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Faustino Pablo Pablo, un inmigrante guatemalteco que contaba con un amparo judicial que prohibía su expulsión, fue deportado por error por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria en Nueva Orleans.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció ante una corte federal de Texas que la remoción fue “ilegal” y se comprometió a facilitar su retorno a Estados Unidos antes del 12 de diciembre.
El caso, revelado por la agencia EFE, ha puesto en evidencia fallos graves en los procedimientos de deportación de la administración del presidente Donald Trump, que mantiene una política migratoria firme pero bajo observación judicial constante.
Según los documentos judiciales, Pablo Pablo había ingresado al país en 2012 en busca de asilo, huyendo de la violencia en Guatemala.
Años después obtuvo una medida de “prohibición de remoción”, una figura que impide su deportación al país donde podría enfrentar tortura o persecución.
Pese a ello, fue detenido por ICE en noviembre y deportado en un vuelo directo a la capital guatemalteca.
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En la resolución, el juez David Guaderrama determinó que la deportación fue “ilegal” y subrayó que el migrante enfrenta un “riesgo claro y grave de sufrir daños irreparables” si permanece en Guatemala.
La corte ordenó al Gobierno estadounidense coordinar su retorno inmediato y entregar informes diarios sobre el avance del proceso.
Durante la audiencia del 3 de diciembre, los abogados del Gobierno admitieron que la remoción se realizó de manera indebida.
“Pablo Pablo estaba sujeto a una orden de suspensión de remoción a Guatemala al momento de su deportación, y por lo tanto la remoción física fue ilegal”, reconocieron los representantes federales ante el tribunal.
El juez instruyó además al DHS y al ICE a notificar la decisión a todos los agentes implicados y a cooperar con la defensa del migrante para localizarlo y facilitar su regreso a territorio estadounidense.
Según los registros judiciales, se ha “programado tentativamente” un vuelo para su retorno, aunque hasta el momento no se ha concretado.
El caso de Faustino Pablo Pablo no es un hecho aislado. En marzo pasado, Kilmar Abrego García fue deportado a El Salvador pese a contar con una orden vigente de protección, y un tribunal federal ordenó su regreso.
De forma similar, Jordin Melgar-Salmeron fue removido tras obtener una suspensión de deportación, obligando al Gobierno a gestionar su retorno.
La situación ha generado preocupación entre abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el aumento de deportaciones “erróneas” y el riesgo que enfrentan cientos de migrantes amparados por órdenes judiciales de protección.
“Él es una persona trabajadora”, dijeron las hijas de Pablo Pablo desde Nueva Orleans a Telemundo, mientras esperan que su padre pueda regresar a Estados Unidos para reunirse nuevamente con su familia.
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