«Los trabajadores cubanos han sido víctimas de un saqueo legal», afirma economista Pedro Monreal

El economista cubano Pedro Monreal acusó al régimen de haber sometido a los trabajadores de la isla a un «saqueo legal», resultado de políticas económicas que han erosionado salarios, pensiones y ahorros, mientras los funcionarios responsables evitan asumir las consecuencias de sus decisiones.

En un análisis publicado este miércoles en la plataforma en línea Substack, Monreal sostiene que Cuba atraviesa el segundo gran fracaso de la política gubernamental de precios en apenas cinco años, después de la inflación desatada por la Tarea Ordenamiento en 2021.

El economista parte de una contradicción reciente: el gobierno anunció la eliminación de topes de precios dentro del paquete de 176 medidas regulado por la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, pero menos de dos meses después varias provincias volvieron a imponer controles.

Villa Clara, Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín han establecido «precios de referencia» o límites a los márgenes comerciales sobre alimentos básicos como aceite, huevos, leche en polvo, azúcar, pollo y arroz.

Para Monreal, trasladar ahora esas decisiones a los gobiernos locales permite al poder central tomar distancia del fracaso de su política.

«Es el nuevo ardid “técnico” de la burocracia: una versión actualizada de la “desviación del diseño” que se utilizó como hoja de parra en 2021 que permite ahora al PCC, a la presidencia y al Consejo de Ministros trasladar a las autoridades locales —con teatralidad populista— la responsabilidad de corregir el dislate de la supuesta política “liberalizadora” del gobierno central», afirmó.

El problema, según Monreal, va mucho más allá de decidir si los precios deben estar regulados o liberados. A su juicio, el gobierno insiste en tratarlos «como variables de control político, no como mecanismos de información y de ajuste económico».

El economista encuentra un paralelismo con la Tarea Ordenamiento, implementada en 2021 y acompañada ese año por una inflación oficial del 77,33%.

Entonces, las autoridades atribuyeron los problemas a una «desviación del diseño original». Cinco años después, Monreal considera que el gobierno repite el mismo patrón: intervenir sobre los precios sin resolver primero la insuficiente producción y oferta de alimentos.

«Intentar modificar los precios relativos sin haber restablecido previamente la oferta real de alimentos equivale a manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre», advirtió.

Fijar precios sin recuperar la oferta, sostiene, no elimina la escasez ni la inflación, sino que puede desplazar productos hacia el mercado informal y acumular presiones que terminan reflejándose de otras maneras.

Monreal apunta además a una de las causas estructurales del problema: la escasa inversión destinada al sector agropecuario. Durante los primeros siete años del actual gobierno, esta representó en promedio apenas el 4% de la inversión total, frente al 7% registrado entre 2008 y 2017.

Salarios y pensiones que pierden valor

El mayor costo de esas decisiones, advierte, lo están pagando los cubanos.

Tras la Tarea Ordenamiento, la remuneración de los trabajadores como porcentaje del PIB cayó a un promedio del 26,7%, frente al 35,6% registrado entre 2003 y 2020. Monreal interpreta esa reducción como «una intensificación de la extracción de excedente a favor de la acumulación estatal».

Pero detrás de esos porcentajes, insiste, existen consecuencias directas sobre familias que han visto desaparecer el valor real de sus ingresos.

«El jubilado que ahorró durante años y confió en una pensión, o el trabajador que cobra un salario y que ahora ven cómo se disuelve su poder adquisitivo no son abstracciones, son personas específicas, con situaciones familiares y con historias concretas de contribución a la sociedad, que observan como su bienestar personal y familiar se evapora», señaló.

En un país donde más del 70% del gasto familiar se destina a alimentación, la combinación de baja producción, inflación y salarios depreciados convierte cualquier nueva política de precios en un asunto directamente relacionado con la supervivencia cotidiana.

Monreal concluye responsabilizando tanto a funcionarios como a parlamentarios por decisiones económicas cuyos costos, asegura, terminan trasladándose a la población.

«Los trabajadores cubanos han sido víctimas de un saqueo legal que es resultado de las decisiones de funcionarios y parlamentarios que no se sienten responsables y que encubren su obediencia ciega a la “fuerza dirigente superior” (el PCC) y su incompetencia bajo el término técnico del momento».

Y cierra con una advertencia poco optimista sobre la posibilidad de que exista una rendición de cuentas por los resultados: «Es poco probable que asuman su responsabilidad por el desastre».