La rápida reacción del régimen cubano a las nuevas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) no solo busca denunciar otro supuesto «ataque al pueblo».
También deja ver algo más incómodo para La Habana: el sector privado, que durante años fue presentado como marginal, tolerado y políticamente subordinado, se ha convertido en una pieza sensible dentro de la arquitectura económica del poder.
Washington abrió primero la puerta al sector privado
La secuencia importa. Washington no llegó a este punto después de una política lineal de cierre contra las mipymes.
En mayo de 2024, durante la administración Biden, el Departamento del Tesoro modificó las regulaciones sobre Cuba para ampliar el apoyo a los emprendedores privados independientes, permitirles abrir y usar cuentas bancarias en Estados Unidos, incluso mediante plataformas de pago en línea, y facilitar determinadas operaciones financieras vinculadas al sector privado.
Ya bajo la administración Trump, la lógica inicial tampoco fue clausurar toda posibilidad al emprendimiento cubano.
En febrero de 2026, el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio actualizó su guía para permitir exportaciones y reexportaciones de gas y otros productos petrolíferos de origen estadounidense a entidades privadas cubanas elegibles y a consumidores individuales, bajo la excepción «Support for the Cuban People».
CiberCuba reportó después que Estados Unidos había enviado aproximadamente 30,000 barriles de combustible al sector privado cubano desde principios de febrero y que decenas de buques con productos importados por empresas privadas habían descargado en la isla, principalmente en el puerto del Mariel.
Es decir, la administración estadounidense abrió una vía específica: no combustible para el Estado cubano, no oxígeno para las Fuerzas Armadas, no recursos para GAESA, sino operaciones destinadas formalmente al sector privado.
Esa distinción fue esencial desde el inicio.
La trampa del modelo cubano: privado en el papel, estatal en los controles
Pero la realidad cubana mostró pronto la trampa. Aunque la compra la hiciera una mipyme, la operación dentro de Cuba no podía escapar fácilmente del control estatal.
Las importaciones de combustible debían pasar por intermediarios autorizados por el propio régimen, como QUIMIMPORT o MAPRINTER; luego intervenían puertos, nacionalización, CUPET, CIMEX, almacenamiento, distribución y puntos de consumo bajo control del Estado.
CiberCuba documentó desde febrero que las mipymes podían importar combustible, pero el régimen mantenía el control total del proceso.
La primera señal de alarma llegó muy pronto. El pasado 4 de marzo, el Departamento de Comercio suspendió el uso de la excepción «Support for the Cuban People» para operaciones que implicaran el depósito de fondos extranjeros en bancos de propiedad cubana, al considerar que esas transacciones presentaban un riesgo inaceptable de beneficiar principalmente al régimen cubano o a sus servicios militares o de inteligencia.
No fue una medida contra una cafetería privada ni contra un pequeño negocio familiar. Fue una advertencia sobre el punto donde el dinero privado podía terminar entrando en la maquinaria financiera del Estado.
Las reformas de La Habana ampliaron el canal, pero no soltaron el control
Mientras tanto, el régimen aceleró sus propias reformas. En junio aprobó un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que incluyó banca privada, casas de cambio privadas, operadores privados de remesas, apertura a inversión extranjera en el sector no estatal, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y la posibilidad de que privados importaran y exportaran directamente, aunque siempre bajo autorización estatal.
Ese paquete fue presentado como una apertura soberana y necesaria ante la crisis. Sin embargo, también puede leerse de otra manera: el régimen, sin divisas, sin combustible suficiente y con la economía estatal colapsada, buscó ampliar los canales privados sin soltar los nodos de control.
El gobierno, cuya economía era planificada y centralizada por instituciones del Estado hasta hace muy poco, comprendió que debía mutar y desarrollar tentáculos que le permitieran acceder y administrar recursos a través de «nuevos actores económicos».
Permitió más actividad del incipiente «sector no estatal», pero conservó licencias, bancos, aduanas, puertos, importadoras, permisos, fiscalización y capacidad de castigo. El sector privado podía mover mercancías, pero el Estado seguía decidiendo por dónde, con quién, bajo qué condiciones y a qué costo.
Así lo resumió Díaz-Canel en abril de 2021: «La revolución no va entregar el sector no estatal al enemigo. El sector no estatal es nuestro».
En septiembre, el Banco Central de Cuba dio otro paso en esa dirección al autorizar a negocios privados a recibir efectivo en divisas y depositarlo directamente en cuentas bancarias denominadas en moneda extranjera. La medida abría una vía para formalizar divisas en manos de actores privados, pero dentro del sistema bancario cubano y bajo supervisión estatal.
El giro de OFAC apunta a las zonas grises
El giro de OFAC, efectivo desde el 30 de septiembre, debe entenderse sobre ese fondo.
Washington eliminó la autorización que permitía a bancos estadounidenses abrir y mantener cuentas para emprendedores privados cubanos independientes; ordenó bloquear las cuentas afectadas salvo licencia específica; eliminó las operaciones financieras U-Turn relacionadas con Cuba, y amplió las restricciones para impedir no solo transacciones directas, sino también indirectas, con entidades de la Lista Restringida de Cuba.
La palabra clave es «indirectas». La OFAC no está mirando solamente si una transferencia menciona a GAESA, CUPET o una empresa militar. Está mirando si, a través de intermediarios, supuestas empresas privadas o rutas financieras más opacas, el beneficio final puede terminar en estructuras del aparato militar, de inteligencia o de seguridad.
Por eso, resulta manipulador presentar la medida como una simple ofensiva contra el emprendimiento o contra la población.
La discusión real no es si algunas mipymes pueden verse afectadas. Lo estarán sobre todo las que tenían acceso a cuentas o pagos vinculados a Estados Unidos.
