Los temerosos leales frente a los inconformes libres

Si en lugar de años de dogma y populismo los cubanos hubiésemos aprendido sobre el origen y funcionamiento de los parlamentos modernos, la dictadura castrista no podría presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular —colmada de consignas vacías, carente de pluralismo político y de una auténtica capacidad de control y fiscalización sobre el Ejecutivo— el grupo de tanques pensantes llamado a salvar a la nación de la mayor crisis económica, política y social que enfrenta Cuba desde 1959. Esos y otros pensamientos me acompañan mientras me balanceo en el sillón de Ikea de mi sala en Madrid. No es el de mi abuela, pero ayuda a mantenerme conectada a mi cubanía.

Lamentablemente, los cubanos nacidos tras la tragedia revolucionaria no hemos sido educados para comprender la importancia del poder legislativo; quizás por ello obviamos cuanto ocurre en la Asamblea. La indiferencia encuentra aliados fuertes en la escasez, la insalubridad y la caída del Sistema Electroenergético Nacional, que nos mantienen ocupados día y noche en sobrevivir, sin entender, por momentos, que hoy sobrevivir significa también estar involucrados.

La historia ha demostrado que, en sociedades libres, el Parlamento es el lugar donde funcionarios democráticamente elegidos de distintos grupos políticos actúan como servidores públicos, conscientes de su responsabilidad, y aprueban leyes para encontrar soluciones a los problemas ciudadanos. Entre sus funciones destacan la fiscalización del gasto público contraído por el Poder Ejecutivo y el control de su implementación. Después de todo, los fondos con los que cuenta el Estado no son propios, sino nuestros: el resultado de los impuestos que nos cobran por el trabajo que realizamos.

En resumen, el Parlamento debería ser uno de los centros del poder real de una nación: el espacio donde se reconocen los problemas planteados por la sociedad civil y se aprueban las leyes destinadas a solucionarlos, mientras se exige al partido que ostenta el poder Ejecutivo que rinda cuentas sobre las medidas adoptadas y los recursos empleados.

Nuestro Parlamento, en cambio, traiciona esa misión al negar nuestra existencia precaria para sostener las ideas del Ejecutivo que debería cuestionar y controlar. Los análisis planteados y sus voceros intentan reemplazar el debate propio de los espacios políticos de las democracias plenas por una suerte de señuelo destinado a convencer a Occidente de una libertad inexistente en la Isla.

La fragilidad de su poder como institución no consiste en el desconocimiento de las funciones que le competen, sino en la ausencia del principio básico de conformación pluralista. Al no estar integrado por políticos de diferentes corrientes ideológicas, no existen contradicciones sustanciales en la forma de plantear o ejecutar la ley entre sus diputados. Nadie refuta ni cuestiona opiniones ajenas; más bien intervienen para corroborar planteamientos previos y demostrar confianza en los mismos actores políticos que han conducido al país hacia la miseria más extrema.

Mientras la puesta en escena cobra vida, las redes sociales se desbordan con comentarios cuyo denominador común es la falta de valentía de los diputados cubanos para confrontar a ministros o jefes de comisiones que mal ejecutan sus funciones. Sin embargo, mi impresión dista de esa evaluación tan simple: ¿carecen de valentía o carecen de voluntad política e interés en defender al pueblo? Esa es quizás la pregunta clave que debemos hacernos.

Después de todo, en Cuba los parlamentarios no son elegidos directamente por nosotros, sino designados mediante un proceso controlado por la cúpula del poder castrista, a la que responden con voz y voto unánimes.

La sesión transcurre como otras de su tipo en esta legislatura: el presidente de la Asamblea lee, sin entonación, hasta las comas del discurso que trae preparado. Mientras muevo el sillón con más rapidez, mi ansiedad me vence justo cuando escucho a una diputada advertir sobre el papel de las redes sociales y responsabilizarlas de la ruptura inevitable entre Estado y ciudadanía.

Mis exclamaciones en voz alta llaman la atención de todos en casa. Olvido que estoy a 9.000 kilómetros de distancia y me indigno como si estuviera sentada en el sillón de mi abuela en La Habana.

