El Consejo de Ministros de Cuba aprobó este sábado ejercer iniciativa legislativa sobre un anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que reducirá de 27 a 21 los organismos que integran esa estructura, según informó el órgano oficial del Partido Comunista, Granma, en su edición de hoy.
La sesión fue presidida por Miguel Díaz-Canel y conducida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien aprovechó el espacio para reconocer abiertamente lo que ciudadanos y economistas llevan años denunciando: que el aparato estatal cubano es demasiado grande, ineficiente y burocrático.
Marrero admite décadas de hipertrofia burocrática
El primer ministro justificó la reforma con una declaración que equivale a un reconocimiento oficial de un fracaso estructural acumulado durante décadas.
«Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente», afirmó Marrero Cruz durante la sesión, según recoge Canal Caribe en su transmisión de este sábado.
El jefe de gobierno también reconoció los límites de la iniciativa: «Este es un primer y buen acercamiento, pero es algo que nosotros no renunciamos después que implementemos esto a seguirlo estudiando».
Y añadió: «Esto es una oportunidad para reordenar, aprovechar mejor los recursos humanos existentes y ese es un elemento que hemos tenido presente».
Matilla Correa: «No es un mero movimiento estructural»
La propuesta fue presentada por Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien subrayó el alcance que el régimen pretende darle a la reforma.
«No se trata de un mero movimiento estructural, sino del rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado», declaró Matilla Correa, según la transmisión de Canal Caribe.
El jurista detalló que la reforma implica revisar funciones, estructuras y vínculos entre ministerios, entidades subordinadas y el sistema empresarial estatal: «Es importante que se analice el cumplimiento y la estructura necesaria de las funciones específicas y generales que se le asigna. Lo segundo es que rediseñe el diálogo entre la estructura administrativa central y las estructuras adscritas subordinadas y el sistema empresarial».
Matilla Correa también reconoció la complejidad del proceso: «Lo que no nos quepa la menor duda es que es un proceso complejo, pero un proceso necesario».
Un anuncio que Díaz-Canel ya había adelantado en abril
La reforma no llegó sin aviso. El 18 de abril, Díaz-Canel había anunciado que habría menos burocracia y ministerios en una entrevista concedida a RT durante el V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital celebrado en La Habana, prometiendo cambios antes de mediados de 2026.
Lo que entonces fue un anuncio genérico tiene ahora forma de anteproyecto de ley: la reducción de 27 a 21 organismos implica la eliminación o fusión de seis entidades del aparato central del Estado, aunque el régimen no ha precisado cuáles desaparecerán ni cómo se ejecutará el ajuste.
El contexto económico que empuja la reforma
La iniciativa se enmarca en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, que al cierre del primer trimestre reporta 81 objetivos específicos aprobados: 32 implementados y 49 en proceso, de un total de 158 acciones previstas.
El panorama económico es sombrío. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, informó que la inflación interanual al cierre de marzo se situó en 13,42%, con los precios agropecuarios del mercado no estatal subiendo un 31,9% solo en La Habana.
Las dificultades para optimizar el sector estatal cubano han sido señaladas por analistas como una misión de enorme complejidad, dado el nivel de centralización del modelo.
El régimen también ha avanzado en flexibilizar la gestión de entidades estatales y en poner en vigor nuevas normas para asociar empresas, aunque los resultados concretos de esas medidas siguen siendo limitados.
El anteproyecto de reorganización estatal llegará a la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2026, junto al nuevo Código de Trabajo y la Ley de la Vivienda, aunque Cuba tiene un historial de reformas estructurales anunciadas con frecuencia y ejecutadas con lentitud, lo que invita a reservar el juicio sobre su alcance real.
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