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La frase utilizada por Jeremy Lewin —“el régimen debe devolver estos recursos al pueblo cubano”— abre una discusión que hasta hace pocos años parecía reservada a escenarios puramente teóricos: ¿podrían los activos internacionales de GAESA convertirse algún día en la base financiera de una transición cubana?
La pregunta no es menor. Las transiciones políticas modernas suelen enfrentar un problema inmediato: cómo sostener económicamente el funcionamiento básico del Estado mientras se reorganizan las instituciones, se estabiliza la seguridad interna y se intenta evitar el colapso administrativo.
En muchos países, la supervivencia inicial de los gobiernos de transición dependió precisamente de fondos extraordinarios, ayuda internacional o activos recuperados de las antiguas estructuras de poder.
Ese antecedente explica por qué algunos analistas consideran que la presión actual sobre GAESA podría tener un componente adicional: empezar a construir las bases financieras de un eventual “día después” en Cuba.
Si un escenario así llegara a producirse, una de las primeras prioridades sería garantizar continuidad institucional mínima. Eso incluiría salarios para funcionarios públicos, personal sanitario, técnicos eléctricos, administración civil, servicios básicos e importaciones urgentes de alimentos y combustible.
Sin liquidez inmediata, incluso una transición políticamente exitosa podría derivar rápidamente en caos administrativo.
Pero probablemente el desafío más delicado sería el de la seguridad interna.
Toda transición enfrenta el problema de qué hacer con los aparatos coercitivos del antiguo régimen. En el caso cubano, el debate inevitablemente incluiría estructuras vinculadas al MININT, órganos de inteligencia y sectores militares asociados a GAESA.
Las experiencias internacionales muestran que desmontar completamente esos aparatos de forma abrupta puede generar riesgos severos de inestabilidad. Por esa razón, numerosos procesos de transición recurrieron a fórmulas intermedias: reformas graduales, integración parcial de cuadros no implicados en violaciones graves y programas de retiro o desmovilización financiados por el propio Estado.
Sudáfrica, algunos países de Europa del Este e incluso procesos latinoamericanos posteriores a dictaduras militares utilizaron mecanismos similares para evitar fracturas violentas.
En un escenario hipotético para Cuba, parte de los activos recuperados podría destinarse precisamente a ese objetivo: financiar jubilaciones anticipadas, retiros obligatorios o compensaciones para oficiales y funcionarios no vinculados directamente a delitos de sangre o represión violenta comprobada.
La lógica detrás de esas medidas no sería premiar estructuras represivas, sino reducir incentivos para una resistencia interna desestabilizadora.
Otro posible destino de esos recursos sería la creación de nuevas fuerzas policiales y de seguridad profesionalizadas. Cualquier gobierno de transición necesitaría construir rápidamente estructuras capaces de garantizar orden público, control fronterizo y seguridad institucional sin reproducir los métodos represivos del aparato anterior.
Eso requeriría:
- entrenamiento;
- salarios competitivos;
- supervisión;
- modernización tecnológica;
- y posiblemente cooperación internacional.
También surgiría inevitablemente la cuestión de las reparaciones.
Uno de los grandes debates de la justicia transicional contemporánea gira alrededor de cómo indemnizar a víctimas de persecución política, confiscaciones, prisión o violencia estatal.
Chile, Argentina, Alemania tras la reunificación y otros procesos internacionales desarrollaron programas de compensación económica y reconocimiento institucional para sectores afectados por la represión.
En Cuba, un escenario de ese tipo podría incluir:
- presos políticos;
- familiares de víctimas;
- afectados por confiscaciones;
- exiliados;
- personas con secuelas físicas o psicológicas derivadas de la represión;
- y víctimas de episodios como el 11J.
El problema es que las necesidades potenciales serían enormes y los recursos, incluso en el mejor escenario, probablemente limitados frente al deterioro acumulado de la economía cubana.
Ahí aparece otra dificultad central: quién administraría esos fondos.
La experiencia internacional demuestra que la legitimidad del proceso resulta tan importante como la recuperación misma de los activos.
Un fondo controlado exclusivamente desde el exterior podría generar rechazo interno. Pero una administración completamente improvisada dentro de Cuba también enfrentaría riesgos de corrupción, captura política o luchas de poder.
Por eso algunos modelos internacionales recurrieron a mecanismos mixtos:
- supervisión internacional;
- auditorías externas;
- fondos fiduciarios;
- y participación de organismos multilaterales.
Nada de eso sería sencillo en el caso cubano.
Además, existirían enormes desafíos legales. Bancos extranjeros, acreedores, empresas asociadas y terceros involucrados podrían disputar durante años la titularidad de activos vinculados a GAESA.
Parte importante de los fondos podría permanecer congelada en litigios internacionales antes de llegar efectivamente a cualquier administración cubana.
Aun así, la discusión ya parece haber cambiado de nivel.
Durante décadas, el debate internacional sobre Cuba se concentró en sanciones, embargo y presión diplomática. La frase de Lewin introduce otra dimensión: la idea de que el patrimonio acumulado por el conglomerado militar cubano podría convertirse algún día en un instrumento de reconstrucción nacional.
Eso no significa que exista un plan definido ni una transición inminente. Pero sí sugiere algo políticamente relevante: Washington empieza a hablar no solo de castigar al régimen, sino de cómo podría financiarse eventualmente el país después de él.
Y quizá ahí resida el verdadero alcance de la frase “devolver los recursos al pueblo cubano”: no únicamente en el castigo económico a una élite militar, sino en la posibilidad de convertir esos recursos en la base financiera de una futura reorganización del Estado cubano.
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