Intento explicar mi exabrupto mientras le cuento a mi esposo la intervención de esta diputada holguinera, quien evita temas de profunda sensibilidad e interés social, como el aumento de la mortalidad infantil a 9 de cada mil nacidos vivos o el aumento del envejecimiento poblacional sin tasa de reposición laboral, para dedicar sus minutos a convencernos del impacto negativo de las redes sociales en la imagen de los líderes partidistas. No cuestiona los resultados de la centralización económica ni la falta de libertades individuales como factores de la decadencia sostenida de un país que agoniza entre hospitales colapsados y olas migratorias masivas.

El desprecio con el que habla de los cubanos dispuestos a denunciar es, precisamente, una muestra del daño permanente que limita nuestra libertad de expresión. No entiende, o no quiere entender, que las personas acuden a las redes para denunciar aquello que, desde esas sillas, pretenden ocultar. Acuden porque las instituciones cubanas están destruidas y porque no existe un mecanismo, organismo o administración con capacidad de escucha activa y soluciones acordes. Acuden a pesar de la represión y la persecución política porque han elegido entre morir en silencio y morir denunciando, y han tomado la decisión de perecer apuntando con el índice al causante de tanto agravio.

Comparo inevitablemente con mi nueva realidad y poco tardo en reflexionar sobre esta reacción injustificada frente a otros espacios de pensamiento crítico donde los individuos somos libres. En el panorama cubano, durante años no se ha analizado quién o qué produce la crisis, sino quién o qué la denuncia. 

Su episodio de negación forzada me recuerda otro, tan o más vergonzoso, ocurrido apenas un año atrás: la exministra de Trabajo y Seguridad Social, sentada frente a más de 175 cubanos reunidos en la Asamblea, garantizaba que Cuba no tenía ciudadanos en situación de calle, sino oportunistas que, evitando las leyes fiscales, se disfrazaban de mendigos e inundaban nuestras ciudades.

Habla de la misma Cuba donde, para sobrevivir, los ancianos dependen de jóvenes que un día tomamos rumbos desconocidos y desde aquí garantizamos hasta los materiales quirúrgicos para cirugías de urgencia. La misma Cuba donde el salario de un médico apenas alcanza para comprar un file de huevos o dos botellas de aceite. La misma Cuba donde jamás puedes aspirar a tener una vivienda propia o un medio de transporte. La misma Cuba donde cada vez más adolescentes se vuelcan a las drogas para escapar de una realidad triste pero cierta.

¿Puede alguien creer que en esa Cuba no haya necesitados, hambrientos y descalzos pidiendo en las calles un pan que llevarse a la boca? Los hay en París y en Madrid. ¿Cómo no los va a haber en Cuba?

Negar: la cualidad insigne para ser designado. Negar la miseria para no reconocer que el comunismo ha fracasado allí donde se ha aplicado. Negar la precariedad, la falta de higiene y la ausencia de compasión para, a su vez, negar la asistencia y la ayuda. Negar el origen del problema para que los cambios sean estéticos y no profundos.

Es la misma fórmula aplicada a distintos casos: negar la existencia de mendigos les quita trabajo de los hombros a los diputados, quienes no tendrán que encontrar mecanismos de atención y seguridad; negar el acceso a las redes permite controlar una denuncia que traspasa nuestra comunidad y se convierte en titular de interés en cualquier lugar del mundo.

Esta crítica a las redes sociales, sin fundamento, es la antesala de una nueva prohibición, pienso. Como si fuéramos párvulos, justifican las incontables restricciones impuestas con discursos llenos de falsa protección y aparente bienestar.

Prohibir las redes no sería una ley que me tomaría por sorpresa. Después de todo, no siempre las tuvimos. Solo estaríamos regresando a un pasado cercano en el que se nos impedía la lectura de textos literarios contrarios al sistema, la recepción de señales radiales de espacios críticos e incluso las comunicaciones vía celular y sus correspondientes servicios de datos móviles, precisamente para mantenernos ciegos ante el desarrollo del mundo y limitar nuestro acceso al conocimiento.

El tarifazo de ETECSA del año pasado tenía el mismo fin por un medio diferente: no te prohíbo explícitamente usar datos para leer la prensa independiente, pero indirectamente garantizo que no puedas acceder a ella por falta de recursos monetarios.

Contrario a lo esperado, la gente paga el paquete de datos más caro del planeta y sigue buscando refugio en ese mundo virtual que materializa la libertad que se nos niega. Ahora que ya la probaron, no pueden renunciar a ella. Aunque la libertad tenga la imagen de un teléfono viejo con mala señal, es un elixir adictivo que impide vivir sin beber de sus aguas.

Justo cuando mis pensamientos más profundos me alejan del debate, toco tierra y replico. Así han sido todos estos años: surgen leyes que restringen la libertad individual, decrece la economía y aumenta la emigración; culpan al vecino norteño del drama cubano; para aliviar la presión interna, levantan sanciones firmadas en La Habana y no en Washington; y cuando parece que habrá una apertura real, retoman la prohibición inicial.

Doce años de mi vida escuchando a los profesores decir que la revolución socialista cambia todo aquello que deba ser cambiado, para al final entender que la famosa ley marxista de la dialéctica materialista consiste en realizar constantes cambios que conducen al mismo camino ciego de centralización económica e imposición política.

En esta ocasión hay novedades. La dictadura, desesperada por la crisis interna y la presión exterior, ha escalado a un nuevo nivel y presenta con orgullo el paquete de medidas económicas guardado bajo siete llaves durante casi 15 años.

Si alguien me pidiese un título para el programa de Gobierno leído por el primer ministro Marrero, con gusto lo llamaría: Del socialismo benefactor y todopoderoso a la construcción sin precedentes del feudalismo del siglo XXI.

En palabras de sus diputados, se trata de un modelo propio que no imita el asiático, pero se inspira en sus resultados; una economía de mercado que no es capitalismo, pero que se fundamenta en el desarrollo a partir de la privatización de los medios de producción; un sistema donde todo puede cambiar menos quienes han gobernado durante casi 70 años y que hoy implementan este nuevo experimento, heredero de los Lineamientos, el Ordenamiento y el Reordenamiento. En resumen, han vuelto a crear un panfleto gavetero que, a la larga, demostrará que ningún cambio económico sin transformaciones políticas reales puede salvar a una nación del colapso total.

¿Cómo puede sostenerse una economía de mercado donde no se respeta la propiedad privada, se intervienen y regulan la producción y los precios, y no existe una verdadera ley de protección al empresario porque la ley, en sí misma, está subordinada al poder del dictador y su cúpula?

¿Quién invertiría en una nación que no ofrece seguridad jurídica ante posibles litigios y reconoce públicamente su determinación de no pagar deudas con fondos de inversión extranjeros?

¿Cómo creer que respetarán los derechos de propiedad cuando no respetan los derechos humanos básicos?

Esas son las preguntas que deberían hacerse verdaderos representantes del pueblo cubano, preocupados por sus penurias y sin compromisos con otros intereses que no sean los de sus electores.

Pero de eso no veremos nada en la Asamblea. Lo que sí vemos con claridad es el derroche de recursos puestos a disposición de quienes, al debatir sobre la economía, aplauden cualquier medida, aunque entre ellas mismas existan contradicciones.

La credibilidad crediticia que necesita Cuba para atraer inversores de todas las latitudes, cubanos y extranjeros, quedó sepultada por las decisiones irracionales del poder castrista y el respaldo ciego de diputados que no tuvieron el valor o la voluntad de impedir este frenesí de intervención del mercado, sin estudios que respaldaran sus resultados a corto, mediano y largo plazo.

No es en este tipo de plenario donde están nuestras soluciones, concluyo. Mi indignación me impide permanecer sentada. Me visto de mambisa, redentora e intransigente, y repito sin fin: Cuba tiene una sola salida y se llama libertad. Libertad para crear, para pensar, para criticar, para creer, para elegir y para expresar. Mientras las sillas se llenen con temerosos leales y no con inconformes de pensamiento libre, tendremos la misma Asamblea de alabanzas y cero debates que nos ha conducido hasta la crisis actual.