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Una adolescente de 17 años fue asesinada a puñaladas por su novio el pasado 5 de diciembre, en su propia vivienda, ubicada en el asentamiento rural de Finca Alcancía, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas.
La víctima, Heidi García Orosco, era estudiante de bachillerato y vestía aún el uniforme escolar del Instituto Preuniversitario Urbano Pedro Pablo Rivera Cué cuando fue atacada, según confirmaron organizaciones feministas cubanas.
El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), que verificaron el caso, lamentaron el hecho y destacaron la gravedad de que se trate de una menor de edad.
“Denunciamos y focalizamos este caso dado que Heidi era menor de edad, una triste realidad que se repite cada año de víctimas en edades de la infancia”, señaló OGAT a través de sus redes.
Asesinada en su casa, a plena luz del día
De acuerdo con los reportes, el feminicidio ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde, cuando Heidi fue agredida dentro de su hogar, presuntamente por su novio, en un acto de violencia que evidencia nuevamente cómo el espacio doméstico se ha convertido en un entorno letal para muchas mujeres cubanas.
Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero fue encontrado por su propio padre, quien lo entregó a las autoridades policiales horas más tarde.
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La citada fuente precisó que la comunidad se encuentra consternada por el crimen.
“La comunidad y la familia, especialmente su madre, se encuentran profundamente afectadas por la pérdida de una adolescente que era muy querida en su entorno”, aseguró Ileana Álvarez, directora del OGAT.
Un patrón de feminicidio íntimo y estructural
El asesinato de Heidi no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón cada vez más alarmante de violencia feminicida en Cuba.
El último informe del OGAT revela que en 2024 el 76,8% de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años; mientras que 17 de los 56 casos verificados ocurrieron en la franja de edad de 15 a 30 años.
“El hogar continúa siendo el entorno más peligroso para muchas mujeres. El asesinato de Heidi García Orosco reproduce este patrón de feminicidio íntimo en el hogar sobre mujeres jóvenes en un contexto de desprotección estructural”, advirtió Álvarez.
De hecho, el 55,4% de los feminicidios registrados en 2024 ocurrieron en viviendas de la víctima o compartidas con el agresor, un dato que se repite en el caso de Heidi.
Este feminicidio fue el número 43 registrado en Cuba en 2025, según el registro conjunto del OGAT y YSTCC.
Hasta el 8 de diciembre, ambas organizaciones han documentado, además, 11 intentos de feminicidio, 1 asesinato de hombre por motivos de género, y tres casos en proceso de investigación. Ellos son los de Hilda Puig Peña, Nieves Rosa Castrillo Núñez y Fredesvinda Zaida Pérez Poey.
Actualmente, se investigan nuevos hechos violentos con características de feminicidio en Santiago de Cuba (1), Camagüey (2), Artemisa (2), Villa Clara (1) y Granma (1).
Falta de protección y crisis moral en la juventud
Además de los patrones estructurales, el caso también expone un fenómeno social más amplio que especialistas vinculan con la crisis de valores en la juventud cubana, la proliferación de indisciplinas sociales, el consumo de drogas y la ausencia de expectativas de futuro, que derivan en comportamientos cada vez más violentos.
Para los observatorios, el crimen de Heidi se suma a una lista dolorosa de vidas truncadas que exige respuestas urgentes del Estado.
“Estos hechos fueron publicados por medios de prensa, ciudadanía y activistas, y verificados con fuentes comunitarias por el esfuerzo conjunto de OGAT y YSTCC”, señalaron desde Alas Tensas, reiterando su compromiso con el monitoreo ciudadano de la violencia de género.
La organización feminista concluyó su denuncia con un llamado claro: “¡Ciudadanía, denunciar estos crímenes no es delito!”.
Frente a la falta de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, plataformas como OGAT y YSTCC insisten en la necesidad de visibilizar estos casos, romper el silencio y generar presión social e institucional para que se implementen políticas públicas efectivas de prevención, atención y justicia.
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