Cuba se muere y el régimen tiene la llave

Ayer, 8 de septiembre, los cubanos volvieron a celebrar el día de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Cachita es, para creyentes y no creyentes, uno de los símbolos más profundos de la nación cubana. Durante generaciones, los cubanos han acudido a ella cuando no han encontrado respuestas en otra parte. Le han pedido salud, protección, prosperidad y que no abandone a Cuba.

La escena resulta especialmente dolorosa este año. Mientras millones de cubanos vuelven los ojos hacia la Caridad y le piden ayuda para una nación exhausta, la vida cotidiana transcurre entre apagones cada vez más prolongados, dificultades para acceder al agua, escasez de alimentos y medicamentos y unos servicios públicos que se deterioran a ojos vista.

La crisis eléctrica ha llegado a extremos que hace pocos años parecían impensables, y el deterioro de las condiciones materiales está afectando de manera directa a familias, enfermos, ancianos y niños. Los reportes diarios de la prensa independiente describen una sociedad sometida a apagones prolongados, falta de agua y combustible, infraestructuras deterioradas y un creciente agotamiento psicológico.

No hace falta exagerar lo que ocurre. Basta con mirar cómo viven hoy los cubanos.

Y ante esa realidad, la dictadura responde con una explicación que ha repetido durante décadas: el «bloqueo» estadounidense.

Puede haber efectos reales de las sanciones. Los hay, y sería absurdo negarlo. Las restricciones comerciales y financieras pueden dificultar determinadas operaciones, encarecer transacciones y agravar problemas que ya existen.

Pero una cosa es reconocer esos efectos y otra aceptar que Estados Unidos sea responsable de todo lo que ha llevado a Cuba hasta este punto.

En los tiempos que corren, los cubanos ya saben que el bloqueo es interno, que Cuba ha podido y puede comerciar con otras naciones del mundo, y que, siempre que pague, puede comparar alimentos, medicinas, equipos médicos y productos de primera necesidad en los propios Estados Unidos.

El régimen no puede seguir evadiendo la responsabilidad de las decisiones que se tomaron en La Habana y cuyos resultados no pueden atribuirse a Washington.

La economía centralizada, el control casi absoluto de la actividad productiva, la eliminación de buena parte de los incentivos privados, la subordinación de las instituciones al poder político, así como la persecución y represión del disenso político forman parte de un sistema construido por el castrismo.

Tampoco fue Washington quien decidió durante décadas que los cubanos debían depender de un modelo incapaz de sostener por sí mismo las necesidades de la sociedad. Durante buena parte de ese tiempo hubo un respaldo externo extraordinario: primero la Unión Soviética y, años después, Venezuela. Aquellos apoyos permitieron aplazar problemas que finalmente regresaron con una fuerza mayor.

Hoy ese colchón no existe. Y ahí es donde el viejo argumento del «bloqueo» empieza a encontrarse con una pregunta incómoda.

Si el embargo estadounidense constituye un obstáculo tan decisivo para que los cubanos puedan vivir dignamente, ¿por qué la dictadura no está haciendo todo lo necesario para conseguir que se levante?

Estados Unidos tiene una política definida y una legislación que establece condiciones para una eventual suspensión y terminación del embargo.

La Ley de Democracia Cubana y la Ley LIBERTAD contemplan una transición en la que se legalice la actividad política, se libere a los presos políticos, se respeten las libertades fundamentales, se permita la existencia de asociaciones independientes y se celebren elecciones libres y multipartidistas. La legislación establece pasos posteriores para terminar el embargo cuando exista un gobierno democráticamente elegido.

La Habana considera esas condiciones una injerencia.

Puede rechazarlas. Puede intentar modificarlas. Puede negociar. Lo que resulta difícil de explicar es que, mientras acusa a Washington de mantener a los cubanos en la pobreza, no convierta la negociación en una prioridad nacional y en un imperativo moral ante el abismo de crisis humanitaria que se abre a los pies de la nación.

Y aquí aparece el problema de fondo: la dictadura no parece estar dispuesta a poner en juego aquello que considera esencial para su propia supervivencia.

El castrismo es una dictadura comunista que lleva más de seis décadas controlando el Estado, eliminando la competencia política y reprimiendo a quienes intentan desafiar su monopolio del poder.

No se trata solamente de un modelo económico fallido ni de una disputa diplomática con Estados Unidos. Se trata de una estructura política que ha hecho de su propia continuidad una prioridad superior a cualquier mecanismo de participación real, de empoderamiento ciudadano y de alternancia democrática.

La familia Castro sigue ocupando un lugar central en esa arquitectura de poder. Raúl Castro conserva una influencia decisiva, mientras las conexiones entre la élite política, el aparato militar y los grandes negocios estatales permanecen fuera de cualquier control ciudadano efectivo.

En este contexto adquiere especial significado la aparición pública de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «El Cangrejo», en los contactos con Estados Unidos.

No ocupa un cargo gubernamental formal ni ha recibido un mandato electoral, pero ha adquirido protagonismo en conversaciones relacionadas con el futuro de la relación entre La Habana y Washington. El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de su persona: ¿quién representa a los cubanos cuando se negocia el futuro de Cuba?

La respuesta oficial sería que lo hace el Estado revolucionario.

