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La victoria de Laura Fernández Delgado en Costa Rica se produce en un momento de reconfiguración profunda del mapa político americano, bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump y la expansión de la llamada “doctrina Donroe”, el nuevo marco estratégico de seguridad regional impulsado por Marco Rubio desde el Departamento de Estado.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de 2026 marcó un punto de inflexión: Washington volvió a situar el eje hemisférico en torno a la erradicación de los regímenes autoritarios y el control del crimen transnacional.
En ese nuevo tablero, los gobiernos de centroderecha moderada, como el costarricense, adquieren un papel clave como socios políticos y diplomáticos de Estados Unidos.
Durante su mandato, Rodrigo Chaves ya había dado señales de ese alineamiento: suspendió el convenio educativo con el Ministerio de Educación de Cuba en 2022, un gesto discreto pero simbólico, y respaldó en 2025, a través de su canciller, las denuncias ante la ONU por violaciones de derechos humanos en la isla.
Sin adoptar un discurso abiertamente ideológico, Chaves posicionó a Costa Rica dentro del bloque de democracias latinoamericanas críticas con La Habana, junto a países como Uruguay y República Dominicana.
La presidenta electa Laura Fernández, autodefinida como la heredera de la gestión de Chaves, hereda ese marco diplomático en un contexto más polarizado.
Su gobierno llega en el momento en que Estados Unidos refuerza su política de presión económica e informativa sobre Cuba, combinada con estrategias de inteligencia y cooperación regional bajo el paraguas de la nueva estrategia de seguridad hemisférica.
El foco de Rubio en la región, particularmente en los vínculos entre el crimen organizado y los aparatos de poder de los regímenes autoritarios, ha generado una red de colaboración entre gobiernos aliados en América Central.
Costa Rica, pese a su tradicional neutralidad, ha intensificado su cooperación en materia de inteligencia y control fronterizo, especialmente en lo relativo al tráfico de personas y capitales vinculados al Caribe y Venezuela.
En este escenario, Fernández deberá equilibrar su promesa de continuidad con la necesidad de definir una política exterior propia. Su desafío será mantener la prudencia diplomática sin aislar a Costa Rica del bloque de democracias que Washington lidera en la región.
Hasta ahora, no ha mostrado señales de ruptura con la línea de Chaves, y todo indica que su gobierno mantendrá una distancia institucional con el régimen cubano, sin renunciar a los canales diplomáticos.
La presión sobre La Habana, sin embargo, ya no se expresa solo en el lenguaje de las sanciones o los derechos humanos. Bajo la doctrina Donroe, Cuba es vista como un nodo de riesgo regional —por su papel en redes financieras opacas y en la asistencia técnica a regímenes aliados—.
En ese marco, la nueva presidenta costarricense podría convertirse en una pieza relevante dentro del entramado de gobiernos que buscan aislar al castrismo desde la cooperación hemisférica y la seguridad regional.
Un contexto regional cada vez menos favorable al eje bolivariano
El nuevo posicionamiento de Costa Rica se produce en un contexto regional marcado por un cambio significativo en el mapa electoral latinoamericano.
Los últimos procesos han consolidado la presencia de gobiernos de centroderecha o derecha pragmática en países como Argentina, con Javier Milei; Ecuador, bajo Daniel Noboa; Paraguay, con Santiago Peña; República Dominicana, con Luis Abinader; Panamá, gobernada por José Raúl Mulino; El Salvador, bajo Nayib Bukele; y Bolivia, con Rodrigo Paz como presidente tras las elecciones de 2025.
A este bloque se suma ahora Costa Rica, con Laura Fernández continuando la línea de Rodrigo Chaves. Aunque heterogéneos en estilo y agenda, estos gobiernos coinciden en prioridades como la seguridad, la estabilidad macroeconómica y relaciones funcionales con Estados Unidos, reduciendo la presencia de fuerzas políticas alineadas con proyectos de izquierda más tradicionales.
Paralelamente, el bloque identificado con el “socialismo del siglo XXI” y el eje bolivariano atraviesa una etapa de pérdida de influencia hemisférica.
Más allá de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cada vez más aislados y con mecanismos de integración como ALBA-TCP o Petrocaribe de alcance limitado, la izquierda organizada no ha logrado construir un liderazgo regional cohesionado.
Incluso gobiernos de centroizquierda como Brasil, Colombia y México han adoptado posturas cautelosas y de bajo perfil en materia de alianzas ideológicas: Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum han priorizado agendas internas y equilibrios diplomáticos, evitando encabezar un frente de izquierdas consolidado.
El resultado es un escenario regional fragmentado, donde la izquierda tradicional carece hoy de un eje articulador con peso efectivo.
En este contexto de reordenamiento hemisférico y debilitamiento de los proyectos ideológicos que durante dos décadas marcaron la política regional, Costa Rica aparece como un actor discreto pero funcional dentro de la nueva arquitectura impulsada desde Washington.
El gobierno de Laura Fernández no parece llamado a liderar bloques ni a protagonizar rupturas, pero sí a consolidar una posición de alineamiento prudente, basada en la cooperación en seguridad, la defensa institucional de la democracia y una relación cada vez más distante con los regímenes autoritarios del Caribe.
En la nueva doctrina hemisférica, ese perfil —moderado, previsible y operativo— puede resultar tan relevante como el de los actores más visibles del tablero regional.
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