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El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) sesiona este sábado en medio de una crisis económica sin precedentes, un creciente malestar social y un proceso político marcado por el secretismo, la simulación y la propaganda.
Lejos de ser un espacio real de deliberación o autocrítica, este pleno —reducido a una videoconferencia de un solo día— se ha convertido en una maniobra de control político y comunicacional, diseñada para mantener la fachada de unidad en torno al régimen mientras en la práctica se consolidan cambios estructurales profundos que favorecen a las élites gobernantes y profundizan la desigualdad y la injusticia social.
Un pleno exprés en un país al borde del colapso
El recorte del pleno a una única jornada virtual es en sí mismo un símbolo de la crisis.
Aunque el Buró Político justificó la medida con el argumento de “reducir gastos” y “mantener a los cuadros en sus territorios”, en realidad refleja la incapacidad material y política del Estado para sostener siquiera sus propios rituales de poder.
El máximo órgano del Partido —que debería ser espacio de dirección y análisis estratégico— ha quedado reducido a una conexión digital controlada, sin debate real ni presencia pública.
La misma tendencia se observa en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que también sesionará este mes solo un día y por videoconferencia, repitiendo el patrón de reducción institucional y pérdida de formalidad democrática incluso dentro de la propia dictadura.
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En la práctica, tanto el Partido como el Parlamento se han convertido en escenarios simbólicos, utilizados para validar decisiones previamente tomadas por el reducido núcleo que rodea a Raúl Castro y la cúpula de GAESA.
El contexto: Una dolarización legalizada y una desigualdad institucionalizada
La reunión ocurre apenas una semana después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 113/2025, que legaliza la dolarización parcial de la economía y consagra un sistema multimoneda bajo control estatal.
El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, presentó el texto como una “actualización técnica”, pero el contenido demuestra que se trata de una continuación directa del modelo de Alejandro Gil Fernández, el exministro caído en desgracia, juzgado por corrupción y espionaje.
El decreto crea un “sistema de gestión y asignación de divisas” donde el ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central (BCC) deciden quién puede operar en dólares, bajo qué condiciones y con qué límites.
En la práctica, institucionaliza la segmentación de la economía: una para los actores autorizados (empresas estatales, inversionistas, Mipymes con vínculos al poder) y otra, empobrecida y devaluada, para el resto de la población que sobrevive en pesos cubanos.
Lo que el régimen vende como “ordenamiento racional” es en realidad una reforma neoliberal encubierta, que traslada los costos de la crisis al ciudadano común mientras concentra el control de la divisa en manos del Estado y el conglomerado militar GAESA.
En lugar de eliminar la dolarización, como prometía la Tarea Ordenamiento de 2021, el Decreto 113 la legaliza, refuerza y regula a conveniencia del poder.
Un Estado que se achica para el pueblo y se blinda para las élites
El XI Pleno se realiza mientras la estructura del Estado se reduce, no en su aparato represivo o propagandístico, sino en su función pública.
La eliminación de espacios presenciales, la virtualización de los órganos políticos y la ausencia de información transparente sobre presupuestos, tasas de cambio o cifras de inflación evidencian un proceso de recentralización autoritaria, donde las decisiones se toman en la sombra, sin rendición de cuentas ni participación ciudadana.
El discurso de austeridad es, en realidad, una cobertura para el repliegue del poder hacia los círculos más estrechos del Partido y del aparato militar-económico.
Las instituciones que alguna vez servían para legitimar el consenso interno ahora simulan actividad mientras el verdadero mando se concentra fuera de ellas. El resultado: un Estado que no gobierna, sino que administra el control social.
Propaganda, unanimidad y la fabricación del consenso
El texto publicado por la periodista oficialista Angélica Paredes bajo el título “En el XI Pleno del Comité Central estará la agenda de Cuba” repite las mismas frases vacías que se escuchan desde hace más de medio siglo: “unidad del pueblo”, “principios sagrados de la Revolución”, “resistencia ante el bloqueo”.
No hay cifras, ni datos, ni mención a los verdaderos problemas: la inflación desbocada, la pérdida de valor del peso, el éxodo migratorio o la parálisis productiva. El objetivo de esa narrativa no es informar, sino reafirmar la ficción de una unanimidad nacional.
El Partido se presenta como “la brújula moral de la nación”, cuando en realidad se ha convertido en un instrumento de propaganda para revestir de solemnidad un sistema totalitario agotado.
El pleno de hoy no discutirá soluciones: reproducirá la puesta en escena de la obediencia.
La estrategia mediática del régimen es clara: mientras el país se hunde en el caos económico, Granma y Cubadebate lanzan campañas sobre “la dignidad de Cuba” y los “derechos humanos socialistas”, convertidas en memes virales por la población que ironiza ante el contraste entre el discurso y la realidad.
La propaganda oficial intenta reavivar el vínculo emocional con el mito de la Revolución, pero lo que consigue es subrayar la distancia entre el poder y la calle.
Una mutación estratégica para sobrevivir
Detrás de esta pantomima institucional hay una operación más profunda: el régimen está mutando para sobrevivir.
La legalización de la dolarización, el control del acceso a divisas, la virtualización del poder político y el uso intensivo de la propaganda configuran un modelo de autoritarismo tecnocrático, que busca estabilidad económica sin apertura política.
Es el paso de una dictadura ideológica a una dictadura de gestión, donde el socialismo se usa como marca moral, pero la práctica económica responde a una lógica de control corporativo y desigualdad estructural.
Mientras el pueblo paga la inflación, los apagones y la escasez, las élites del Partido y el complejo militar GAESA capturan los únicos circuitos rentables del país: turismo, remesas, divisas y comercio exterior.
El lenguaje revolucionario sirve como cortina para un reordenamiento del poder en clave oligárquica, donde el Estado deja de ser redistribuidor y se convierte en recaudador.
Un pleno sin pueblo
El XI Pleno del Comité Central del PCC no es un debate, sino una pantalla de legitimación.
Mientras la propaganda invoca “unidad” y “principios”, los cubanos viven con salarios que no alcanzan, en un país cada vez más desigual y sin horizonte.
La supuesta “brújula moral” del Partido ya no apunta al futuro, sino a la supervivencia del poder. Hoy, 13 de diciembre de 2025, Cuba asiste a una reunión virtual del vacío, donde se habla en nombre del pueblo pero sin el pueblo.
Un pleno que no corrige distorsiones, sino que las convierte en política de Estado. Un pleno que no reimpulsa la economía, sino que refuerza la mentira. Y un Partido que, incapaz de transformar la realidad, se limita a administrar la fe de los que aún creen en un mito que ya no existe.
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