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El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba notificó este lunes las sentencias contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, quien enfrentó dos procesos penales separados por “delitos considerados de extrema gravedad” y fue condenado a cadena perpetua.
Las sentencias emitidas detallan un amplio abanico de delitos, varios de ellos de carácter continuado y con impacto directo en la seguridad del Estado, la economía nacional y la gestión pública.
Las vistas orales se desarrollaron entre el 11 y 13 de noviembre de 2025 y del 26 al 29 del mismo mes. A partir de las citadas calificaciones, el defenestrado dirigente, antiguo hombre de poder dentro del régimen comunista de La Habana, recibió una sanción de privación perpetua de libertad en una causa, y 20 años de cárcel en la segunda, además de sanciones accesorias.
Primer proceso: espionaje, cohecho y manipulación de documentos oficiales
En la primera causa penal, el Tribunal declaró a Gil Fernández responsable de los siguientes delitos:
Espionaje
Actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación
Cohecho
Sustracción y daño de documentos u objetos bajo custodia oficial
Violación de sellos oficiales (delito continuado)
Infracción de normas de protección de documentos clasificados (delito continuado)
Por la gravedad acumulada de estos delitos, y en especial por el componente de espionaje y el manejo de información clasificada, el Tribunal impuso una sanción conjunta de privación perpetua de libertad.
Segundo proceso: falsificación, tráfico de influencias y evasión fiscal
En un (segundo) expediente separado, Gil fue declarado culpable de:
Cohecho continuado, empleado como medio para
Falsificación de documentos públicos
Tráfico de influencias (continuado)
Evasión fiscal (continuado)
Por esta segunda causa, el Tribunal dictó una sanción conjunta de 20 años de privación de libertad.
Sanciones accesorias: confiscaciones y prohibiciones
En ambos procesos, al acusado se le impusieron sanciones adicionales, entre ellas:
Confiscación de bienes
Prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos humanos, materiales o financieros
Privación de derechos públicos, entre otras medidas establecidas por la ley
El TSP indicó que estas decisiones se sustentan en los artículos 147 de la Constitución y 71.1 y 29 del Código Penal, al evaluar “la lesividad social” de los hechos.
El fallo: traición, corrupción y manejo ilegal de información sensible
Según la nota oficial, Gil se aprovechó de las facultades de su cargo para obtener beneficios personales, recibir dinero de firmas extranjeras y sobornar a otros funcionarios con el fin de legalizar adquisiciones de bienes.
Además, incumplió protocolos de manejo de información clasificada, la sustrajo y la dañó, y finalmente la puso a disposición de “servicios enemigos”, lo que el Tribunal enmarcó dentro de una conducta de espionaje y traición.
El TSP afirmó que estos comportamientos representan una “degradación ética, moral y política”, y recordó que el Artículo 4 de la Constitución establece que la traición a la patria es el crimen más grave, sujeto a las sanciones más severas. También señaló que los hechos vulneran la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Cuba es signataria.
Derechos procesales y apelaciones
El acusado y la Fiscalía disponen de diez días para interponer los recursos establecidos por la ley. Incluso si no se presenta recurso contra la sentencia de cadena perpetua, el Tribunal está obligado por ley a revisar de oficio esa sanción.
Una vez concluidos los recursos, y de ratificarse la culpabilidad, se formará una sanción única conforme al Artículo 86 del Código Penal vigente.
El comunicado concluye señalando que, durante toda la tramitación, tanto el acusado como sus abogados reconocieron el cumplimiento de las garantías procesales previstas en la Constitución y en la Ley del Proceso Penal.
Gil Fernández, que fue una de las figuras más visibles del gabinete de Miguel Díaz-Canel, había caído en desgracia a inicios de 2024, cuando fue destituido sin explicaciones.
Su proceso se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, recordando los juicios políticos de la era soviética, donde la “traición” servía de pretexto para castigar el colapso del sistema.
Preguntas frecuentes sobre la condena de Alejandro Gil Fernández en Cuba
¿Por qué fue condenado Alejandro Gil Fernández a cadena perpetua en Cuba?
Alejandro Gil Fernández fue condenado a cadena perpetua por delitos de espionaje, corrupción y cohecho. El Tribunal Supremo Popular de Cuba lo encontró culpable de varios delitos, incluyendo espionaje, cohecho y manipulación de documentos oficiales, entre otros. La gravedad de estos delitos, especialmente el espionaje y el manejo de información clasificada, condujo a la sentencia de cadena perpetua.
¿Cuáles fueron los delitos específicos por los que se condenó a Alejandro Gil?
Los delitos específicos por los que se condenó a Alejandro Gil incluyen espionaje, cohecho, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. En el primer proceso, se le acusó de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, y sustracción y daño de documentos oficiales. En el segundo proceso, se le acusó de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.
¿Qué sanciones accesorias recibió Alejandro Gil Fernández además de la cadena perpetua?
Alejandro Gil Fernández recibió sanciones accesorias como la confiscación de bienes y la prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos humanos, materiales o financieros. Estas medidas se suman a la privación de derechos públicos, entre otras acciones establecidas por la ley, como parte de las condenas en ambos procesos judiciales.
¿Cómo afecta el caso de Alejandro Gil la percepción del gobierno cubano?
El caso de Alejandro Gil Fernández afecta la percepción del gobierno cubano al resaltar las fracturas internas y la falta de transparencia en el aparato judicial. Este juicio, con acusaciones de espionaje y corrupción, evidencia las tensiones dentro del régimen y ha sido interpretado como un intento del gobierno de mostrar "tolerancia cero" ante la corrupción, en medio de una profunda crisis económica y social en la isla.
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