Vídeos relacionados:
El cerco judicial en torno al chavismo se amplía. Un grupo de ciudadanos estadounidenses presentó una demanda civil contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, y otras figuras del régimen, acusándolos de secuestros, torturas, narcotráfico y terrorismo de Estado.
El caso, registrado bajo el número 25-cv-23652-DPG, fue interpuesto el 4 de enero de 2026 en el Tribunal del Distrito Sur de Florida (Miami Division) y marca un nuevo frente de presión judicial internacional tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.
La acción judicial —liderada por las firmas Mayer Brown LLP y Scale Law Partners LLC, especializadas en litigios internacionales de derechos humanos— invoca dos de los instrumentos más severos del derecho federal norteamericano: la Ley Antiterrorista (ATA) y la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para perseguir estructuras criminales organizadas.
En la demanda, el “Cártel de los Soles” es tratado como una entidad codemandada, al mismo nivel que Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), señaladas como vehículos financieros del crimen transnacional.
Entre los demandantes figuran Jerrel Kenemore y su familia, Jason Saad, Edgar José Marval, y otros ciudadanos estadounidenses, incluidas dos víctimas menores identificadas como SMS y MSM. Alegan haber sufrido secuestros, torturas o persecución a manos de funcionarios vinculados al régimen, y reclaman indemnizaciones multimillonarias por daños y perjuicios.
El texto de la demanda —parcialmente revelado en redes por el periodista David Alandete— acusa a Delcy Rodríguez de haber sido la vicepresidenta de facto de Venezuela desde 2018 y ministra de Economía y Finanzas entre 2020 y 2024, periodo durante el cual habría facilitado “la consolidación del poder autoritario de Maduro”.
Lo más leído hoy:
También incluye a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, y recuerda que ambos fueron sancionados por la OFAC en 2018 por su papel en la represión política.
La demanda no es penal, pero tiene potenciales consecuencias financieras y diplomáticas de alto impacto. Si el tribunal declara a los acusados en rebeldía —como solicitaron los demandantes el 4 de enero—, el juez podría dar por probados los hechos alegados y emitir una sentencia civil ejecutable, con posibilidad de embargos sobre activos y fondos congelados en el extranjero, como los recientemente bloqueados por Suiza.
Este nuevo proceso podría convertirse en el primer examen judicial federal sobre el funcionamiento interno del chavismo como estructura criminal.
En palabras de analistas jurídicos, la acción “no busca solo compensación económica, sino documentar judicialmente que el poder venezolano operó como una empresa mafiosa bajo fachada estatal”. Un giro jurídico que, en plena transición venezolana, apunta a prolongar la batalla de Maduro y su círculo íntimo más allá del terreno político y militar.
Archivado en: