Cuba: propiedades, inversión y justicia para el pueblo, los tres dilemas de la transición, según Saladrigas

El empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas, copresidente del Cuba Study Group, abordó este miércoles los tres grandes dilemas de una eventual transición económica en Cuba: cómo funciona el crédito fiscal como herramienta de inversión, quién se queda con las propiedades y las mipymes, y qué justicia queda a las víctimas del régimen.

Saladrigas, de 77 años y figura que lleva desde 2001 capacitando a más de 15.000 emprendedores cubanos a través del programa Cuba Emprende, explicó que el crédito fiscal se daría a quienes perdieron propiedades en la Isla. "No es un regalo sino un incentivo condicionado: Si recibes un crédito fiscal y no lo inviertes, lo perdiste. Entonces, de esa forma se da un crédito fiscal, pero se crea una nueva inversión o se alienta a que haya una nueva inversión", dijo.

El nudo más delicado que planteó Saladrigas es la tensión entre eficiencia económica y justicia histórica. Los allegados al régimen controlan hoy las mipymes y tienen acceso a concesiones estratégicas como la del puerto de La Habana, lo que los coloca en posición de ventaja ante cualquier apertura. Mientras tanto, quienes fueron despojados por la dictadura corren el riesgo de quedar nuevamente excluidos. "Yo creo que hay una ética equitativa aquí que hay que resolver", admitió.

Sin embargo, Saladrigas advirtió que la restitución física de propiedades enfrenta un obstáculo concreto: "Esas propiedades, excepto la Tierra, ya ninguna existe." Y añadió que desmantelar concesiones vigentes podría complicarse "de una forma extraordinaria en tribunales", lo que convierte la restitución en un proceso jurídicamente incierto y potencialmente interminable.

Ante ese escenario, Saladrigas insistió en que el humanismo debe ser el eje de cualquier plan: "Lo que no podemos darnos el lujo es de permitir que en este proceso de transición o de estabilidad económica nos olvidemos del humanismo. El bienestar del pueblo, el bienestar de la nación tiene que ser nuestra prioridad."

Estas declaraciones llegan en un momento de crisis económica aguda en Cuba. El PIB cayó un 5% en 2025, el ingreso per cápita es de apenas 1.082 dólares —el más bajo de América Latina—, los apagones afectan al 64% del país y el peso se ha devaluado un 47,8% en un año, hasta los 580 pesos por dólar en el mercado informal.

El debate tiene además un correlato legal activo. Más de 500 familias han activado reclamaciones de propiedades confiscadas desde 1959, animadas por las declaraciones de Trump sobre la inminente caída del régimen. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó en febrero argumentos sobre demandas Helms-Burton presentadas por Havana Docks y ExxonMobil, y se espera un fallo antes de junio de 2026 que podría abrir la puerta a litigios masivos.

El experto Jordi Cabarrocas, de la firma 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, propone compensaciones y permutas de terrenos en lugar de restitución física para evitar desalojos, y es categórico: "Nadie será desalojado."

Saladrigas, por su parte, condiciona cualquier plan de inversión al levantamiento total de las sanciones estadounidenses, calificando de "imposible" avanzar sin esa condición, y resume la magnitud del reto con una frase directa: "El dinero no va a salir debajo de la tierra."