El régimen cubano elevó este domingo su tono de confrontación en el escenario internacional al condenar la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.
Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán calificó la operación como una “agresión cobarde y criminal”, en una intervención marcada por el discurso habitual de La Habana en defensa de sus aliados autoritarios.
“La cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal, violatorio del derecho internacional y de la Carta de la ONU”, declaró Soberón Guzmán ante la asamblea, repitiendo la retórica antiestadounidense que el régimen cubano mantiene desde hace décadas.
Según el representante, la detención de Maduro constituye “una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación”.
El diplomático denunció también lo que describió como “el despliegue naval agresivo en el mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas”, una referencia a la operación militar estadounidense que precedió a la captura del líder chavista.
Soberón Guzmán presentó a Venezuela como víctima de una supuesta “campaña imperialista” y llamó a la comunidad internacional a “detener la impunidad con que actúa Washington”.
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Sin embargo, el embajador cubano no mencionó en su intervención la muerte de 32 militares cubanos durante la acción en la que fue capturado Maduro. Tampoco la denunció, o al menos no apareció en el fragmento transmitido por el Noticiero de la Televisión Cubana (NTV), que centró su cobertura exclusivamente en los ataques verbales contra Estados Unidos.
El discurso del representante cubano, difundido ampliamente por la televisión estatal, siguió el guion propagandístico habitual del régimen: exaltación de la soberanía, acusaciones de injerencia y defensa cerrada de sus aliados regionales.
En contraste, numerosos países han respaldado el proceso de transición en Venezuela y la actuación de Estados Unidos como garante de la legalidad internacional ante los crímenes del chavismo.
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