Los cubanos que entraron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One enfrentan un nuevo obstáculo legal: los jueces de inmigración recibieron una directiva formal que les prohíbe cerrar o terminar sus casos, sin importar las circunstancias. La abogada de Inmigración Liudmila Marcelo, en entrevista con Tania Costa, explicó el alcance de esta medida y las estrategias disponibles para quienes se encuentran en esta situación.
«Hace unos 10 u 11 días ya los jueces recibieron una directiva de que no pueden, bajo ningún concepto tampoco, terminar los casos», advirtió Marcelo. El proceso comenzó en Texas, donde algunos jueces extendieron una instrucción contra los cierres administrativos para también prohibir la terminación de expedientes, y desde allí se fue extendiendo al resto del país. El origen legal de esta restricción es un fallo federal dictado el 22 de junio de 2026 en el caso State of Texas v. U.S. Department of Justice, que anuló la regla de 2024 del Departamento de Justicia sobre cierre administrativo eficiente de casos migratorios.
Marcelo establece una distinción fundamental entre dos grupos de cubanos. Los que entraron con el parole humanitario 212-D5 no se ven afectados, porque el juez simplemente decide la residencia en Corte al tener jurisdicción sobre su caso. Los cubanos con CBP-One, en cambio, sí están directamente perjudicados: «Tanto los jueces que no cerraban como los que sí cerraban pues ahora está prohibido que cierren a las personas con CBP», señaló la abogada.
Las consecuencias prácticas pueden ser graves. Si a una persona con CBP-One le asignan una Corte final individual y no presentó asilo, el juez le otorga un plazo para presentar una solicitud de withholding of removal. El escenario más delicado se da cuando sí se presentó asilo pero el caso no es sólido: «Si el asilo no está fuerte pues eso implica una orden de deportación. Esa persona va a tener que apelar para seguir dando tiempo hasta que finalmente le llegue su residencia», explicó Marcelo.
Ante este panorama, la abogada recomienda dos estrategias concretas. La primera, y más importante, es solicitar al juez una nueva audiencia máster en lugar de una corte individual. «Yo le aconsejo a todo el mundo que utilice esta estrategia: que pida otra Corte máster», dijo. Según Marcelo, en su firma han logrado que los jueces concedan estas audiencias adicionales con seis meses de margen, lo que da tiempo para que llegue la residencia. Si ya existe una corte individual próxima, la recomendación es pedir aplazamiento de esa fecha.
La segunda herramienta es el mandamus, una demanda federal para obligar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a actuar. Marcelo anunció que ya comenzó a presentarlos para sus clientes y adelantó el plazo habitual para hacerlo. «Antes yo quería dos años y medio, tres. De dos y medio a tres. Pero ya ante estas circunstancias tiene que ser dos». La abogada explicó que presentar un mandamus requiere pasos previos —múltiples solicitudes a USCIS y una carta de intención de demanda— que consumen tiempo, razón por la que conviene iniciar el proceso antes.
El mandamus cumple además una función estratégica adicional: «Ya es necesario tener esa demanda pendiente para que el juez sepa que existe algo pendiente en la Corte Federal que puede traer consigo que su residencia le llegue», subrayó Marcelo.
Este contexto se suma a la saturación que viven las cortes de inmigración en Miami, desde la prohibición de las cortes por WebEx.
Archivado en:
