La empresa privada cubana Havana Agro SURL lanzó una fuerte denuncia pública contra el Instituto de Ingeniería Agrícola del Ministerio de la Agricultura (MINAG), al que acusa de imponer obstáculos “de manera reiterada e intencionada”, que están afectando su funcionamiento y limitando el acceso de los productores a equipamiento moderno en el país.

En un comunicado difundido en redes sociales, la mipyme aseguró que la situación ha llegado a un punto crítico.

“Teniendo en cuenta la imposibilidad de sostener un sistema de trabajo coherente y diálogo constructivo con la dirección del Instituto […] hemos tomado la siguiente decisión”, señalaron.

A continuación, la empresa anunció que reducirá temporalmente su actividad a “importar, ensamblar y comercializar […] únicamente los equipos agrícolas que ya se encuentran validados en el país o en proceso”.

Aseguran que esa medida que estará vigente “hasta que nuevamente estén creadas las condiciones necesarias” para un entorno de trabajo “adecuado, transparente, fructífero”.

“Interpretan las normas a conveniencia”

El núcleo de la denuncia apunta directamente al funcionamiento institucional.

Habana Agro acusa a la entidad estatal de actuar con discrecionalidad: “Continúa creando obstáculos […] interpretando las normas jurídicas vigentes a conveniencia e interpretación individual”.

Según la empresa, esta dinámica ha bloqueado procesos de validación de nuevos equipos, lo que repercute directamente en el sector agrícola.

“Se impide que nuestros productores agrícolas cubanos accedan sin dificultades a equipamiento de primera línea, con precios accesibles en moneda nacional”, advierten.

El comunicado subraya que estos equipos podrían adquirirse incluso con “facilidades de pago a través de las instituciones bancarias”, algo que consideran clave “en un contexto de alta y creciente dolarización”.

La mipyme insiste en que ha intentado mantener una relación de cooperación.

“Nuestra empresa en todo momento ha mostrado un acercamiento constructivo”, aseguraron.

Detallaron, además, que realizaron “las más variadas propuestas de trabajo conjunto […] en beneficio económico” que fueron “del constante rechazo, falta de interés y desatención sistemática”.

“Afectan la Economía Nacional”

El tono del mensaje se endurece al evaluar las consecuencias de estas trabas.

“Nos encontramos ante un claro ejemplo de funcionarios públicos que con su actitud […] afectan radicalmente a la Economía Nacional, los Sistemas Productivos cubanos y la población campesina”, denuncia el texto.

La empresa enfatiza que el problema no es aislado, sino que impacta en un momento de crisis: “Especialmente en un contexto de grave y persistente crisis multifactorial del país”.

A pesar del conflicto, Habana Agro aseguró que mantendrá su apuesta por la cooperación: “Continuaremos promoviendo la realización de alianzas constructivas […] con o —como bien muestra este lamentable ejemplo— sin el acompañamiento de las instituciones rectoras”.

También reafirmó su visión sobre el papel del sector privado: “El sector privado cubano por derecho propio constituye un actor económico con su justo lugar”.

Cruce de comentarios: Tensión y reproches

La publicación generó un intenso debate en redes sociales, donde no faltaron posiciones encontradas.

Un usuario consideró que ambas partes tienen responsabilidad y apuntó a un problema estructural: “Nuestro sistema no está diseñado para ver que un sector privado tiene posibilidades de sustituir funciones de la parte estatal”.

La empresa respondió con dureza: “Para emitir un juicio coherente lo primero es estar bien informado”, añadiendo que no se debe “asumir un rol de árbitro cuando no tienes la más remota idea de los problemas”.

En su réplica, Habana Agro fue aún más explícita sobre las causas de su decisión: “Motivada fundamentalmente por el desinterés, el mal trabajo y un burocratismo férreo que impide que funcionen bien los procesos”.

Otra internauta afirmó que la relación entre ambos sectores es inviable: “Mezclar entidades estatales […] con empresas privadas es como querer mezclar agua y aceite”.

La empresa respondió señalando un problema de fondo: “No están creadas las condiciones subjetivas que favorezcan esa relación de trabajo”.

En ese intercambio, lanzó una de sus críticas más duras: “Muchos funcionarios públicos […] visualizan al sector privado como enemigos, bandidos o una clase inferior”.

También hubo llamados a una respuesta institucional. “Toca ahora […] una respuesta del Ministerio de la Agricultura”, opinó otro comentarista.

La empresa matizó: “No es una denuncia, es el anuncio de una nueva estrategia comercial”, aunque insistió: “Que nos desmientan, porque elementos para ello no existen”.

Ante cuestionamientos sobre la vía utilizada, la mipyme defendió su decisión: “El objetivo de la publicación es la información comercial […] La vía oficial ya está siendo utilizada para exponer las trabas”.

Un conflicto en medio de la crisis agrícola

El caso de Habana Agro se produce en un contexto en el que las autoridades han aprobado normas para fomentar la cooperación entre el sector estatal y el privado, pero donde la implementación práctica sigue enfrentando obstáculos.

La empresa, dedicada a la importación, ensamblaje y comercialización de maquinaria agrícola y equipos de procesamiento de alimentos, ha defendido en otras publicaciones la necesidad de impulsar la producción “sin trabas, sin burocratismo, con acompañamiento institucional”.

La denuncia ocurre en un momento de profunda contradicción: el régimen acaba de poner en vigor el Decreto-Ley 114 que permite asociaciones entre entidades estatales y privadas, y aprobó en diciembre pasado el Decreto 143, que elimina el monopolio de Acopio y autoriza a mipymes a participar en la comercialización agropecuaria.

El caso ilustra que, pese a esas medidas, las instituciones estatales de base siguen operando con lógicas de bloqueo y control hacia el sector privado, que representa un tercio del empleo en Cuba y domina el 55% del comercio minorista, pero continúa excluido de sectores estratégicos.

El telón de fondo es una crisis alimentaria sin precedentes: la producción de arroz ha caído 81% desde 2018, las viandas un 44%, los huevos un 61% y la carne de cerdo un 93,2%.

Cuba importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos, con un gasto anual de aproximadamente 2,000 millones de dólares.