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El presidente Donald Trump firmó este 11 de diciembre una orden ejecutiva centrada en la regulación de la inteligencia artificial (IA) que ha generado intensas reacciones políticas y jurídicas en todo Estados Unidos.
El documento, cuya publicación coincidió con una ceremonia en la Oficina Oval, limita la capacidad de los estados para establecer sus propias normativas sobre IA, buscando un enfoque federal único que, según la administración Trump, garantice el liderazgo global del país en esta tecnología.
La Casa Blanca presentó el texto como un esfuerzo por “sostener y mejorar el dominio global de la IA de Estados Unidos a través de un marco de política nacional mínimamente oneroso para la IA”.
Según Trump, la fragmentación normativa entre estados supone un obstáculo para el desarrollo empresarial y tecnológico.
“Si tuvieran que obtener 50 aprobaciones diferentes de 50 estados diferentes, podrían olvidarlo”, advirtió durante el acto de firma.
El debate sobre la inteligencia artificial se ha convertido en un eje clave del discurso político estadounidense, especialmente en el contexto de competencia con China.
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Durante la ceremonia, el senador Ted Cruz subrayó: “Es una carrera, y si China gana, gane quien gane, los valores de ese país afectarán a toda la IA”.
“Queremos los valores estadounidenses de libertad de expresión, de libertad individual y de respeto al individuo”, añadió.
Grupo de trabajo y presión sobre los estados
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a actuar de forma activa contra normativas estatales que entren en conflicto con esta visión.
La Fiscal General Pam Bondi tendrá 30 días para constituir un “Grupo de Trabajo sobre Litigios de IA”, cuya única misión será desafiar legalmente las leyes estatales que restrinjan el despliegue de esta tecnología.
Al mismo tiempo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, deberá identificar qué leyes estatales “obligan a los modelos de IA a modificar sus resultados veraces”, en un claro guiño a las preocupaciones expresadas anteriormente por el presidente respecto a lo que él denomina “IA consciente” o sesgada ideológicamente.
Las jurisdicciones con regulaciones consideradas “onerosas” podrían ser presionadas a firmar acuerdos de no aplicación de sus propias leyes si desean acceder a fondos federales discrecionales.
Rumbo hacia un estándar federal único
El decreto también ordena al zar de IA de la Casa Blanca, David Sacks, y al director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, Michael Kratsios, a formular recomendaciones para una ley federal que pueda reemplazar de manera definitiva las normativas estatales.
Sin embargo, el texto aclara que algunas áreas sensibles como la protección infantil, la seguridad en centros de datos o la adquisición pública de sistemas de IA quedarán, por ahora, fuera de esta armonización normativa.
“Tenemos 50 estados corriendo en 50 direcciones diferentes. Simplemente no tiene sentido”, afirmó Sacks, quien defendió la medida con contundencia.
“Estamos creando un mosaico confuso de regulaciones, y lo que necesitamos es un estándar federal único, y eso es lo que dice la Orden Ejecutiva”, añadió.
Intentos legislativos previos y críticas al decreto
La orden ejecutiva surge tras varios fracasos legislativos para centralizar la regulación de la IA.
En noviembre y julio de este mismo año, intentos en el Congreso para incluir una cláusula que otorgara al gobierno federal exclusividad sobre la legislación en IA no prosperaron.
Uno de estos intentos se dio dentro del debate sobre la Ley de Autorización de Defensa Nacional, pero generó tantas críticas que la cláusula fue eliminada.
Diversos actores políticos y expertos ven esta orden ejecutiva como un intento de bloquear toda regulación significativa, especialmente a nivel estatal, mientras el Congreso sigue sin avanzar en una ley nacional de consenso.
Brad Carson, director del grupo bipartidista Americans for Responsible Innovation y excongresista, fue tajante.
“Las grandes tecnológicas han fracasado dos veces en su intento de incluir en la legislación una amnistía para la IA”, declaró; y añadió que la orden ejecutiva firmada este jueves pronto será bloqueada en los tribunales.
Desde la izquierda, el senador demócrata Ed Markey consideró el decreto como “Un regalo de Navidad adelantado para sus colegas multimillonarios y directores ejecutivos”.
Un campo regulatorio en disputa
La regulación de la IA en EE. UU. se enfrenta a una encrucijada jurídica, tecnológica y política.
Por un lado, la innovación avanza rápidamente, alimentando preocupaciones sobre impactos sociales, ambientales y éticos.
Por otro, los estados intentan legislar ante la inacción del Congreso federal, mientras que la administración Trump propone ahora una respuesta ejecutiva centralizada.
Expertos legales como Mackenzie Arnold, del Instituto de Derecho e IA, advierten sobre los peligros de esta lógica federalista extrema:
“Con esa misma lógica, los estados no podrían aprobar leyes de seguridad de productos, que casi todas afectan a empresas de otros estados que venden sus productos a nivel nacional. Pero esas leyes son el ejemplo clásico de legislación estatal aceptable”.
El decreto firmado por Trump representa un punto de inflexión en la política tecnológica de Estados Unidos.
Bajo la bandera del liderazgo global y la simplificación normativa, el documento reconfigura la relación entre estados y federación, y aviva el debate sobre los límites de la intervención estatal en una era marcada por la automatización y la inteligencia artificial.
Sin una ley federal clara y con las tensiones crecientes entre innovación y regulación, el futuro de la IA en EE. UU. se juega tanto en los tribunales como en el terreno político, donde la batalla por definir los valores que deben regir esta tecnología apenas comienza.
Preguntas frecuentes sobre la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos bajo el mandato de Trump
¿Qué busca la nueva orden ejecutiva de Trump sobre inteligencia artificial?
La nueva orden ejecutiva busca centralizar la regulación de la inteligencia artificial en un estándar federal único, limitando la capacidad de los estados para establecer normativas propias sobre esta tecnología. La administración Trump argumenta que un enfoque fragmentado entre los estados obstaculiza el desarrollo empresarial y tecnológico del país.
¿Cómo afecta esta orden ejecutiva a las leyes estatales sobre inteligencia artificial?
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a desafiar legalmente las leyes estatales que restrinjan el despliegue de la inteligencia artificial, promoviendo acuerdos de no aplicación para que los estados accedan a fondos federales. Las regulaciones estatales consideradas "onerosas" podrían ser presionadas para alinearse con el estándar federal.
¿Cuáles son las áreas que quedan fuera del estándar federal único de inteligencia artificial?
El decreto aclara que algunas áreas sensibles como la protección infantil, la seguridad en centros de datos y la adquisición pública de sistemas de inteligencia artificial quedarán, por ahora, fuera de la armonización normativa. Esto significa que estas áreas seguirán bajo la regulación estatal en lugar de unificarse bajo el estándar federal.
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