Miguel Díaz-Canel cerró este jueves la sesión parlamentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) prometiendo a los cubanos que verán mejoras en su vida cotidiana, pero solo «si trabajamos bien» las 176 transformaciones económicas aprobadas por el régimen.
El VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, celebrado los días 29 y 30 de julio en el Palacio de las Convenciones de La Habana, sirvió como primer balance parlamentario formal de la implementación de esas reformas, aprobadas en sesión extraordinaria el 18 de junio como «agenda económica y social de emergencia».
El gobierno informó que 110 de las 121 medidas programadas para junio y julio ya estaban aprobadas, lo que equivale a un avance del 90,9%: y reconoció que poseen «más elementos de propiedad privada, de producción privada, de capitalismo y de mercado».
A pesar de la naturaleza pro-mercado de las reformas, Díaz-Canel insistió en que no responden a presiones externas: «No se adoptan para complacer a Estados Unidos», afirmó, calificándolas de «fruto de una decisión soberana de Cuba».
La contradicción entre el discurso oficial y el contenido real de las medidas quedó en evidencia durante el propio debate parlamentario, cuando un diputado admitió abiertamente que «aunque parezca» capitalismo, «es lo que estamos haciendo».
El paquete de 176 medidas, agrupadas en 23 ejes temáticos, incluye la apertura a la banca privada y casas de cambio privadas, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, la posibilidad de que una persona sea titular de varias empresas privadas, y la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado.
También contempla la eliminación de topes de precios y un aumento del salario mínimo en el sector presupuestado, de 2,100 a 3,210 pesos mensuales, una cifra que en la práctica representa apenas unos pocos dólares al cambio informal.
En la sesión de este jueves, la ANPP aprobó cuatro leyes estructurales: la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que reduce los organismos de 27 a 21 —20 ministerios y el Banco Central—; la Ley de la Vivienda, que reconoce el derecho a poseer hasta dos inmuebles y amplía el rol del sector privado en la construcción; el Código de Trabajo, que incorpora figuras como el teletrabajo, la desconexión digital y el pluriempleo; y la Ley del Sistema de Identidad y Domicilio.
Además, la ANPP derogó la Ley No. 183 de diciembre de 2025, con lo que el mandato de los delegados municipales vuelve a ser de cinco años según establece la Constitución.
El contexto en que se producen estas reformas es el de la peor crisis económica que atraviesa Cuba en décadas, agravada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, lo que privó al régimen de su principal aliado en Venezuela.
Díaz-Canel había reconocido en julio que el régimen recurrió al capitalismo como herramienta para enfrentar la crisis, aunque la narrativa oficial insiste en que el objetivo es «perfeccionar» el socialismo, no abandonarlo.
Las promesas de mejora llegan a una población que sufre apagones prolongados, escasez generalizada de alimentos y medicamentos, y un éxodo sin precedentes, mientras el régimen pide paciencia y condiciona cualquier beneficio a la correcta ejecución de unas medidas que, según sus propios diputados, tienen todo el aspecto del capitalismo que durante décadas denunciaron.
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