¿Qué ha hecho España por la libertad de Cuba y Venezuela durante los últimos 30 años?

En enero de 2026, el mundo presenció un acontecimiento histórico: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, ordenada por el presidente Donald Trump. La operación, bautizada como “Resolución Absoluta”, puso fin a más de dos décadas de chavismo y abrió una nueva etapa para América Latina. Trump declaró que “la dictadura cubana está lista para caer”, convencido de que La Habana, privada del petróleo venezolano, se derrumbará por su propio peso.

Sin embargo, mientras millones de cubanos y venezolanos celebraban con esperanza, la reacción oficial de España fue de desaprobación distante. El gobierno de Pedro Sánchez condenó la operación estadounidense por “violar el Derecho internacional” y alertó sobre “riesgos de inestabilidad regional”. En lugar de saludar el fin de una dictadura, Madrid prefirió cuestionar a Washington. Esa respuesta reavivó una pregunta incómoda: ¿qué ha hecho realmente España por la libertad de Cuba y Venezuela durante los últimos treinta años?

La respuesta es sencilla y dolorosa: muy poco, si no es que nada. En dos décadas, España ha priorizado los negocios y la diplomacia complaciente sobre la defensa de la democracia. Mientras tanto, los cubanos y venezolanos han pagado el precio con represión, exilio y pobreza.

Negocios primero: intereses por encima de la libertad

Durante los últimos treinta años, España ha mantenido una relación ambigua con los regímenes de La Habana y Caracas. En teoría, defiende los derechos humanos y la democracia; en la práctica, protege inversiones, créditos y contratos. La política ha sido clara: primero los negocios, luego ya veremos la libertad.

En Cuba, empresas españolas dominan el sector turístico. Cadenas hoteleras gestionan decenas de establecimientos propiedad del Estado cubano, a cambio de una parte de los ingresos. Este modelo beneficia a las compañías, pero también oxigena financieramente al régimen. Pese a las pérdidas acumuladas y los impagos millonarios, las empresas españolas siguen allí, confiando en promesas que rara vez se cumplen. Ni siquiera el bloqueo de divisas impuesto por el propio gobierno cubano ha provocado una retirada masiva. Al contrario: España continúa enviando delegaciones empresariales y perdonando deudas que alivian la asfixia del castrismo.

En Venezuela, la historia es similar. Grandes compañías españolas se mantuvieron durante años en el país, esperando cobrar deudas o recuperar inversiones. La petrolera Repsol, bancos, aerolíneas y aseguradoras públicas resistieron el deterioro económico del chavismo con la esperanza de “no perder posición” ante un eventual cambio político. Ese interés empresarial condicionó la política exterior española, que optó por la prudencia y el silencio para no poner en riesgo el cobro de miles de millones de euros.

La paradoja es evidente: mientras Estados Unidos endurecía sanciones y presionaba económicamente a los regímenes de Maduro y Castro, España preservaba el statu quo comercial. En nombre de la “diplomacia económica”, terminó sosteniendo, aunque indirectamente, a dos dictaduras. El resultado ha sido el mismo: prolongar su vida artificial a costa del sufrimiento de sus pueblos.

Blanqueo diplomático: el arte de mirar hacia otro lado

La segunda gran constante de la política española hacia Cuba y Venezuela ha sido el blanqueo diplomático. En lugar de denunciar con firmeza las violaciones de derechos humanos, Madrid prefirió un discurso de diálogo y mediación que, en la práctica, legitimó a los regímenes.

En los años noventa, España impulsó una posición europea que condicionaba las relaciones con Cuba a mejoras democráticas. Sin embargo, desde mediados de los 2000, esa firmeza se diluyó. Los gobiernos socialistas apostaron por el acercamiento incondicional y las visitas de cortesía, sustituyendo la presión política por gestos simbólicos. La liberación de presos políticos cubanos desterrados a España se presentó como avance humanitario, pero en realidad fue un alivio para La Habana, que eliminó de su territorio a la oposición más visible sin ceder poder.

En 2019, la visita de Estado de los Reyes de España a La Habana selló esa normalización. No hubo encuentros con disidentes ni gestos de respaldo a la sociedad civil. Se trató al régimen de Castro como a un socio legítimo, justo cuando la represión interna alcanzaba niveles inéditos. Con Venezuela ocurrió lo mismo: mientras la comunidad internacional endurecía su postura, España apostaba por el “diálogo político”, con José Luis Rodríguez Zapatero como mediador oficioso y controvertido.

Zapatero se presentó como facilitador de negociaciones entre chavismo y oposición, pero su neutralidad fue puesta en duda incluso por los propios demócratas venezolanos. Su cercanía al régimen y sus frecuentes visitas a Caracas le granjearon fama de aliado del madurismo. España, al amparar su figura y mantener relaciones “cordiales” con el entorno chavista, terminó perdiendo credibilidad ante los defensores de la libertad en la región.

En Cuba, la actitud española ha sido aún más tibia. Ni siquiera las protestas masivas del 11 de julio de 2021 provocaron una condena clara. El gobierno español evitó llamar dictadura al régimen cubano, escudándose en un lenguaje diplomático que ya no engaña a nadie. Esa ambigüedad ha servido, en la práctica, como escudo político para La Habana en los foros internacionales.

