Vídeos relacionados:
Las principales cadenas hoteleras y entidades financieras españolas con presencia en Cuba enfrentan el riesgo de sanciones millonarias por parte de la administración Trump tras la entrada en vigor de un nuevo marco sancionatorio que, por primera vez, apunta directamente a empresas extranjeras que operan con el régimen cubano.
La Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, amplía radicalmente el alcance del embargo estadounidense al autorizar a los secretarios de Estado y del Tesoro a sancionar a cualquier empresa o persona extranjera que opere en los sectores energético, de defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, o que realice transacciones con el Gobierno de la isla o entidades sancionadas, según detalla el despacho internacional Squire Patton Boggs en una nota a clientes recogida por ABC.
Hasta ahora, las empresas europeas sin vínculos con Estados Unidos estaban en gran medida protegidas de sanciones directas. Ese escudo ha desaparecido.
Marco Rubio designó formalmente el 7 de mayo al holding militar GAESA —que según Washington controla aproximadamente el 40% de la economía cubana— junto a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y a la minera Moa Nickel S.A.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó un plazo hasta el 5 de junio para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren todas sus operaciones con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias.
La clave del riesgo para las españolas es precisamente GAESA: casi toda la infraestructura hotelera cubana está controlada por Gaviota, su brazo turístico, lo que convierte a las cadenas en socios directos del conglomerado sancionado.
Según datos del ICEX correspondientes a mayo de 2025, las empresas turísticas españolas gestionaban unas 30,000 habitaciones en Cuba, siendo España «el líder indiscutible» en hoteles de cuatro y cinco estrellas.
Las marcas presentes incluyen Meliá, Iberostar, Barceló, Roc, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis. En el sector financiero, Banco Sabadell y una entidad de Javier Botín llamada Alto Cedro también tienen exposición en la isla.
Meliá ya cerró el 50% de su capacidad operativa en Cuba durante el primer trimestre de 2026, con más de 5,000 habitaciones fuera de servicio, una ocupación media del 34,1% y un beneficio neto que cayó un 68%.
El efecto más inmediato en el plano internacional lo protagonizó la minera canadiense Sherritt International, que el 7 de mayo anunció el cese inmediato de todas sus operaciones directas en Cuba e inició la repatriación de empleados, alegando que la orden ejecutiva hace «materialmente imposible» mantener operaciones normales en la isla.
José María Viñals, socio en Squire Patton Boggs, advierte que «desde el punto de vista jurídico es un cambio importante ya que Estados Unidos se dota de un arma que podrá usar como quiera» y que «muchas empresas se pensarán si les vale la pena continuar» operando en Cuba ante el mayor escrutinio de bancos, aseguradoras y socios.
Ignacio Aparicio, socio responsable del Cuban Desk en Andersen, enumera las preocupaciones concretas de las compañías: «La validez y continuidad de sus contratos con entidades vinculadas a Gaesa; el riesgo personal de sus directivos respecto a los visados de entrada a EE.UU.; y la posición de sus bancos y aseguradoras ante operaciones en curso. Este no es un riesgo hipotético ni lejano ni jurídicamente sencillo».
Aparicio prevé una retirada gradual y selectiva de empresas españolas, aunque no total, y advierte que la presión norteamericana «coloca al Gobierno español en una posición incómoda frente a Washington, añadiendo una dimensión política que las empresas no pueden ignorar al valorar su estrategia en la isla».
Viñals concluye que estas nuevas sanciones van a «desincentivar aún más la inversión en Cuba» y que «Europa tendrá que decidir si protege a las empresas europeas y se enfrenta a Estados Unidos», pues dispone de algunos mecanismos legales para intentar impedir el cumplimiento de posibles sanciones a sus compañías.
Archivado en: