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Un juez federal de Estados Unidos reactivó la investigación por desacato penal contra funcionarios del Gobierno de Donald Trump, tras nuevas dudas sobre la legalidad de varios vuelos de deportación hacia El Salvador realizados en marzo, pese a órdenes judiciales que exigían detenerlos.
La decisión se produjo después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreciera una declaración jurada la semana pasada sobre por qué permitió que los migrantes fueran deportados al país centroamericano.
Sin embargo, el juez de distrito James Boasberg dijo que Noem proporcionó poca información sobre el asunto.
Según reporta CNN, Boasberg, quien ya había determinado en abril que existía "causa probable" para encontrar al Gobierno en desacato, ordenó ahora que dos abogados vinculados al caso testifiquen en persona.
El primero es Drew Ensign, alto abogado del Departamento de Justicia (DOJ) que participó en los procedimientos relacionados con los vuelos del 15 de marzo. El propio departamento admite que él transmitió las órdenes de Boasberg ese día a las direcciones del Departamento de Seguridad Nacional y del DOJ.
El segundo es Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia que denunció este año que un ex alto funcionario del organismo afirmó que el Gobierno tenía la intención de ignorar las órdenes judiciales como parte de la política de deportaciones de Trump.
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El juez Boasberg explicó que la falta de detalles en la declaración jurada de Kristi Noem impedía determinar si su actuación constituyó una violación deliberada de su orden.
Por ello, aseguró que el testimonio directo de los involucrados era necesario para esclarecer lo ocurrido a mediados de marzo, cuando vuelos con migrantes fueron enviados a El Salvador, pese a que él había ordenado que regresaran mientras se evaluaba una impugnación sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por la administración Trump.
Los migrantes deportados fueron retenidos durante meses en una mega-prisión salvadoreña, conocida por sus duras condiciones, antes de ser liberados este verano como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
El proceso judicial fue suspendido en el verano, pero en noviembre la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington permitió su reanudación.
Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama, expresó entonces su intención de avanzar rápidamente: "Sin duda, tengo la intención de averiguar qué pasó ese día… la justicia requiere que actúe con prontitud".
Desde la representación legal de los migrantes, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, afirmó que la evidencia existente apunta a que el Gobierno "violó deliberadamente" la orden del tribunal.
"Las apuestas no podrían ser mayores si altos funcionarios de Estados Unidos decidieron desafiar a un tribunal federal, especialmente cuando la consecuencia fue enviar personas a la tortura en una prisión salvadoreña horrible sin ningún debido proceso", recalcó.
Con los nuevos testimonios convocados para la próxima semana, la investigación de Boasberg entra en una fase clave para determinar quién autorizó y ejecutó las deportaciones que el juez había prohibido de forma explícita.
Preguntas Frecuentes sobre la Investigación de Deportaciones Ilegales durante el Gobierno de Trump
¿Por qué se reabrió la investigación contra funcionarios del gobierno de Trump?
La investigación se reabrió debido a nuevas dudas sobre la legalidad de los vuelos de deportación a El Salvador realizados en marzo, los cuales se llevaron a cabo a pesar de las órdenes judiciales que exigían su detención. El juez federal James Boasberg busca esclarecer si hubo un desacato deliberado a la orden judicial.
¿Qué papel desempeñan los abogados Drew Ensign y Erez Reuveni en el caso?
Drew Ensign, alto abogado del Departamento de Justicia, y Erez Reuveni, exabogado del mismo departamento, han sido llamados a testificar porque Ensign transmitió órdenes del juez Boasberg sobre los vuelos de deportación y Reuveni denunció que un alto funcionario tenía intención de ignorar órdenes judiciales. Sus testimonios son clave para determinar la responsabilidad en las deportaciones ilegales.
¿Cuál es la posición de la ACLU respecto a estas deportaciones?
La ACLU sostiene que el gobierno de Trump violó deliberadamente la orden del tribunal, enviando a personas a una prisión en El Salvador sin debido proceso. El abogado Lee Gelernt destaca que desafiar una orden judicial y enviar personas a condiciones de tortura es inaceptable.
¿Qué implicaciones tiene la reapertura de esta investigación para el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos?
La reapertura de la investigación subraya la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en temas de política migratoria. Mientras que un tribunal de apelaciones previamente anuló un fallo de desacato contra el gobierno de Trump, la decisión de Boasberg de avanzar con la investigación resalta el debate sobre los límites de autoridad y el cumplimiento de las órdenes judiciales en el contexto de la política exterior y migratoria.
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