La diplomática cubana Johana Tablada de la Torre volvió a colocar al actual secretario de Estado, Marco Rubio, en el centro del relato oficial contra Washington.
Durante una entrevista en el Canal Catorce de la televisión pública mexicana, la funcionaria del MINREX aseguró que Rubio “extorsionó” a Donald Trump en 2019 para lograr la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, en medio del escándalo por la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.
“En el año 2019, Marcos Rubio logra, extorsionando a Trump porque él era presidente del Comité de Inteligencia del Senado y Trump presidente cuando hay un escándalo con amenaza de impeachment para el presidente Trump por la supuesta injerencia de un tercer país en las elecciones de Estados Unidos y hacen como un cambio de favores”, afirmó Tablada de la Torre.
Evitando mencionar al Kremlin, cerebro de las interferencias rusas de aquellas elecciones, la diplomática fue más allá y describió un supuesto pacto político:
“Recuerdo exactamente, vívidamente, el día en que ellos van a la Casa Blanca y a la salida de la Casa Blanca Trump dice que va a aplicar el Título 3 y lo hace unos días después”.
Según su versión, Rubio habría obtenido la activación de ese apartado de la Helms-Burton a cambio de respaldar otras prioridades del mandatario republicano, como el muro fronterizo y el reconocimiento de Juan Guaidó en Venezuela.
La diplomática incluso afirmó que la política hacia Cuba durante el primer mandato de Trump se conocía internamente como “To Make Marcos Rubio Happy”. “Trump decía, hagan este hombre feliz”, sostuvo.
Las declaraciones no aportaron pruebas ni detalles verificables sobre la supuesta “extorsión”, pero sí reafirmaron un patrón constante en la narrativa del régimen cubano: personalizar la política estadounidense hacia la isla en la figura de Marco Rubio.
Desde hace años, el senador —y hoy secretario de Estado— ha sido presentado por La Habana como la “bestia negra” responsable del endurecimiento de las sanciones.
La obsesión discursiva con Rubio cumple una función política clara: convertir una política bipartidista de presión en una supuesta cruzada individual, casi personal, contra el régimen cubano.
La activación del Título III en 2019, que permitió demandas en tribunales estadounidenses contra empresas que “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba, fue una decisión adoptada por la administración Trump tras más de dos décadas de suspensión sistemática por parte de presidentes anteriores.
El régimen ha descrito esa medida como un acto de agresión económica. Sin embargo, reducir la decisión a un intercambio de favores en el contexto del impeachment implica una simplificación política que encaja con la retórica habitual de La Habana.
No es la primera vez que funcionarios cubanos intentan sobredimensionar o explotar supuestas diferencias entre Trump y Rubio. En distintos momentos, la diplomacia cubana ha sugerido que el presidente era más pragmático y que el endurecimiento respondía a presiones de sectores “extremistas” liderados por el político cubanoamericano.
Ese enfoque busca proyectar la imagen de divisiones internas en Washington y presentar la política hacia Cuba como resultado de intrigas personales más que de decisiones estratégicas.
Sin embargo, la política de presión hacia el régimen cubano no nació en 2019 ni depende exclusivamente de una figura.
La Ley Helms-Burton fue aprobada en 1996 por el Congreso y firmada por el presidente Bill Clinton. Las sanciones han sido objeto de ajustes bajo administraciones republicanas y demócratas. La continuidad de ciertas líneas estratégicas desmiente la idea de que todo responde a la influencia individual de un solo político.
Las declaraciones de Tablada de la Torre, lejos de aportar evidencia concreta, refuerzan el tono conspirativo con el que el régimen suele explicar las decisiones que le resultan adversas. Al hablar de “extorsión” y de intercambios ocultos, la diplomática introdujo acusaciones graves sin sustento público verificable.
Más que esclarecer los hechos, sus palabras ilustraron la estrategia comunicativa del gobierno cubano: señalar a un adversario personalizado, insistir en divisiones internas en Estados Unidos y presentar cada medida de presión como fruto de maniobras oscuras.
Marco Rubio, convertido en símbolo del endurecimiento de la política hacia La Habana, vuelve a ocupar el papel de antagonista central en un discurso que prioriza la confrontación narrativa sobre el análisis institucional.
En esa lógica, el enemigo no es una ley aprobada por el Congreso ni una política sostenida por distintas administraciones, sino una figura concreta sobre la que se proyecta la responsabilidad total.
Semejante simplificación puede servir al relato político interno, pero difícilmente sustituye un debate serio sobre las causas y consecuencias de las sanciones.
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