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Han pasado más de doce meses desde que alrededor de 40 migrantes -en su mayoría cubanos, pero también originarios de Honduras y Ecuador- desaparecieron en la costa del estado mexicano de Chiapas, sin que las autoridades ofrezcan respuestas claras sobre su paradero.
Las familias han recurrido a todos los medios posibles para exigir acciones concretas, incluyendo el envío de videos dirigidos al gobierno mexicano, según dio a conocer en días recientes la prensa de ese país.
Según denuncias documentadas por la organización Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, los desaparecidos se encontraban en tránsito por la frontera sur de México, una de las rutas migratorias más activas y peligrosas del continente. Desde entonces, no hay información fiable sobre su situación.
Los familiares relatan haber enfrentado obstáculos burocráticos y un acceso restringido a información clave:
“No sabemos si están retenidos, si fueron víctimas del crimen organizado o si se encuentran en alguna estación migratoria”, expresaron colectivamente.
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La falta de coordinación entre instituciones, la dispersión de registros de detención y traslado, y el miedo a represalias han dificultado las búsquedas. Ante esto, las familias han elevado una serie de demandas concretas dirigidas a múltiples entidades:
Aseguran que, pese a algunas reuniones virtuales con funcionarios, “no les han dado respuestas concretas que permitan saber qué pasó con ellos”.
Las historias detrás de cada nombre desaparecido son distintas, pero todas tienen un hilo en común: la esperanza de una vida mejor.
Meiling, una madre soltera que trabajó en un banco en Cuba, quería llegar a México para buscar empleo. Su hijo Samei, de 14 años, amaba la informática.
Jorge era albañil autodidacta, amante de la cocina. Elianis soñaba con escribir un libro sobre su viaje. Dayranis no quería llegar a EE.UU., solo buscaba algo de estabilidad.
La última comunicación que se tuvo con varios de los migrantes fue el 21 de diciembre de 2024, desde la localidad de San José El Hueyate, cuando informaron que iban rumbo al estado de Oaxaca en barcazas. Desde ese momento, sus teléfonos dejaron de emitir señal.
Entre los desaparecidos están mujeres jóvenes, madres, niños y hombres adultos, todos con sueños distintos: reencontrarse con familiares en Estados Unidos, quedarse a trabajar en México, o simplemente escapar de la difícil situación en sus países de origen.
Las fichas de búsqueda oficiales, emitidas semanas después, apenas han servido para confirmar lo que las familias ya sabían: nadie sabe dónde están, y nadie los está buscando.
Las versiones extraoficiales que han llegado a las familias van desde un posible naufragio hasta un secuestro a manos del crimen organizado.
Sin embargo, nno hay investigaciones abiertas con resultados concretos, tampoco operativos de rescate.
Algunas familias han sido víctimas de extorsión: recibieron amenazas, exigencias de rescate de hasta 12,500 dólares, y en todos los casos, ninguna prueba de vida.
“El día 21 fue el último que habló con todos nosotros… Lo último que me dijo fue: ‘Cuídeme a Lulú’”, recordó entre lágrimas la madre de una de las desaparecidas.
Otra familiar cuestionó con desesperación: “¿Cómo desaparece tanta gente? ¿Cómo la autoridad no se da cuenta? O lo permite o forma parte”.
Propuestas urgentes desde la sociedad civil
Además de la búsqueda formal, los colectivos que acompañan a los familiares han propuesto medidas prácticas para agilizar el proceso:
Crear un punto único de contacto en la Fiscalía de Chiapas para migrantes desaparecidos.
Establecer protocolos accesibles para pruebas de ADN y cotejo con bases nacionales e internacionales.
Publicar listados actualizados de detenidos, garantizando la protección de datos.
Coordinar con el cuerpo diplomático cubano para verificar identidades y facilitar asistencia consular.
Brindar apoyo psicológico y legal gratuito a los familiares durante la investigación.
“No se trata solo de identificar personas; es devolver certezas a familias que viven en la incertidumbre”, expresó personal de Sin Fronteras IAP y Fray Matías.
Una deuda institucional
Hasta el momento, las familias han formalizado denuncias ante la Fiscalía de Chiapas y solicitado la intervención de la CNDH. Sin embargo, ninguna autoridad ha ofrecido una respuesta pública clara sobre los casos. La ausencia de comunicación institucional alimenta el sentimiento de abandono.
La desaparición de migrantes no es solo una tragedia personal, sino un reflejo de fallas estructurales en políticas públicas y de protección de derechos humanos. Sin mecanismos eficaces de búsqueda, trazabilidad y rendición de cuentas, la impunidad persiste.
¿Qué pueden hacer ciudadanos e instituciones?
Exigir transparencia y acceso a información en los procesos de búsqueda.
Apoyar organizaciones locales que brindan asistencia jurídica y emocional a familias.
Promover la creación de mecanismos regionales de búsqueda entre estados fronterizos.
La travesía interrumpida: Reconstrucción de los hechos
Un reportaje del diario español El País reconstruyó en junio con detalle el recorrido de este grupo de migrantes desde sus países de origen hasta Chiapas. La mayoría salieron desde Cuba, pero también había personas procedentes de Honduras y Ecuador.