Pero el Estado revolucionario no es un espacio político abierto donde distintas opciones compiten por el voto de la ciudadanía. El Partido Comunista conserva el monopolio del poder y la sociedad carece de mecanismos democráticos para sustituir a quienes gobiernan.

Por eso la apelación permanente a la soberanía tiene un problema de fondo.

El régimen sostiene que Estados Unidos no puede decidir cómo deben vivir los cubanos. Es cierto que ningún país debería arrogarse el derecho de decidir por otra nación. Pero de esa afirmación no se desprende que una élite gobernante pueda asumir el derecho a decidir indefinidamente por sus propios ciudadanos.

La soberanía no puede convertirse en una excusa para impedir que los cubanos participen en las decisiones fundamentales sobre su propio país.

Si la dictadura está tan convencida de que el pueblo respalda el socialismo, el Partido Comunista, el sistema vigente y las «conquistas de la revolución», hay una forma de despejar cualquier duda: preguntarle al pueblo.

Una consulta libre, transparente y verificable internacionalmente permitiría saber si la sociedad cubana quiere conservar el actual sistema político o abrir un proceso de transformación que le permita escoger entre diferentes proyectos de país. Quienes defiendan el socialismo podrían hacerlo. Quienes quieran otra cosa también.

Eso sería soberanía popular.

Mientras tanto, el régimen está haciendo algo que merece ser observado con atención: está dispuesto a revisar aspectos importantes de su modelo económico porque la realidad lo obliga. Las reformas aprobadas en los últimos tiempos incorporan mecanismos de mercado, participación privada y nuevas fórmulas de inversión que habrían resultado impensables en otras etapas de la Revolución.

No hay nada malo en rectificar cuando una política fracasa. Lo que resulta difícil de aceptar es que la economía pueda ser objeto de cambios cuando la supervivencia del sistema lo exige, mientras el monopolio político permanece fuera de discusión.

Ese desequilibrio es cada vez más difícil de esconder.

La población soporta una crisis que no deja de agravarse mientras la élite busca mecanismos para adaptar el sistema y conservar sus posiciones. Los cubanos, en cambio, continúan sin una vía pacífica para decidir si quieren seguir viviendo bajo el mismo modelo.

Y el tiempo corre.

No se mide solamente en indicadores económicos, sino en años de vida y de salud perdidos, libertades que no llegan, noches enteras sin electricidad, familias que reducen su alimentación y jóvenes que concluyen que su futuro está fuera de Cuba.

Por eso este momento exige algo más que otro discurso sobre la resistencia.

Si el castrismo cree que Washington tiene en sus manos una parte importante de la solución, debe sentarse a negociar. Si considera injustas las condiciones estadounidenses, debe discutirlas. Si entiende que algunas son indispensables para una transición que permita levantar las sanciones, debe asumir el costo político de afrontarlas.

Lo que ya no puede reclamar es tiempo indefinido.

No es razonable pedirle a una sociedad exhausta que continúe sacrificándose para preservar intacta una estructura de poder que no está dispuesta a someterse a su decisión.

Cuba necesita otra cosa.

Necesita que la discusión deje de girar exclusivamente alrededor de lo que quiere Washington o de lo que está dispuesto a conceder La Habana y comience a girar alrededor de lo que necesitan y quieren los cubanos. Necesita que la política deje de ser un asunto reservado a una cúpula y vuelva a pertenecer a la ciudadanía.

Ayer los cubanos volvieron a mirar hacia la Virgen de la Caridad. Lo hicieron en medio de una oscuridad que no es solamente la de los apagones. También hay una oscuridad política, institucional y moral que dura demasiado tiempo.

Tal vez por eso la imagen de Cachita resulta tan poderosa este año.

Cuba pide que fluya el agua y la luz.

Pero ninguna nación puede confiar su futuro exclusivamente a un milagro. Hace falta que quienes tienen el poder tomen decisiones y acepten las consecuencias de esas decisiones. Hace falta reconocer que una revolución de hace más de seis décadas no puede convertirse en un derecho hereditario sobre una nación, y que ninguna élite puede reclamar para siempre el derecho a decidir por todos.

El castrismo dice defender la dignidad de Cuba. Entonces tiene una oportunidad de demostrarlo.

Puede seguir aferrado a un sistema que ha dejado a la población exhausta, o puede abrir una negociación real con Estados Unidos, aceptar que tendrá que hacer concesiones y permitir que los cubanos recuperen la capacidad de decidir sobre su propio destino.

No hace falta esperar a que el país quede completamente destruido para reconocer el fracaso.

No hace falta otra generación perdida para comprender el costo.

Cuba ya ha pagado demasiado.

Y si el régimen sostiene que el «bloqueo» es una de las grandes causas de esta tragedia, entonces la responsabilidad que tiene delante es ineludible: hacer todo lo que esté en sus manos para terminar con ese enfrentamiento y, sobre todo, dejar de utilizar la defensa de Cuba como argumento para impedir que Cuba pueda decidir por sí misma.

Ayer los cubanos pidieron un milagro a Cachita.

Quizá el milagro que esperan no sea que alguien venga a salvarlos, sino que quienes llevan demasiado tiempo decidiendo por ellos comprendan, finalmente, que Cuba no les pertenece.