Vídeos relacionados:
Jeremy P. Lewin, subsecretario interino de Estado y uno de los principales asesores del secretario Marco Rubio, exigió este sábado que el régimen cubano devuelva al pueblo los recursos que el conglomerado militar GAESA ha acumulado durante décadas en cuentas bancarias secretas en el exterior.
En una declaración publicada en su cuenta de X , el Subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa marcó un nuevo escalón en la presión de Washington sobre La Habana.
«El sistema comunista de Cuba es una cruel mentira. Mientras el pueblo sufre hambre, pobreza y represión, las élites corruptas del régimen han canalizado los recursos del país a una red secreta de cuentas bancarias en el extranjero para su beneficio personal. ¡Basta ya!», escribió Lewin, antes de añadir la frase que concentra la exigencia política de la administración Trump: «El régimen debe devolver estos recursos al pueblo cubano».
Lewin precisó que las nuevas sanciones de Rubio contra GAESA, anunciadas el 7 de mayo al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo, son las primeras en apuntar explícitamente a los fondos ilícitos del conglomerado en el exterior y a las entidades financieras extranjeras que los albergan «en cualquier parte del mundo».
La magnitud de lo que Washington reclama es colosal. Según la propia orden ejecutiva, GAESA acumula entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en activos en el exterior, y sus ingresos «probablemente superan en más de tres veces el presupuesto del Estado» cubano.
Documentos internos filtrados en agosto de 2025 revelaron 14,467 millones de dólares en depósitos bancarios internacionales y beneficios de 2,100 millones sobre ingresos de 5,563 millones, un margen del 38%.
El propio Rubio describió al conglomerado como «una empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno» y que no destina recursos a la población.
GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana —hoteles, gasolineras, supermercados, casas de cambio, el único operador de internet de la isla y el Banco Financiero Internacional— y opera en opacidad total: en 2024, la contralora del Estado fue despedida tras 14 años en el cargo por admitir públicamente que no tenía acceso a sus finanzas.
La exigencia de Lewin tiene precedentes en procesos de transición política. Tras la caída de Gadafi en 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU congeló más de 34,000 millones de dólares en activos del régimen libio.
En Rumanía, tras la caída de Ceaușescu en diciembre de 1989, el Estado recuperó el control patrimonial del régimen, aunque de forma incompleta.
La Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR) del Banco Mundial y la UNODC establece que los procesos más exitosos combinan auditorías forenses, cooperación internacional, congelamiento rápido y reformas legales.
Lo que distingue el caso cubano es que EE. UU. aplica esta presión sobre un régimen aún en el poder, no en una transición postcaída, lo que convierte la declaración de Lewin en una advertencia política tanto como en una hoja de ruta técnica para la recuperación de activos.
La presión se intensifica en múltiples frentes simultáneamente: las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM paralizaron reservas hacia Cuba tras las sanciones; el director de la CIA se reunió en La Habana con altos mandos de la Inteligencia del régimen; y el Departamento de Justicia anunció una acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cortar sus operaciones con GAESA o enfrentar sanciones secundarias, un ultimátum que convierte la exigencia de Lewin en una cuenta regresiva con consecuencias concretas para el entramado financiero del régimen.
Archivado en: