Investigación revela que la patrulla fronteriza de EE.UU. vigila a millones de conductores sin que lo sepan

Una investigación periodística reveló que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mantiene un programa secreto de vigilancia masiva que permite seguir los movimientos de millones de conductores a lo largo del país mediante cámaras ocultas, lectores de matrículas y algoritmos de inteligencia artificial, una herramienta que bien puede ser empleada para el control migratorio,

El sistema, diseñado originalmente para combatir el tráfico ilegal en la frontera, se ha expandido hasta las grandes ciudades, donde monitorea desplazamientos rutinarios de ciudadanos comunes.

La investigación fue revelada por Associated Press (AP), que detalló que la agencia recopila datos a través de una red de lectores de matrículas instalados en carreteras, postes y equipos de seguridad vial.

Estos dispositivos capturan información de los vehículos y la procesan mediante un algoritmo que determina cuáles resultan “sospechosos” en función de sus rutas, destinos o duración del trayecto.

Con esos datos, agentes federales pueden solicitar a la policía local que detenga los vehículos señalados, muchas veces sin que los conductores sepan que están siendo vigilados.

El sistema, conocido internamente como Conveyance Monitoring and Predictive Recognition System (CMPRS), nació hace más de una década con el propósito de reforzar el control fronterizo.

Sin embargo, en los últimos años ha evolucionado hacia un modelo de vigilancia predictiva, en el que se registran patrones de movimiento y se analizan trayectorias para anticipar posibles delitos.

Las cámaras, algunas camufladas en conos o barriles de seguridad, permiten a los agentes rastrear vehículos incluso a más de 150 kilómetros de la frontera.

Exfuncionarios entrevistados por AP aseguraron que el programa ha operado con un alto nivel de secretismo.

En algunos casos, el gobierno habría preferido retirar cargos judiciales antes que revelar la ubicación de sus equipos de vigilancia.

Además, la Patrulla Fronteriza tiene acceso a bases de datos nacionales administradas por la Agencia Antidrogas (DEA) y empresas privadas, lo que amplía su capacidad para rastrear vehículos en todo el país.

Aunque la agencia ha defendido que su programa cumple con la ley y se centra en “interrumpir redes criminales”, expertos legales y organizaciones civiles advierten que esta práctica podría violar derechos constitucionales, especialmente el derecho a la privacidad y la protección contra registros irrazonables, recalcó AP.

“Se están recopilando enormes cantidades de información sobre personas inocentes, sus movimientos y sus relaciones”, señaló a la agencia de prensa Nicole Ozer, del Centro para la Democracia Constitucional de la Universidad de California.

El informe también indica que, bajo la administración de Donald Trump, la agencia ha recibido más de 2,700 millones de dólares para ampliar su infraestructura tecnológica, incluyendo drones, cámaras térmicas y sistemas de inteligencia artificial.

Con ese apoyo, la Patrulla Fronteriza ha extendido su alcance más allá de las zonas limítrofes, transformándose en una red de vigilancia nacional con capacidad para seguir a ciudadanos dentro del territorio estadounidense.

La revelación ha reavivado el debate sobre los límites del poder federal y el uso de tecnologías de monitoreo masivo en nombre de la seguridad nacional.

Mientras tanto, millones de conductores en Estados Unidos podrían estar siendo observados sin saberlo cada vez que salen a la carretera.

El uso de la tecnología por parte de agencias federales en Estados Unidos ha escalado a niveles sin precedentes.

Recientemente se reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) invirtió 1.400 millones de dólares en vigilancia digital y tecnología de reconocimiento facial, recursos que amplían su capacidad para localizar y detener a inmigrantes en todo el país.

Paralelamente, nuevas políticas han permitido que ICE monitoree redes sociales las 24 horas, elevando las alarmas sobre la vigilancia masiva en entornos digitales.

Empresas como Apple y Google también han sido señaladas por su rol en estos procesos tras conocerse que cedieron a la presión de ICE para compartir información de usuarios, generando preocupación entre defensores de la privacidad.

La expansión del control va más allá de lo digital. El gobierno ha instalado controles biométricos en aeropuertos estadounidenses, una medida que permite identificar pasajeros mediante escaneo facial, sin necesidad de documentos físicos.

Estas acciones forman parte de un marco político más amplio impulsado por la administración Trump, que con su proyecto de ley “grande y hermoso” destinó miles de millones para fortalecer el control fronterizo mediante infraestructura tecnológica.

La vigilancia incluso se extiende al espacio aéreo civil. Una legislación en Florida plantea permitir que ciudadanos usen fuerza razonable contra drones intrusos, en respuesta al creciente número de dispositivos no tripulados utilizados para labores de monitoreo desde el sector público y privado.