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El régimen cubano lleva 137 días impidiendo que la presa política Saylí Navarro visite a su padre, el también preso político Félix Navarro, recluido en la prisión de Agüica, en Matanzas, según denunció este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La denuncia la realizó Sonia Álvarez Campillo, madre de Saylí y esposa de Félix, quien explicó que a su hija le corresponde ser trasladada a ver a su padre cada 45 días, lo que significa que el régimen le ha negado al menos tres turnos de visita consecutivos.
Cuando Saylí solicitó una explicación, la directora del penal La Bellotex, en Matanzas, donde cumple condena, le respondió que "no tenían combustible para llevar a ningún conduce debido a la situación que había con el combustible".
Sonia Álvarez rechazó esa justificación y cuestionó "¿Con qué combustible se mueve el jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Matanzas a las instituciones de las prisiones? Que no van a resolver ningún problema porque los problemas allí están, que no hay comida, que no hay agua, que no hay electricidad, que no hay nada".
La madre también cuestionó el uso de recursos para la represión: "¿Con qué combustible se mueven las patrullas para reprimir a los opositores, para reprimir a las Damas de Blanco, para reprimir al pueblo? Entonces no hay combustible para los presos".
Saylí Navarro fue arrestada el 12 de julio de 2021, un día después de las protestas del 11J en Perico, Matanzas, mientras se dirigía a una estación policial para indagar por manifestantes detenidos.
Fue condenada a ocho años de prisión por los cargos de "atentado".
Su caso ha acumulado una serie de vejaciones adicionales: las autoridades le le negaron el cambio a un régimen de menor severidad por seis meses, y ha rechazado reiteradamente las presiones para aceptar el destierro.
En cuanto a su padre, también cumple condena desde las protestas del 11 de julio de 2021. Si bien el pasado año lo dejó en libertad, el Tribunal Supremo Popular revocó el beneficio el 29 de abril de 2025 tras determinar que salió de su municipio sin autorización en siete ocasiones, lo que el régimen utilizó como pretexto para devolverlo a prisión.
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