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El gobierno cubano publicó el miércoles en la Gaceta Oficial el Decreto 127 "De las Instituciones Presupuestadas", un paquete normativo que amplía las facultades de gestión de las entidades estatales y abre paso a esquemas de autofinanciamiento e incentivos salariales, pero que condiciona el acceso a los beneficios más significativos al cumplimiento de obligaciones fiscales y metas de desempeño.
La norma, emitida conjuntamente por los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación, afecta a unas 2,443 unidades presupuestadas en todo el territorio nacional que agrupan más del 50% de la fuerza laboral activa del sector estatal.
Berta Iris Rojas Gatorno, directora de políticas financieras del Ministerio de Finanzas y Precios, calificó la medida de "alto impacto" y precisó que alcanza a todos los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales presupuestadas y administraciones locales del Poder Popular.
El decreto introduce por primera vez una definición jurídica para el sector presupuestado y le otorga personalidad jurídica a su gestión financiera. "Ante este decreto no existía una definición jurídica para este sector presupuestado", subrayó Rojas Gatorno, lo que evidencia el carácter improvisado de buena parte de la arquitectura institucional del Estado cubano durante décadas.
Uno de los cambios más relevantes es la descentralización: los jefes de organismos reciben mayores facultades para aprobar actividades autofinanciadas, atribución que antes estaba concentrada en el Ministerio de Finanzas y Precios. Sin embargo, estas actividades deberán cumplir con sus obligaciones fiscales y planificar aportes al presupuesto estatal, lo que limita de entrada la autonomía real que se anuncia.
Las unidades con "tratamiento especial" podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y determinar su propio sistema salarial. Aquellas que se autofinancien totalmente podrán incluso solicitar su conversión en empresa estatal socialista. Pero aquí aparece la contradicción central del decreto: este tratamiento especial queda explícitamente excluido de los sectores de salud y educación, precisamente los que concentran más trabajadores y registran los peores salarios.
Los maestros cubanos ganan el equivalente a unos diez dólares al mes y los médicos apenas 16 dólares, mientras el costo de vida para cubrir necesidades básicas oscila entre 25,000 y 50,000 pesos cubanos mensuales, frente a un salario promedio del sector presupuestado de unos 5,900 pesos en 2025.
En materia laboral, el decreto establece que los cargos no vinculados directamente a la actividad específica de cada entidad no podrán superar el 30% del total de la plantilla. Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que "cuando se diseña la estructura y la plantilla de cargos de una unidad presupuestada tiene que ser con racionalidad".
Las unidades que no se autofinancien completamente podrán implementar sistemas de pago para todos sus trabajadores, eliminando una restricción anterior que limitaba estos incentivos solo a quienes participaban directamente en la producción. "Se rompe ese límite y abarca a todos los trabajadores", afirmó Sarmiento Cabaras.
El paquete normativo entrará en vigor 30 días después de su publicación y establece un plazo de hasta un año para su implementación completa. Durante ese período, las entidades deberán reorganizar sus estructuras y proponer al Ministerio de Finanzas y Precios aquellas unidades susceptibles de tratamiento especial.
El decreto llega en el peor momento económico de Cuba desde el Período Especial: el PIB acumula una caída superior al 15% desde 2020, con una contracción del 5% solo en 2025, y proyecciones independientes estiman una caída adicional del 7.2% en 2026. Los sectores con más trabajadores y peores condiciones salariales quedan, una vez más, fuera de los beneficios más sustanciales de la reforma.
Preguntas frecuentes sobre el Decreto 127 y su impacto en el sector estatal cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce el Decreto 127 en las entidades estatales cubanas?
El Decreto 127 introduce una mayor descentralización en la gestión de las entidades estatales, permitiendo actividades autofinanciadas y otorgando personalidad jurídica a su gestión financiera. Sin embargo, estas actividades están condicionadas al cumplimiento de obligaciones fiscales y metas de desempeño.
¿Cuál es el impacto del Decreto 127 en sectores como salud y educación en Cuba?
El Decreto 127 excluye a los sectores de salud y educación de los beneficios más significativos como el tratamiento especial que permite generar utilidades y establecer su propio sistema salarial. Esto deja a los trabajadores de estos sectores, que ya enfrentan salarios extremadamente bajos, fuera de las mejoras salariales y de gestión propuestas por el decreto.
¿Cómo afecta el Decreto 127 a los salarios de los trabajadores estatales en Cuba?
El Decreto 127 permite que las unidades estatales con "tratamiento especial" determinen su propio sistema salarial y generen utilidades. Sin embargo, esta medida no se aplica a los sectores de salud y educación, que son los más grandes y con los peores salarios en el país.
¿Cuál es el contexto económico en el que se implementa el Decreto 127 en Cuba?
El Decreto 127 se implementa en un momento de crisis económica sin precedentes en Cuba, con una caída del PIB superior al 15% desde 2020. La medida busca reorganizar el sector estatal, que concentra más del 50% de la fuerza laboral activa, pero enfrenta dificultades debido a la brecha entre los salarios estatales y el alto costo de vida.
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