Mientras otros países votaban resoluciones de condena o pedían sanciones, España se abstenía, pedía calma y apelaba al diálogo. Los eurodiputados socialistas y de izquierda solían votar en contra de las mociones más firmes contra Cuba y Venezuela, enviando al mundo un mensaje inequívoco: con España, las dictaduras siempre pueden contar.

PSOE y PP: una responsabilidad compartida

Sería simplista atribuir toda la culpa a un solo partido. La responsabilidad de esta política ambigua recae tanto en los gobiernos socialistas como en los populares, aunque con matices.

Los gobiernos del PSOE, primero con Zapatero y luego con Pedro Sánchez, apostaron por el acercamiento diplomático y los “buenos oficios”. Zapatero promovió la idea de que conversar con dictadores era más útil que aislarlos; Sánchez la heredó, adaptándola a su estilo pragmático. Ambos minimizaron los abusos en nombre del diálogo y la cooperación. Bajo su gestión, España se convirtió en un socio predecible para La Habana y Caracas, nunca incómodo, siempre dispuesto a negociar.

El Partido Popular tuvo momentos de mayor firmeza, especialmente durante el gobierno de José María Aznar, cuando España lideró la llamada “posición común” de la Unión Europea hacia Cuba. Pero esa línea se diluyó con el tiempo. Mariano Rajoy mantuvo un perfil bajo respecto a América Latina: ni presionó al régimen cubano ni impulsó una coalición internacional para respaldar a la oposición venezolana. La prudencia económica y la falta de interés estratégico hicieron el resto. Solo desde la oposición, los líderes del PP han recuperado el discurso firme en defensa de la libertad, pero sin traducirlo en política de Estado.

En resumen, tanto PSOE como PP han sido prisioneros de los intereses empresariales y de una diplomacia conservadora que evita conflictos. En los hechos, ninguno de los dos impulsó una política sostenida de apoyo a la democracia en Cuba y Venezuela. Ambos compartieron una premisa tácita: es mejor no molestar a los dictadores si hay dinero de por medio.

El doble rasero de la izquierda española

Más allá de los gobiernos, una parte importante de la izquierda española ha mostrado un doble rasero ante las dictaduras latinoamericanas. Mientras condena con contundencia las violaciones de derechos humanos en países conservadores, guarda silencio cuando los responsables son regímenes afines ideológicamente.

Partidos y movimientos de izquierda radical han defendido abiertamente a los gobiernos de La Habana y Caracas, justificando sus abusos como “resistencia al imperialismo”. Algunos dirigentes incluso llegaron a pedir la liberación de Maduro tras su captura, calificando la operación de “agresión estadounidense”. Esa ceguera ideológica revela un problema moral: se confunde la lealtad política con la defensa de la libertad.

También muchos intelectuales y artistas progresistas han mantenido una actitud indulgente hacia Cuba y Venezuela, amparándose en los supuestos logros sociales del pasado o en la narrativa del embargo. Durante décadas, se consideró políticamente incorrecto criticar a la Revolución cubana, y aún hoy muchos prefieren el silencio antes que admitir que el modelo socialista fracasó. Esa simpatía romántica ha servido como cobertura cultural a la tibieza política.

El resultado es una España dividida: una parte, sobre todo la derecha y la diáspora latinoamericana, exige firmeza ante los regímenes de Castro y Maduro; otra parte, la izquierda ideológica, sigue atrapada en un discurso de los años setenta. Esa fractura interna ha impedido una política exterior coherente y moralmente clara.

El contraste con la acción de Estados Unidos

Mientras España debatía sobre diplomacia y legalidad, otros actuaban. Washington, con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca y Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, optó por una estrategia de fuerza frente a los regímenes de Caracas y La Habana. Su intervención en Venezuela, más allá de las polémicas, logró lo que dos décadas de diálogo europeo no consiguieron: abrir una etapa inédita que pone a la dictadura venezolana en cuenta regresiva.

La caída de Maduro dejó al descubierto la fragilidad del sistema de alianzas que sostenía al castrismo. Sin el petróleo venezolano ni el apoyo financiero del chavismo, Cuba enfrenta hoy su peor crisis económica en medio siglo. Trump lo dijo sin rodeos: “La Isla se está cayendo sola”. Puede que así sea. Pero si Cuba finalmente se libera, no será gracias a España.

El gobierno español, en lugar de respaldar ese proceso, ha insistido en condenar la operación estadounidense. Su prioridad parece ser defender la legalidad formal, aunque ello implique mantener intactos los privilegios de las dictaduras. La historia, sin embargo, no premia la neutralidad ante el abuso.

Una lección para el futuro

Después de treinta años de omisiones, España tiene ante sí una oportunidad de redimirse. Cuba está al borde del colapso, y Venezuela inicia una transición incierta. Es el momento de que España recupere su voz moral en América Latina, no como socio complaciente de regímenes agotados, sino como aliado de los pueblos que reclaman libertad.

Para lograrlo, deberá romper con la diplomacia del cálculo económico y asumir una política exterior basada en principios. Eso implica condicionar ayudas, créditos y cooperación a reformas democráticas reales; apoyar a la sociedad civil cubana y venezolana; y abandonar la tibieza que ha caracterizado las últimas dos décadas.

La historia juzgará a España por sus actos, no por sus discursos. Cuando Cuba y Venezuela recuperen la libertad —y ese día llegará—, muchos intentarán estar “en la foto” de la nueva etapa. Pero los pueblos recordarán quiénes estuvieron de su lado cuando más lo necesitaban. Y, por ahora, España figura en la lista de los ausentes.