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Al menos siete personas han sido detenidas en el municipio Guantánamo por integrar una red organizada de robo de diésel dentro del emplazamiento de un grupo electrógeno de 110 kV, según informó el perfil de Facebook «Guantánamo y su verdad», que difundió el caso a partir del testimonio de un seguidor.
Los implicados estaban vinculados directamente a la operación y protección del emplazamiento, y aprovechaban los turnos nocturnos para sustraer el combustible en más de una ocasión.
El robo y el daño encubierto
El volumen de diésel robado asciende a unos 300 litros, pero el daño real es considerablemente mayor.
Para ocultar el faltante, los autores rellenaban los motores con agua, lo que provocó la contaminación de alrededor de 900 litros adicionales de diésel que ya no pueden utilizarse.
El impacto total sobre el combustible disponible supera así los 1,200 litros entre lo sustraído y lo inutilizado, un golpe directo a la ya precaria generación eléctrica de la provincia.
La red no se limitaba a robar: existía una cadena organizada para comercializar el diésel en el mercado informal.
En al menos una de las operaciones, los involucrados se repartieron más de 50,000 pesos cubanos, cifra que refleja el altísimo valor que ha alcanzado el combustible en medio de la crisis energética.
La reacción ciudadana: Entre la condena y la desconfianza
La publicación generó una amplia reacción en redes sociales, con tres corrientes de opinión predominantes.
La mayoría condena el robo y exige sanciones severas: «Que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables», escribió un usuario. Otros apuntan a la responsabilidad institucional: «Hace falta más control y supervisión; no solo sancionar a los trabajadores, sino también a quienes debían vigilar».
Una tercera corriente vincula el fenómeno a la crisis económica sin eximir a los autores: «La crisis económica empuja a algunas personas a cometer delitos, aunque eso no los exime de responsabilidad».
Pero quizás el comentario que mejor resume el estado de opinión es el más escueto: «La palabra que explica estos hechos es una sola: descontrol».
La desconfianza hacia la capacidad del régimen para erradicar estas prácticas también quedó plasmada en otra reflexión que circuló ampliamente: «Lo preocupante es que se castigue a los obreros mientras los jefes terminan sin consecuencias».
Un contexto de apagones extremos
El caso ocurre en una de las provincias más castigadas por la crisis eléctrica cubana. En abril de 2026, vecinos de Guantánamo protestaron por cortes que solo les dejaban electricidad entre 45 minutos y una hora al día.
En mayo de 2026, la crisis energética obligó a repartir leche sin pasteurizar por falta de combustible para los calderos, y el déficit eléctrico nacional superó los 2,100 MW, agravando los apagones en toda la provincia.
En ese escenario, los grupos electrógenos diésel se convirtieron en la última línea de defensa para sostener hospitales y servicios vitales, lo que hace que el robo de combustible en estos emplazamientos tenga un impacto inmediato y directo sobre la población.
Un fenómeno extendido en toda Cuba
El caso de Guantánamo no es aislado. El MININT identificó los grupos electrógenos como uno de los principales focos de robo de combustible en el país, y entre enero y agosto de 2025 se recuperaron 350,000 litros de combustible robado en todo el territorio nacional.
En agosto de 2025, cuatro personas fueron detenidas en Holguín por robar 411 litros de diésel del grupo electrógeno de ETECSA en Cacocum, con cargos de sabotaje. En octubre de 2025, un programa estatal destapó otra red de robo en grupos electrógenos en La Habana, donde el combustible se almacenaba en viviendas y se vendía a transportistas privados.
CUPET reconoció públicamente que en estos robos participan trabajadores, custodios, jefes de brigada y directivos de las propias entidades estatales.
El Código Penal cubano de 2022 tipifica el sabotaje a instalaciones energéticas con penas de entre siete y 30 años de prisión en sus formas agravadas.
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