Cruzaron Centroamérica con ayuda de redes de traficantes, y llegaron a Tapachula, ciudad clave en el tránsito migrante en el sur de México.
Algunos esperaron durante semanas una cita con el sistema CBP One para ingresar legalmente a Estados Unidos.
Otros, desesperados por el cambio de gobierno en EE.UU. o la falta de oportunidades legales, optaron por contratar coyotes que prometían trasladarlos hasta la capital mexicana por vía marítima.
Pagaron miles de dólares por una ruta “segura”, con supuestos permisos migratorios.
En Tapachula, los migrantes fueron llevados a una bodega en San José El Hueyate, una localidad costera conocida como punto de partida del tráfico de personas, armas y drogas. Allí permanecieron entre el 18 y el 21 de diciembre.
Durante esos días, enviaron mensajes que evidenciaban preocupación: “Aquí se ha formado un tiroteo cabrón… esta gente salió armada hasta los dientes y nos mandaron a entrar”.
En la madrugada del 21, las familias recibieron los últimos mensajes: “Ya estamos en lancha”, “nos están poniendo chalecos salvavidas”. Las coordenadas GPS marcaron su posición en el mar a las 08:25. Después, silencio absoluto.
El negocio del tráfico humano y la omisión del Estado
Los migrantes fueron entregados por distintos conductores en una cadena de traslados grabada en video: “Aquí está su gente, sanos y salvos. Bienvenidos a Tapachula”, dice uno de los coyotes.
La ruta, en muchos casos, había sido pagada desde el inicio: entre 8.000 y 10.000 dólares por persona. La travesía incluía conexiones desde Nicaragua hasta Ciudad de México.
Lo que debía ser un tránsito hacia el futuro terminó en incertidumbre. Las familias han sido víctimas de una maquinaria de engaños. Un coyote compartió una lista con los 40 nombres, pasaportes y firmas de los migrantes, asegurando que estaban secuestrados por un cártel.
Cobró 12,500 dólares por los supuestos rescates, y desapareció.
Pese a que se conocen los datos de las personas que los trasladaron, las ubicaciones, los vehículos y hasta las rutas utilizadas, las autoridades mexicanas no han hecho ningún operativo de búsqueda. Ni la fiscalía estatal, ni la federal, ni las fuerzas armadas han ofrecido respuestas.
“Es como si se los hubiera tragado la tierra… o el mar”, dice una de las madres cubanas, que hoy cuida a los hijos huérfanos de su hija desaparecida.
Chiapas, frontera del terror
El reportaje de El País advierte que el sur de México se ha convertido en una zona de alto riesgo para los migrantes. La disputa territorial entre grupos criminales ha convertido a Chiapas en un corredor controlado por redes de tráfico y extorsión.
En 2024, al menos 237 migrantes desaparecieron en México, según datos de la Secretaría de Gobernación, mientras organizaciones civiles denuncian secuestros masivos y desapariciones no registradas oficialmente.
En esta realidad, los migrantes no solo enfrentan peligros físicos. Son víctimas de un sistema en el que la inacción estatal favorece a los grupos criminales.
“En seis meses no hay ninguna noticia, pero tampoco hay ninguna acción de búsqueda. Son 40 personas”, denunció la abogada de las familias a mediados de este año.
“Sea la condición que sea: que esté en la calle, secuestrado, muerto… Yo lo que quiero es traerlo para Cuba”, concluyó una de las madres. La frase resume el deseo de decenas de familias que, un año después, siguen clamando por justicia.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de migrantes cubanos en Chiapas
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué sucedió con los migrantes cubanos desaparecidos en Chiapas?
Alrededor de 40 migrantes, la mayoría cubanos, desaparecieron en la costa de Chiapas hace más de un año sin que las autoridades ofrezcan respuestas claras sobre su paradero. Las familias no tienen información sobre si están retenidos, fueron víctimas del crimen organizado o se encuentran en estaciones migratorias.
¿Qué medidas han tomado las familias de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos?
Las familias han recurrido a múltiples acciones, como enviar videos al gobierno mexicano y formalizar denuncias ante la Fiscalía de Chiapas. Han enfrentado obstáculos burocráticos y un acceso restringido a información clave, lo que ha dificultado la búsqueda de los desaparecidos.
¿Qué propuestas han hecho las organizaciones de derechos humanos para agilizar la búsqueda de los migrantes?
Las organizaciones han propuesto crear un punto único de contacto en la Fiscalía de Chiapas, establecer protocolos accesibles para pruebas de ADN, publicar listados actualizados de detenidos y coordinar con el cuerpo diplomático cubano para verificar identidades y facilitar asistencia consular.
¿Qué dificultades enfrentan los migrantes cubanos en su travesía por México?
Los migrantes cubanos enfrentan múltiples desafíos, como extorsión, acoso, violencia y falta de empleo. Muchos han sido víctimas de corrupción y procesos migratorios lentos, y han tenido que pagar sobornos para avanzar en sus trámites de asilo o refugio.
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