El gobierno de Javier Milei exigió este lunes una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el agravamiento de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y reclamó que se emitan y ejecuten órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, principales jefes del régimen chavista.
La intervención argentina, realizada por su embajador ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte en La Haya, coincidió con la creciente tensión militar en el Caribe tras la orden de cierre aéreo decretada por Donald Trump y la movilización de fuerzas estadounidenses hacia la región.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, declaró Sadofschi, en un discurso que rompió el tono diplomático habitual de la conferencia.
Un giro hemisférico en la presión sobre Venezuela
Argentina se disoció del consenso general de la asamblea y criticó duramente la falta de avances en el proceso iniciado por la Fiscalía de la CPI en 2021. El diplomático subrayó que, desde las “elecciones fraudulentas de julio de 2024”, la situación se ha deteriorado “de manera dramática”, con nuevas oleadas de represión, desapariciones y persecución política.
La postura de Buenos Aires fue respaldada por varios países miembros de la Corte que consideran que la inacción internacional ha favorecido la impunidad del chavismo. El reclamo de Milei busca reimpulsar la causa venezolana en el sistema judicial internacional en un momento en que el régimen enfrenta presiones simultáneas de EE. UU. y sus aliados en la región.
Caracas reacciona con virulencia
El representante venezolano ante La Haya, Héctor Constant Rosales, respondió acusando al gobierno argentino de “politizar” la conferencia y lo calificó como “un falso defensor de derechos humanos”, según EFE.
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Sadofschi replicó con firmeza, exigiendo que constara en actas la disociación de Argentina respecto de cualquier resolución que relativice los crímenes cometidos en Venezuela.
La CPI anunció además el cierre de su oficina en Caracas por “falta de progreso real” en la cooperación del régimen, una decisión que acentúa el aislamiento internacional de Maduro.
La ofensiva diplomática argentina se produce en paralelo a los movimientos de Washington, que ha intensificado su operación militar “Lanza del Sur” en el Caribe.
Todo apunta a que diciembre podría marcar un punto de inflexión regional: el fin de la complacencia con el chavismo y el inicio de una nueva fase de confrontación política, judicial y estratégica en el hemisferio.
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