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Cuando Jeremy Lewin afirmó que “el régimen debe devolver estos recursos al pueblo cubano”, la frase pareció abrir una puerta poco habitual en el discurso sobre Cuba: la posibilidad de una futura recuperación internacional de activos asociados a GAESA y a la élite militar del régimen.
Aunque el escenario esbozado por el subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa —y uno de los principales asesores del secretario Marco Rubio—, todavía pertenece al terreno hipotético, no sería un fenómeno nuevo en la política internacional.
Durante las últimas décadas, gobiernos, organismos multilaterales y sistemas judiciales han desarrollado mecanismos específicos para rastrear, congelar y eventualmente recuperar fortunas vinculadas a regímenes autoritarios, corrupción estatal o redes de lavado de dinero.
La experiencia internacional demuestra, sin embargo, que esos procesos suelen ser mucho más complejos de lo que aparentan.
El primer paso normalmente consiste en identificar y aislar activos. Eso incluye cuentas bancarias, empresas pantalla, propiedades inmobiliarias, fondos de inversión y participaciones corporativas distribuidas en múltiples jurisdicciones.
Para ello se requiere cooperación financiera internacional, acceso a inteligencia bancaria y marcos legales que permitan justificar medidas cautelares.
Ahí entra en juego uno de los instrumentos más importantes creados en las últimas décadas: la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR), impulsada por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El programa fue diseñado precisamente para ayudar a rastrear fortunas extraídas ilícitamente de países mediante corrupción o abuso de poder.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción también establece principios de cooperación internacional orientados a facilitar la recuperación de activos públicos desviados hacia el exterior.
Sin embargo, una cosa es congelar fondos y otra muy distinta lograr que regresen efectivamente al país de origen.
El caso de Libia ilustra bien esa dificultad. Tras la caída de Muamar Gadafi en 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU congeló más de 34,000 millones de dólares vinculados al régimen libio. Parte importante de esos activos permaneció durante años inmovilizada en bancos extranjeros mientras distintas facciones políticas reclamaban legitimidad sobre ellos.
La comunidad internacional descubrió entonces un problema recurrente: cuando un régimen cae, no siempre existe consenso inmediato sobre quién representa legalmente al Estado.
Irak ofrece otro precedente todavía más relevante para el caso cubano. Después de la invasión de 2003 y la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos y organismos internacionales impulsaron el Fondo de Desarrollo para Irak, que administró ingresos petroleros y activos recuperados para financiar reconstrucción institucional, salarios públicos y operaciones básicas del nuevo aparato estatal.
Ese precedente resulta especialmente interesante porque conecta directamente con la discusión que empieza a emerger alrededor de GAESA: la idea de utilizar activos recuperados no solo como castigo político, sino como herramienta financiera para sostener una transición.
Más que Irak o Libia, el precedente más cercano para Cuba podría estar desarrollándose actualmente en Venezuela, donde activos congelados, ingresos petroleros y recursos externos comenzaron a ser administrados mediante esquemas híbridos de supervisión internacional y control financiero condicionado.
La experiencia venezolana demuestra que las sanciones modernas ya no buscan únicamente castigar gobiernos, sino también condicionar quién administra recursos estratégicos y bajo qué legitimidad política se utilizan.
Europa del Este también dejó lecciones importantes. Tras la caída de Nicolae Ceaușescu en Rumanía y el colapso de otros regímenes comunistas, numerosos gobiernos intentaron rastrear fondos ocultos y propiedades controladas por las antiguas élites.
Sin embargo, en el escenario postcomunista europeo los resultados fueron desiguales. En muchos casos, parte considerable de los activos desapareció antes de que pudieran activarse mecanismos legales de recuperación.
La experiencia mostró otro problema central: las dictaduras rara vez concentran su patrimonio bajo nombres fácilmente identificables. Utilizan redes empresariales, testaferros, paraísos fiscales y estructuras financieras complejas diseñadas precisamente para dificultar el rastreo.
Por eso la ofensiva actual contra GAESA parece prestar especial atención a entidades financieras extranjeras y operadores internacionales. La estrategia estadounidense no se limitaría únicamente a presionar al conglomerado militar cubano, sino también a desincentivar cualquier colaboración con sus estructuras financieras globales.
Las sanciones secundarias cumplen un papel clave en esa arquitectura. Funcionan como mecanismo de coerción indirecta: obligan a bancos, navieras y empresas extranjeras a elegir entre mantener relaciones con entidades sancionadas o preservar acceso al sistema financiero estadounidense.
En los últimos años, ese instrumento se ha convertido en una de las herramientas más poderosas de Washington para aislar actores estatales considerados hostiles.
Pero incluso si se lograra identificar y congelar activos vinculados a GAESA, surgirían enormes obstáculos jurídicos y políticos.
¿Bajo qué figura legal podrían ser decomisados? ¿Quién administraría esos recursos? ¿Qué gobierno sería reconocido internacionalmente como destinatario legítimo? ¿Cómo se evitaría que los fondos terminaran nuevamente capturados por redes de corrupción?
La historia reciente muestra que no existen respuestas simples.
En algunos países, los activos recuperados fueron parcialmente utilizados para reconstrucción institucional. En otros, terminaron atrapados durante años en litigios internacionales. También existen casos donde la disputa por el control de esos fondos agravó conflictos internos y luchas de poder.
Precisamente por eso la frase de Lewin adquiere tanta relevancia política. Porque introduce una lógica que trasciende las sanciones convencionales y se acerca al terreno de las transiciones estatales: la idea de que el patrimonio acumulado por una estructura de poder podría convertirse en objeto de restitución nacional.
La gran incógnita ya no sería únicamente si existen activos suficientes en el exterior, sino qué ocurriría con ellos en un eventual escenario de cambio político en Cuba.
Y esa pregunta conduce inevitablemente a otra todavía más sensible: si esos recursos fueran recuperados algún día, ¿cómo podrían utilizarse para financiar el “día después”?
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