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La reciente inclusión de Ceuta y Melilla en un documento de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha reabierto un debate geopolítico especialmente sensible para España y, por extensión, para Europa.
Aunque no se trata de una decisión vinculante ni de una postura oficial de la administración estadounidense, el hecho de que un texto legislativo cuestione la “españolidad” de ambas ciudades y sugiera la mediación de Washington en el diferendo con Marruecos introduce un elemento nuevo en el tablero internacional: la posible instrumentalización de un conflicto histórico en el marco de tensiones más amplias entre Estados Unidos y el Gobierno de Pedro Sánchez.
La mención, recogida en un informe del Comité de Asignaciones, señala que Ceuta y Melilla, “administradas por España”, están ubicadas en territorio marroquí y forman parte de una reclamación histórica de Rabat.
El documento, además, apoya los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, para promover un diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de ambas ciudades.
Este posicionamiento, aunque matizado en términos formales, rompe con la tradicional cautela de Washington en un asunto que España considera cerrado y no sujeto a negociación.
Un debate que trasciende lo bilateral
Ceuta y Melilla forman parte del territorio español desde hace siglos y están plenamente integradas en el orden constitucional del país.
Para Madrid, cualquier cuestionamiento externo de su soberanía constituye una injerencia inaceptable. Sin embargo, la aparición del tema en un documento del Congreso estadounidense sugiere que el debate ha comenzado a adquirir una dimensión internacional más amplia.
Medios internacionales han interpretado esta inclusión como un indicio de que Estados Unidos podría estar dispuesto a utilizar cuestiones territoriales sensibles como herramientas de presión diplomática.
La referencia a la “histórica alianza” entre Estados Unidos y Marruecos —formalizada en 1786— refuerza la idea de que Washington podría estar recalibrando sus prioridades estratégicas en el norte de África, una región clave por su proximidad a Europa, su papel en las rutas migratorias y su importancia en materia de seguridad.
Este movimiento recuerda precedentes recientes, como el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental durante la primera administración Trump, una decisión que alteró el equilibrio diplomático en la región y generó tensiones con socios europeos.
En ese contexto, la inclusión de Ceuta y Melilla en el informe podría interpretarse como una extensión de esa lógica geopolítica.
La variable Trump: presión política y conflictos acumulados
Para comprender el alcance potencial de este gesto, es necesario situarlo en el contexto más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y España bajo la actual administración de Donald Trump.
Las tensiones entre Washington y el Gobierno de Pedro Sánchez no son nuevas, pero se han intensificado en los últimos meses a raíz de varios desacuerdos estratégicos.
Uno de los episodios más significativos fue la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para la operación “Furia Épica” contra Irán.
Esta decisión fue percibida en Washington como una falta de cooperación en un momento clave. La respuesta de Trump incluyó amenazas de cortar el comercio bilateral y críticas directas al liderazgo español.
La crisis se agravó cuando España cerró su espacio aéreo a operaciones relacionadas con el conflicto iraní. A ello se suman discrepancias en materia de gasto en defensa y el posicionamiento político del Gobierno español en foros internacionales, donde ha promovido iniciativas críticas con la política exterior estadounidense.
En este contexto, la aparición del tema de Ceuta y Melilla en un documento del Congreso puede interpretarse como una señal política dirigida a Madrid, más que como una simple observación técnica.
Una estrategia de presión más amplia
La hipótesis de una presión más amplia se refuerza al observar otras decisiones recientes de la administración Trump, especialmente en relación con Cuba.
La orden ejecutiva firmada el 1 de mayo de 2026 no solo endurece las sanciones contra el régimen cubano, sino que amplía su alcance a actores internacionales con vínculos económicos con la isla.
España aparece como uno de los países más expuestos debido a la presencia de empresas como Meliá Hotels International en el sector turístico cubano. La posibilidad de sanciones secundarias introduce un nuevo frente de presión sobre el Gobierno de Sánchez.
Esta estrategia forma parte de la política de “presión máxima” contra el régimen cubano, que ha incluido más de 240 sanciones y medidas que han agravado la crisis energética y económica en la isla.
España entre dos frentes: Marruecos y Cuba
España se encuentra así en una posición delicada. Por un lado, enfrenta un cuestionamiento indirecto sobre su integridad territorial en el norte de África. Por otro, debe plantearse un escenario de sanciones estadounidenses sobre sus intereses económicos en Cuba y su posible impacto.
Esta doble presión podría obligar a Madrid a recalibrar su política exterior. Sin embargo, un giro en su postura hacia Cuba implicaría costes políticos y diplomáticos, especialmente dentro de la Unión Europea.
La situación refleja asimismo un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Europa. La inclusión de Ceuta y Melilla en un informe del Congreso y la presión sobre empresas europeas sugieren que Washington está dispuesto a utilizar su poder económico y político para influir en sus aliados.
La Unión Europea ha mostrado en ocasiones una respuesta limitada, lo que podría estar incentivando a Estados Unidos a intensificar esta estrategia.
Un escenario abierto
Por ahora, la referencia a Ceuta y Melilla no implica un cambio inmediato en la política oficial estadounidense, pero su valor simbólico es significativo. En un contexto de tensiones acumuladas, estos gestos pueden deteriorar aún más la relación bilateral.
El próximo G7 se perfila como un escenario clave para medir estas tensiones. Mientras tanto, la presión sobre Cuba seguirá siendo un eje central de la política exterior estadounidense, con efectos que alcanzan a actores como España.
Lo que está en juego no es solo la situación de dos ciudades autónomas o las inversiones en Cuba, sino el papel de España en un escenario internacional cada vez más complejo y tensionado.
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