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David Ramírez Álvarez, Segundo Secretario de la Embajada de Cuba en Estados Unidos encargado de Asuntos Culturales, publicó este sábado en su cuenta de X un mensaje en el que aseguró que "ningún embargo de combustible o económico matará la voluntad del pueblo cubano de prosperar, desarrollarse y seguir siendo una potencia cultural".
El diplomático acompañó su publicación con una imagen de un estudio de ballet y el hashtag #LetCubaBreathe, una campaña sostenida por la diplomacia cubana para presionar por el levantamiento del embargo estadounidense.
La declaración contrasta de forma brutal con la realidad que vive la isla. La economía cubana se contrató un 5% en 2025 —tercer año consecutivo de recesión— y organismos independientes proyectan una caída adicional del 7,2% para 2026, lo que acumularía una contracción superior al 23% desde 2019.
Los apagones alcanzaron hasta 25 y 30 horas diarias en 2025, afectando al 63% y 64% de la población, con diez de las 16 termoeléctricas del país fuera de servicio en marzo de 2026.
La referencia del diplomático a resistir "incluso con las luces apagadas" resulta especialmente reveladora: no es una metáfora, sino la descripción literal de la vida cotidiana de millones de cubanos.
Pero la contradicción más demoledora está en la retórica sobre la "voluntad de prosperar". El propio régimen que Ramírez representa es quien más obstaculiza esa voluntad. En 2025, el gobierno realizó más de 1,100 inspecciones a pequeñas y medianas empresas privadas, con cientos de clausuras definitivas, confiscaciones masivas y multas millonarias. El acceso a divisas, licencias e importaciones depende de lealtades políticas y redes clientelares.
Mientras el diplomático habla de prosperidad, Cuba cerró 2025 con 1,197 presos políticos —cifra récord histórico—, número que ascendió a 1,214 en febrero de 2026, según Prisoners Defenders. Entre los reclusos figuran disidentes, emprendedores y manifestantes del 11 de julio de 2021. Al menos 46 personas murieron en cárceles cubanas entre 2025 y lo que va de 2026 por negación de asistencia médica.
El régimen aprobó un indulto a más de 2,000 reclusos el 3 de abril, pero excluyó explícitamente los delitos de sedición, desacato y desórdenes públicos, que son precisamente los cargos usados contra la mayoría de los presos políticos.
Amnistía Internacional ha descrito el patrón del gobierno cubano como una estrategia para "intimidar, aislar y silenciar a quienes exigen respeto" a los derechos humanos.
La narrativa oficial atribuye la crisis al embargo estadounidense, pero los datos cuentan otra historia: EE.UU. exportó a Cuba 585 millones de dólares en 2024, un aumento del 16% respecto al año anterior, incluyendo productos médicos y alimentos. Las causas estructurales de la crisis —modelo económico centralizado, ineficiencia estatal, represión al sector privado— son internas y tienen 67 años de historia.
La respuesta más elocuente del pueblo cubano a esa supuesta "voluntad de prosperar" es el éxodo: más de un millón de personas han abandonado la isla desde 2021, reduciendo la población estimada de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones de habitantes, en lo que constituye la mayor diáspora de la historia cubana reciente.
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