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El economista cubano Pedro Monreal publicó este jueves en su cuenta de X un análisis crítico del recién aprobado Decreto 127/2025, que reorganiza el funcionamiento de las unidades presupuestadas en Cuba, y advirtió que la norma podría tener un impacto limitado sobre la economía del país.
En su publicación, Monreal fue directo: "El Decreto 127 sobre las instituciones presupuestadas y normas complementarias reafirman el enfoque conservador (no solo gradualista) del 'perfeccionamiento', pudiera tener un efecto modesto en la reducción del gasto, y asume como arquetipo la deficiente empresa estatal".
La valoración del economista contrasta con el optimismo oficial.
Berta Iris Rojas Gatorno, directora de Políticas Financieras del Ministerio de Finanzas y Precios, calificó la medida como de "alto impacto" y aseguró que se está logrando "una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal".
El decreto fue publicado el miércoles en la Gaceta Oficial de Cuba (No. 32 Ordinaria) y fue aprobado por el Consejo de Ministros junto a resoluciones complementarias de los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación.
La norma afecta a unas 2,443 unidades presupuestadas que concentran más del 50% de la fuerza laboral activa del sector estatal cubano.
Entre sus principales cambios, el decreto establece por primera vez una definición jurídica formal para el sector presupuestado y le otorga personalidad jurídica a su gestión financiera.
Las unidades con "tratamiento especial" podrán determinar su propio sistema salarial en función de su desempeño, equiparándolas al sector empresarial estatal, y podrán realizar actividades autofinanciadas sin requerir financiamiento del presupuesto del Estado.
Además, los cargos no vinculados directamente a la actividad específica de cada entidad no podrán superar el 30% del total de la plantilla, y la gestión presupuestada pasa del Ministerio de Economía y Planificación al Ministerio de Finanzas y Precios.
Sin embargo, el decreto excluye explícitamente a los sectores de salud y educación —los más numerosos y peor pagados— de los beneficios más significativos, lo que limita estructuralmente su alcance real.
Esa exclusión resulta especialmente relevante dado el contexto salarial: en 2025, el salario promedio del sector presupuestado era de unos 5,900 pesos, frente a 7,331 pesos en el sector empresarial estatal, una brecha que impulsa la fuga de trabajadores hacia el sector privado.
La crítica de Monreal sigue un patrón consistente. En marzo de 2026, el economista ya había cuestionado el Decreto-Ley 144/2026 sobre alianzas entre empresas estatales y privadas, argumentando que generaba una imagen de apertura sin modificar las bases estructurales del modelo centralizado.
El panorama macroeconómico agrava las dudas sobre el impacto real de la norma: el PIB cubano cayó un 5% en 2025, acumulando una contracción superior al 15% desde 2020, y el gobierno cumplió apenas el 51% de sus planes económicos ese año.
The Economist Intelligence Unit proyecta una caída adicional del 7,2% del PIB cubano en 2026, cifra que contrasta con el 1% de crecimiento que estima el propio régimen.
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