La crisis alimentaria obliga al régimen cubano a cambiar las reglas del campo

La profunda crisis alimentaria que atraviesa Cuba obligó al gobierno a anunciar este jueves una de las reformas más amplias del sector agropecuario en décadas que incluyen una profunda transformación de las normas que regulan la agricultura, ampliar derechos de usufructo, descentralizar precios y otorgar mayores libertades comerciales a cooperativas y productores.

Entre las 176 transformaciones económicas y sociales presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Eje 7 concentra medidas destinadas a flexibilizar la gestión de la tierra, ampliar las facultades de los productores y reducir algunos de los controles que durante años han marcado la actividad agrícola, destacó el reporte del diario oficial Granma.

Las nuevas disposiciones mantienen el principio de que la tierra pertenece a todo el pueblo, pero amplían considerablemente las posibilidades de usufructo.

Personas naturales, empresas estatales, privadas, mixtas y otras formas de gestión podrán solicitar tierras por tiempo indeterminado para actividades agropecuarias, forestales, tabacaleras, así como para proyectos de eco y agroturismo.

La reforma elimina además uno de los requisitos tradicionales del sistema, la obligación de que el usufructuario trabaje de manera directa y estable la tierra.

También faculta a la empresa estatal administradora de los terrenos para entregarlos mediante contratos y autoriza la asignación de tierras en usufructo a las Cooperativas de Producción Agropecuaria, previa aprobación de sus asambleas generales.

Las medidas llegan poco después de que el presidente Miguel Díaz-Canel reconociera públicamente la gravedad de la situación alimentaria del país durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista efectuado el miércoles.

En la reunión, el gobernante afirmó que "no hay soberanía con el plato vacío" y elevó la alimentación a la categoría de asunto de seguridad nacional.

También anunció que las tierras improductivas deberían ponerse a producir o ser entregadas a quienes estuvieran dispuestos a trabajarlas.

La transformación alcanza igualmente al modelo de gestión de las cooperativas. Estas podrán importar y comercializar combustible, realizar operaciones de comercio exterior de forma directa, gestionar financiamientos externos, abrir cuentas bancarias en el extranjero y acceder a nuevas vías para la adquisición de tecnologías e insumos.

Otro de los cambios más relevantes es la flexibilización de la comercialización agropecuaria y la formación de precios. El gobierno propone descentralizar la fijación de precios y permitir que estos sean acordados entre productores y compradores, una rectificación que llega después de que el propio Díaz-Canel admitiera recientemente que los topes de precios no lograron contener la inflación y, en muchos casos, provocaron desabastecimiento y distorsiones en el mercado.

Las nuevas reglas también reconocen un papel más amplio para los mecanismos de mercado. Todos los actores económicos podrán comercializar insumos y equipos agropecuarios tanto en pesos como en divisas, mientras se fomentará la creación de mercados especializados donde participen personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras.

La reforma contempla además incentivos fiscales para quienes importen y comercialicen insumos agrícolas y la creación de mecanismos bancarios que faciliten las transacciones en moneda extranjera, incluyendo pagos electrónicos, transferencias y operaciones con tarjetas magnéticas.

Las medidas complementan el Proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal divulgado este mes por la Asamblea Nacional, que ya proponía ampliar algunos derechos de usufructo y flexibilizar determinados aspectos de la gestión agrícola, aunque mantiene intacto el principio de propiedad estatal sobre la tierra y fuertes restricciones sobre su transmisión y comercialización.

La urgencia de las reformas está directamente relacionada con el deterioro de la producción nacional. Según datos citados por las propias autoridades, Cuba produce apenas una fracción de los alimentos que necesita, importa entre el 70 % y el 80 % de lo que consume y enfrenta un escenario en el que amplios sectores de la población tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

En ese contexto, la ampliación de derechos para productores y cooperativas constituye un reconocimiento implícito de que el modelo agrícola vigente no ha logrado garantizar el abastecimiento del país.

El desafío para las autoridades será ahora convertir estas nuevas facultades en resultados concretos en los campos cubanos, donde décadas de controles, falta de insumos y escasos incentivos han contribuido al colapso productivo que hoy obliga al régimen a replantear las reglas del sector.