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El Observatorio de Medios de Cubadebate, un proyecto estatal al servicio del aparato propagandístico del régimen cubano, publicó un artículo donde intentó presentar la crítica ciudadana y el activismo digital como expresiones de una supuesta “escalada violenta” promovida desde el exterior.
Bajo la apariencia de un análisis académico, el texto titulado “Del insulto a la violencia contra los cubanos en las plataformas sociales” repitió una narrativa clásica del poder cubano: criminalizar la disidencia, deslegitimar el debate público independiente y confundir la denuncia o la indignación social con la incitación al odio.
Tras culpabilizar a la sociedad civil de narrativas tóxicas, el medio oficialista evitó cualquier referencia a la violencia estructural del propio Estado, ejercida contra periodistas, artistas, activistas y ciudadanos comunes tanto en el espacio digital como en la vida cotidiana.
Un “observatorio” que mira solo hacia donde le conviene
El informe, que citó a las politólogas Kathleen Klaus y Aditi Malik, sostuvo que en redes sociales la violencia se “vuelve pensable, factible y sin frenos”.
Sin embargo, el Observatorio ignoró deliberadamente los discursos oficiales de odio promovidos desde medios controlados por el Partido Comunista, como Cubadebate, Granma o el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, donde se insulta, estigmatiza y criminaliza a opositores y críticos con total impunidad, llegando a pedir para ellos “machete, que son poquitos”.
Paradójicamente, el texto denunció la “deshumanización” en redes, pero no aplicó ese mismo análisis al lenguaje del poder, que durante décadas ha reducido a los disidentes a “gusanos”, “mercenarios” o “terroristas digitales”.
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En Cuba, la violencia política no se “vuelve pensable”: se ejerce sistemáticamente desde el Estado y se institucionaliza mediante leyes, campañas mediáticas y una brutal represión directa.
La violencia real: Cárcel, censura y miedo
Mientras el Observatorio de Cubadebate señaló como peligroso el activismo digital desde el exilio, guardó silencio sobre la represión cotidiana dentro de la isla.
El uso del Decreto-Ley 370 para castigar publicaciones críticas, las detenciones arbitrarias por opinar, los cortes selectivos de internet durante protestas, o las campañas de difamación contra periodistas y familiares de presos políticos... ninguna de esas prácticas pasó por el filtro de Klaus y Malik.
El informe aseguró haber analizado 230 publicaciones “radicales” entre 2021 y 2025, la mayoría desde el exterior. Pero no reveló metodología, fuentes ni criterios de selección.
Su objetivo no consistió en entender la dinámica social, sino en reforzar el discurso oficial que convierte la libertad de expresión en un acto de agresión contra el Estado.
De la crítica legítima a la criminalización del disenso
Aunque el Observatorio planteó que “las críticas no son violencia”, trazó una línea tan ambigua como para que cualquier mensaje incómodo pueda ser considerado incitación al odio.
Esa lógica es la misma que sostiene el nuevo Código Penal cubano y la Ley de Comunicación Social, herramientas diseñadas para censurar y castigar la opinión independiente.
Lo que el régimen teme no es la “violencia digital”, sino la organización ciudadana y la visibilidad del descontento. Las redes sociales han permitido que los cubanos documenten abusos, apagones, colas, corrupción y represión sin depender del relato estatal.
Esa autonomía informativa es la verdadera amenaza al monopolio del discurso del poder.
Asesinatos de reputación y silencio impuesto
Desde los medios oficialistas del régimen cubano se han ejecutado y se ejecutan campañas sistemáticas de descrédito contra activistas y periodistas, como Luis Manuel Otero Alcántara, Yunior García Aguilera o las Damas de Blanco.
Asimismo, medios independientes como CiberCuba, El Toque o 14ymedio han sido blanco de constantes ataques y campañas difamatorias. Estas acciones —financiadas con fondos públicos— constituyen una forma de violencia política y psicológica que busca aislar, humillar y neutralizar a las voces críticas.
El Observatorio, lejos de examinar estas prácticas, prefirió dirigir su mirada hacia el exilio y las redes sociales, donde la crítica libre sigue siendo uno de los pocos espacios de resistencia frente a la censura institucional.
Su análisis resultó, una vez más, una maniobra propagandística disfrazada de estudio académico.
La verdadera escalada: La censura como violencia
La violencia en Cuba no se gesta en las redes, sino en las estructuras del Estado que castigan la palabra libre.
Cada vez que un joven es detenido por publicar un tuit, que una madre pierde su trabajo por hablar, o que una web independiente es bloqueada por orden del ministerio de Comunicaciones, el régimen demuestra que el daño simbólico y material proviene de su poder coercitivo, no del activismo ciudadano.
El gobierno cubano lleva más de seis décadas confundiendo “seguridad nacional” con preservación del poder. En nombre de esa seguridad se han encarcelado ideas, cerrado medios, exiliado talentos y reprimido cualquier forma de pensamiento libre.
El artículo del Observatorio de Cubadebate no constituyó un análisis sobre la violencia digital, sino un intento más de justificar la censura y el control del discurso público.
Presentó a las víctimas de la represión como instigadores del odio y ocultó la violencia estructural que el Estado ejerce contra su propio pueblo.
En Cuba, el verdadero peligro no son los memes ni los tuits indignados, sino un sistema que considera el pensamiento crítico como una amenaza y la libertad de expresión como un delito.
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