El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga aseguró que Sherritt International y Antilles Gold no se han retirado de Cuba, aunque ambas compañías mantienen suspendida su participación directa en operaciones vinculadas a sus negocios mineros en la isla mientras buscan alternativas frente a las sanciones de Estados Unidos.
«Ni Antilles Gold ni Sherritt se han retirado de Cuba», afirmó Pérez-Oliva en una entrevista concedida a Reuters desde La Habana.
«Ante estas sanciones, estas empresas están evaluando alternativas para determinar cómo continuar sus operaciones», agregó el funcionario, quien además de viceprimer ministro encabeza el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Las declaraciones llegan después de meses de incertidumbre sobre dos importantes inversiones extranjeras en el sector minero cubano, afectadas por la ampliación de las sanciones de Washington desde mayo.
Sherritt sigue en Cuba, pero mantiene suspendida su participación directa
La canadiense Sherritt International, con más de tres décadas de presencia en Cuba, mantiene una sociedad al 50% con la estatal General Nickel Company en la empresa conjunta de Moa, dedicada a la extracción y procesamiento de níquel y cobalto.
La situación cambió después de la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones relacionadas con Cuba.
El 7 de mayo, Sherritt suspendió su participación directa en las actividades de sus empresas conjuntas en Cuba.
La propia compañía explicó entonces que no había sido designada formalmente bajo la orden ejecutiva, pero advirtió que las nuevas medidas alteraban sustancialmente su capacidad para operar con normalidad.
Días después, Sherritt anunció su intención de disolver sus intereses cubanos, incluida la empresa conjunta de Moa. En ese proceso reveló que la estatal General Nickel Company le debía aproximadamente 277 millones de dólares.
Sin embargo, el 19 de mayo la minera dio marcha atrás a su plan de disolución, tras nuevas consultas con asesores, partes interesadas y autoridades gubernamentales.
La compañía dejó claro entonces que mantenía suspendida su participación directa en las actividades de las empresas conjuntas cubanas mientras evaluaba otras opciones.
Esa situación continúa. En una actualización financiera publicada este septiembre, Sherritt reiteró que su participación directa en las operaciones conjuntas de Cuba permanece suspendida desde el 7 de mayo y advirtió que atraviesa restricciones de liquidez y una «incertidumbre material» sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Antilles Gold conserva su participación, pero paralizó su intervención directa
La australiana Antilles Gold enfrenta una situación similar.
Su filial Antilles Gold Inc. posee el 50% de Minera La Victoria S.A., empresa conjunta responsable del proyecto de oro y cobre Nueva Sabana. El otro 50% está en manos de una subsidiaria de la estatal cubana GeoMinera.
El 4 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) incluyó a Minera La Victoria en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por operar en el sector cubano de metales y minería.
Como consecuencia, Antilles Gold suspendió temporalmente la cotización de sus acciones y su filial detuvo su participación directa en la administración, gestión y financiación de Minera La Victoria, aunque conservó su participación accionarial del 50%. También quedaron suspendidos los trabajos de construcción de Nueva Sabana.
La suspensión bursátil fue levantada el 18 de junio, pero el problema de fondo permanece. Antilles Gold ha mantenido conversaciones con el Departamento de Estado estadounidense y trabaja con el grupo de inversión estadounidense Global Emerging Markets (GEM) en busca de una fórmula que permita levantar la sanción o conseguir una licencia de OFAC para determinadas operaciones.
Pérez-Oliva culpa a las sanciones
Durante la misma entrevista, el viceprimer ministro acusó a Washington de presionar a compañías extranjeras para que reduzcan sus vínculos comerciales con Cuba mientras facilita determinadas operaciones de empresas estadounidenses.
«Por un lado, las empresas internacionales —socias tradicionales de Cuba en todo el mundo— están siendo amenazadas y presionadas para que cesen sus relaciones económicas y comerciales con nuestro país», afirmó.
Pérez-Oliva puso como ejemplo la política estadounidense que permite determinadas exportaciones de combustible hacia el sector privado cubano, algo que interpretó como un intento de incrementar la dependencia económica de la isla respecto a Estados Unidos.
Washington sostiene una interpretación diferente. El secretario de Estado Marco Rubio ha atribuido las dificultades de Cuba para atraer inversiones al modelo económico y político de la isla y a la falta de garantías para los inversionistas.
Pérez-Oliva también negó durante la entrevista tener conocimiento de contactos recientes entre autoridades cubanas y empresas directamente vinculadas al presidente Trump.
«No tengo conocimiento de que ninguna empresa directamente vinculada al presidente Trump haya contactado con Cuba», afirmó.
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