Trece años después de su inauguración, la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel) celebró su aniversario con una feria comercial, homenajes revolucionarios y mensajes institucionales sobre productividad, unidad y futuro.
Las imágenes de la exposición mostraron una asistencia aparentemente modesta, muy distante de las expectativas que acompañaron el nacimiento del proyecto estrella de Raúl Castro.
Pero el verdadero problema de Mariel no está en la concurrencia de una feria. Está en los resultados de trece años de inversiones millonarias, promesas de modernización y sucesivas reformas económicas que no han conseguido convertir el enclave en el motor productivo y exportador anunciado.
La zona dispone de infraestructura portuaria moderna, fábricas y empresas extranjeras en funcionamiento. Sin embargo, solo una parte de los proyectos aprobados está operativa y la terminal de contenedores trabaja muy por debajo de su capacidad. El propio primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció en diciembre de 2024 que el proyecto no había alcanzado sus objetivos y había perdido competitividad.
¿Qué explica que una zona concebida para atraer capital internacional, dotada de infraestructura moderna e incentivos fiscales excepcionales, no haya conseguido despegar?
La respuesta obliga a mirar más allá del puerto y examinar el modelo económico cubano, sus contradicciones y la forma en que se han administrado las reformas durante más de una década.
Una apertura económica sin transformar el sistema
Cuando Mariel comenzó a funcionar en noviembre de 2013, el gobierno de Raúl Castro promovía la llamada actualización del modelo socialista. La zona debía demostrar que Cuba podía atraer grandes inversiones extranjeras sin renunciar al control estatal de los sectores estratégicos.
La apuesta partía de una contradicción: crear un espacio competitivo, conectado con el mercado internacional, dentro de una economía centralizada, con escasa autonomía empresarial, restricciones cambiarias y una burocracia que condicionaba las decisiones de los inversionistas.
La nueva Ley de Inversión Extranjera de 2014 amplió los incentivos, pero no resolvió esos problemas.
El economista cubano Ricardo Torres Pérez, en un estudio publicado por la Universidad de Columbia, señala precisamente que las ventajas fiscales no compensan la falta de estabilidad económica, confianza, simplificación administrativa y relaciones productivas con el resto del país.
Una fábrica instalada en Mariel necesita proveedores, transporte, energía, trabajadores y acceso a divisas. No puede funcionar independientemente de una economía nacional marcada por la escasez, la desindustrialización y las restricciones administrativas.
La zona especial podía ofrecer condiciones privilegiadas dentro de sus instalaciones, pero no podía aislarse de las deficiencias del sistema económico al que pertenecía.
Trece años corrigiendo las mismas distorsiones
La trayectoria de Mariel coincide con una sucesión de programas gubernamentales presentados como soluciones a los problemas de la economía cubana.
Primero fueron los Lineamientos y la actualización del modelo socialista. Después llegaron nuevas medidas de inversión extranjera, la ampliación del trabajo privado y los intentos de unificación monetaria.
En 2021, la llamada Tarea Ordenamiento prometía eliminar distorsiones cambiarias y reorganizar salarios y precios. Su aplicación terminó agravando los desequilibrios monetarios y alimentando una inflación que erosionó el poder adquisitivo de los cubanos.
Ese mismo año se autorizó la creación de mipymes privadas, aunque sometidas a restricciones y a posteriores cambios regulatorios.
En 2024, el gobierno lanzó otro programa para «corregir distorsiones y reimpulsar la economía». Un año después, las autoridades continuaban promoviendo nuevas proyecciones del programa gubernamental, mientras avanzaba una dolarización parcial que contradecía las anteriores promesas de unificación monetaria.
El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en marzo de 2025 la necesidad de actualizar la política monetaria y cambiaria, en una economía donde persistían los desequilibrios que el Ordenamiento había prometido resolver.
Para los inversionistas extranjeros, esta sucesión de rectificaciones plantea un problema fundamental: la falta de previsibilidad.
Una empresa que compromete millones de dólares necesita conocer las condiciones en que podrá operar durante años, acceder a divisas, pagar proveedores y recuperar sus inversiones. Las modificaciones continuas del marco económico dificultan esa planificación, incluso cuando algunas medidas individuales ofrecen ventajas.
Mientras el gobierno anunciaba una reforma tras otra, Mariel seguía sin alcanzar el volumen de inversiones y exportaciones que justificaría las expectativas iniciales.
Odebrecht, opacidad y responsabilidades
La historia del megaproyecto incluye, además, controversias relacionadas con su financiación y construcción.
