni permitirá jamás, la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.
Por su parte, la entidad de la que era titular Gil replicó el tono de los mensajes y añadió: "El enfrentamiento, transparencia y tolerancia cero a este tipo de manifestaciones que afectan a nuestro pueblo será siempre resuelto y contundente".
También el Ministerio de Finanzas y Precios se hizo eco de la postura oficial e insistió en el “enfrentamiento” a manifestaciones que afectan al pueblo.
El telón de fondo de estos mensajes es la nota informativa de la Fiscalía, fechada 31 de octubre de 2025, que asegura haber controlado la pesquisa “conforme al Artículo 156 de la Constitución” y haber garantizado el debido proceso durante las diligencias realizadas por los órganos del Ministerio del Interior.
Concluida la investigación, el caso pasó a sede judicial, sin que se adelanten calendarios o detalles del trámite posterior.
La acusación abarca un catálogo amplio de delitos: espionaje; actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; malversación; cohecho; falsificación de documentos públicos; evasión fiscal; tráfico de influencias; lavado de activos; infracción de normas de protección de documentos clasificados; y sustracción y daño de documentos u objetos en custodia oficial.
La Fiscalía enfatizó que actúa “en representación del Estado”, en línea con su mandato constitucional, y pidió penas de prisión “en correspondencia con los hechos cometidos”.
El protagonismo digital de la campaña #CeroImpunidad ocurre mientras el país lidia con las secuelas del huracán Melissa, un contexto que aporta carga política al encuadre oficial del caso y a la insistencia en mostrar disciplina institucional frente a hechos de corrupción.
La coordinación de mensajes desde cuadros provinciales y organismos centrales busca transmitir unidad de criterio y contundencia antes de que el proceso llegue a la etapa de juicio.
El caso Gil se remonta a marzo de 2024, cuando se informó la apertura de un expediente en Fiscalía por “graves errores” tras su destitución un mes antes.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alejandro Gil y la campaña anticorrupción en Cuba
¿Cuál es la acusación principal que enfrenta Alejandro Gil?
La acusación principal que enfrenta Alejandro Gil es por espionaje, junto a otros delitos, como malversación, cohecho, lavado de activos y evasión fiscal. Estos cargos han sido formulados en el contexto de una investigación que abarca un amplio catálogo de delitos económicos y de seguridad nacional.
¿Qué significa la campaña #CeroImpunidad en Cuba?
La campaña #CeroImpunidad es un esfuerzo del gobierno cubano para mostrar tolerancia cero hacia la corrupción. Ha sido activada por dirigentes del Partido Comunista de Cuba tras la imputación de Alejandro Gil y otros funcionarios, con el objetivo de subrayar la disciplina institucional y la transparencia en el manejo de los casos de corrupción en el país.
¿Cómo ha reaccionado el público ante las imputaciones contra Alejandro Gil?
La reacción del público ha sido mixta, con críticas significativas de figuras públicas y la sociedad civil. La periodista Ana Teresa Badía y el actor Luis Alberto García han expresado sus dudas sobre la transparencia del proceso y han cuestionado cómo se supervisaba a Gil en su cargo. El caso ha generado escepticismo sobre la verdadera lucha contra la corrupción dentro del régimen cubano.
¿Cuál es el contexto político detrás del caso Alejandro Gil?
El caso de Alejandro Gil surge en un contexto de crisis económica y descontento social en Cuba, con escasez de alimentos, apagones y deterioro de servicios. La imputación de Gil coincide con el uso de la campaña #CeroImpunidad para desviar la atención de estos problemas, mostrando una imagen de lucha contra la corrupción mientras se gestiona el malestar público.
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