Luego de que el Departamento de Justicia presentara este miércoles una acusación formal contra el exdictador cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, la Casa Blanca publicó un mensaje con mayúsculas: «Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan a sus ciudadanos».
El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano, en una fecha cargada de simbolismo: el 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.
«Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia», declaró Blanche, quien resumió la posición del gobierno con una frase tajante: «Si matas estadounidenses, te perseguiremos».
El presidente Trump declaró al respecto que «Estados Unidos no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo noventa millas del territorio estadounidense».
Los cargos contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato. La acusación fue devuelta por un gran jurado reunido en Miami el 23 de abril de 2026 y desclasificada este miércoles.
Junto a Castro fueron acusados cinco militares cubanos, todos pilotos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
Este último, ex piloto de la Fuerza Aérea cubana de 64 años, ya se encuentra bajo custodia estadounidense: fue arrestado el martes acusado de fraude migratorio y declaraciones falsas ante una agencia federal, por haber ocultado su historial militar al solicitar residencia permanente en abril de 2025.
Las cuatro víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, todos residentes de Miami —tres ciudadanos estadounidenses y uno residente legal—, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.
Según la acusación, las dos avionetas Cessna 337 Skymaster desarmadas fueron derribadas por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, mientras realizaban labores de búsqueda y rescate de balseros cubanos. Una tercera avioneta, pilotada por José Basulto, fundador de la organización, logró escapar.
La pieza central del caso es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro describe la orden que impartió: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».
En el momento del derribo, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, posición que lo situaba en la cúspide de la cadena de mando militar.
La congresista María Elvira Salazar celebró la acusación con dos frases: «Es un día glorioso para los cubanos» y «Hoy comienza el fin de la familia Castro». Por su parte, Basulto reaccionó emocionado: «He deseado esto durante mucho tiempo. He deseado que se haga justicia, que la justicia se haga realidad».
El régimen cubano rechazó las acusaciones: el canciller Bruno Rodríguez calificó a Marco Rubio de «vocero de intereses corruptos y revanchistas» y la Embajada de Cuba en Washington tildó el proceso de «engaño».
La acusación tiene un alcance principalmente simbólico dado que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y Castro, de 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense. Sin embargo, el caso marca la primera vez que la justicia federal estadounidense imputa formalmente al exdictador por uno de los crímenes más graves cometidos contra ciudadanos de ese país en las últimas décadas.
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