La brasileña Odebrecht, protagonista de uno de los mayores escándalos internacionales de corrupción, participó en la modernización del puerto con financiación del banco estatal brasileño BNDES.
En 2019, una investigación del Miami Herald vinculada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) identificó registros de aproximadamente 8,4 millones de dólares en pagos extracontables relacionados con las obras de Mariel, dentro del sistema clandestino utilizado por Odebrecht. Los documentos no permitieron identificar públicamente a los destinatarios finales del dinero.
La financiación brasileña también fue objeto de cuestionamientos por los organismos fiscalizadores de ese país. En 2019, CiberCuba informó sobre las irregularidades señaladas en una auditoría brasileña a los créditos concedidos para las obras del puerto.
Estas irregularidades y controversias no demuestran por sí solas que las autoridades cubanas recibieran sobornos, pero introducen interrogantes sobre la transparencia, los mecanismos de supervisión y la rendición de cuentas en una de las mayores inversiones de infraestructura realizadas en Cuba durante las últimas décadas.
El problema adquiere mayor importancia por el papel de las empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA en la administración de infraestructuras y servicios asociados al proyecto.
Las 176 medidas: ¿otra apertura bajo el mismo control?
La contradicción alcanza una nueva dimensión con las 176 transformaciones económicas y sociales anunciadas en junio de 2026.
El paquete contempla ampliar la participación privada, flexibilizar la inversión extranjera, autorizar nuevas instituciones financieras, reducir restricciones administrativas y conceder mayor autonomía a las empresas.
Algunas medidas representan cambios concretos. En septiembre, por ejemplo, entró en vigor una reforma que permite a los inversionistas extranjeros contratar directamente a sus trabajadores sin depender obligatoriamente de entidades empleadoras estatales.
Es una modificación significativa, pero también plantea una pregunta: ¿por qué fue necesario esperar trece años para eliminar una restricción que durante tanto tiempo restó atractivo a las inversiones?
Este 2 de noviembre, mientras Mariel celebraba su aniversario, Díaz-Canel anunció que 171 de las 176 medidas tenían completadas sus bases jurídicas y que se habían aprobado 215 disposiciones normativas. Otras cinco, consideradas las más polémicas, continuaban pendientes.
El mandatario presentó esas cifras como evidencia de avances. Sin embargo, aprobar normas no equivale a conseguir inversiones, aumentar la producción o estabilizar la economía.
Mariel ofrece precisamente una experiencia de esa diferencia: numerosos proyectos autorizados, incentivos aprobados y compromisos financieros no se tradujeron en la actividad productiva esperada.
La cuestión decisiva es si las nuevas transformaciones modificarán efectivamente las condiciones para invertir o si terminarán reproduciendo las limitaciones de los programas anteriores.
El problema que las reformas no consiguen resolver
El endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha complicado todavía más el acceso de Cuba a financiación, mercados y servicios internacionales. En 2026, nuevas restricciones afectaron directamente a empresas y operaciones vinculadas al puerto.
Pero los problemas de Mariel preceden a esas medidas. Su limitada captación de inversiones, las dificultades burocráticas y la escasa integración con la economía nacional ya estaban documentadas años antes.
Las sanciones ayudan a explicar una parte de sus resultados, pero no eliminan las responsabilidades de las autoridades cubanas sobre las políticas que ellas mismas diseñaron y aplicaron.
Existe, además, una diferencia esencial entre permitir mayores espacios de actividad privada y establecer condiciones institucionales que ofrezcan estabilidad, transparencia y seguridad jurídica a largo plazo.
Desde Raúl Castro hasta Miguel Díaz-Canel, las autoridades han presentado sucesivos programas de modernización, descentralización y apertura económica, pero la orientación y supervisión del proceso continúan bajo el mismo Partido Comunista y sus instituciones.
Las reformas pueden modificar las reglas de funcionamiento empresarial sin alterar necesariamente los mecanismos de decisión, fiscalización y responsabilidad política que condicionan su aplicación.
Mariel nació como una excepción destinada a impulsar una economía que necesitaba transformaciones profundas. Trece años después, su trayectoria permite comprobar hasta qué punto las reformas parciales han encontrado límites en el entorno económico e institucional que pretendían superar.
Mientras las autoridades celebran nuevas medidas y anuncian futuras oportunidades, sigue pendiente demostrar que esta vez podrán ofrecer la estabilidad y las condiciones productivas que no consiguieron garantizar al proyecto más emblemático de la apertura económica impulsada por Raúl Castro.
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