La discusión de fondo es por qué Washington, después de haber abierto canales al sector privado, decide cerrar algunos de ellos.
La respuesta más probable es que detectó una frontera demasiado porosa entre lo privado y lo estatal.
Así lo expresó el secretario de Estado Marco Rubio a mediados de septiembre: «En el tema de Cuba lo que no vamos a seguir es permitiendo que una compañía militar llamada GAESA se siga robando el dinero de Cuba y por eso hemos puesto las sanciones más fuertes en la historia de la relación que hemos tenido con Cuba».
Y añadió: «Trágicamente el pueblo cubano está sufriendo, pero no está sufriendo por nosotros [sino por un modelo que] no funciona y jamás ha funcionado».
La respuesta del régimen: convertir una disputa financiera en agravio nacional
El régimen entendió el golpe y reaccionó de inmediato. Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de perjudicar al sector privado cubano y dijo que las medidas buscaban provocar «el máximo sufrimiento» al pueblo.
«Esas acciones contra el sector privado cubano demuestran claramente que su única intención es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar la puesta en marcha de las transformaciones económicas y sociales», aseguró el gobernante.
Bruno Rodríguez Parrilla también presentó las restricciones como parte de una política destinada a bloquear intercambios, negocios privados y reformas económicas.
«Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso. Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo», denunció el canciller del régimen.
A esa línea se sumaron voces del MINREX, como Sonia Hernández Camacho, identificada como directora de Temas Bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos, y cuentas oficialistas en redes que repitieron la idea de que Washington no va contra el régimen, sino contra toda la economía cubana.
La maniobra discursiva es evidente: convertir una disputa sobre canales financieros, sanciones, intermediarios y control estatal en un agravio nacional.
El régimen necesita presentar las mipymes como sinónimo de pueblo, porque así cualquier medida dirigida a cortar el posible aprovechamiento estatal de ese circuito puede denunciarse como castigo colectivo.
Pero esa equivalencia no resiste la realidad cotidiana de Cuba.
Las mipymes no son «el pueblo»
Para millones de cubanos, las mipymes no son una solución masiva ni asequible a sus necesidades básicas. Son, en muchos casos, el único lugar donde aparecen productos, pero a precios que superan ampliamente salarios y pensiones.
CiberCuba ha reportado una libra de pollo a 800 pesos, seis huevos a 960, bolsas de leche entre 5,500 y 6,500 pesos y cálculos de más de 200,000 pesos mensuales para sostener una familia pequeña en La Habana, frente a un salario mínimo de 3,210 pesos.
El pueblo cubano, por tanto, no es el gran beneficiario de ese circuito. Es más bien el espectador forzado de un mercado caro, dolarizado de hecho, abastecido de manera irregular y atravesado por privilegios, conexiones y permisos.
El régimen intenta esconder esa distancia porque le conviene presentar cualquier canal privado como si fuera automáticamente una conquista popular.
En realidad, buena parte de la población solo accede a esos productos de manera limitada, sacrificando remesas, vendiendo pertenencias o dependiendo de familiares en el exterior.
No todo el sector privado está capturado, pero ningún canal opera al margen del Estado
Las nuevas medidas de OFAC no prueban que todo el sector privado cubano esté controlado por el régimen.
Sería injusto meter en el mismo saco a miles de pequeños emprendedores que trabajan bajo presión, con apagones, inflación, impuestos, inspectores y ausencia de seguridad jurídica.
Lo que sí confirman es una sospecha cada vez más difícil de negar: en Cuba, ningún circuito económico que mueva divisas, combustible o comercio exterior funciona completamente al margen del Estado.
La etiqueta «privada» no garantiza independencia.
En un sistema donde el régimen controla bancos, puertos, aduanas, licencias, importadoras, almacenamiento, distribución y regulación, cualquier canal económico de cierta escala puede terminar convertido en fuente de divisas, comisiones, abastecimiento o legitimidad para el propio poder.
Esa es la parte que el régimen de La Habana no quiere discutir. Porque hacerlo obligaría a responder preguntas incómodas: quiénes son los verdaderos dueños de determinadas empresas, qué vínculos mantienen con funcionarios, militares o familiares del poder, qué comisiones cobra el Estado en cada importación, qué bancos procesan los fondos y cuánto termina capturando el aparato estatal en nombre de un supuesto mercado privado.
Una corrección de rumbo, no una ofensiva contra los cubanos
Washington no parece haber cerrado estas vías porque le moleste que existan emprendedores cubanos. La lógica apunta a otra cosa: cerrar grietas por las que el régimen podía convertir al sector privado en intermediario, fachada, cobrador, importador o canal indirecto de recursos que las sanciones buscan negarle al Estado.
«Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar salir del nudo, nosotros lo cerramos», afirmó Rubio a comienzos de agosto. «Desde luego no pueden esperar a que esto pase. Esto no va a desaparecer en los próximos dos años y medio».
La falsedad de la denuncia oficial no está en admitir que las medidas de OFAC puedan tener efectos sobre ciertos actores privados. Eso es real.
La manipulación está en omitir la secuencia completa: las aperturas bancarias de 2024, las licencias y excepciones comerciales, la autorización para combustible, las advertencias tempranas sobre bancos cubanos, el control estatal de la logística y las reformas de La Habana para absorber divisas a través de canales privados.
Por eso el régimen está molesto. No porque Washington haya descubierto que existen mipymes, sino porque parece haber entendido que la frontera entre emprendimiento privado y beneficio estatal era demasiado débil.
La reacción oficial, con su apelación automática al «pueblo», busca tapar esa lógica. Pero la secuencia completa cuenta otra historia: primero hubo aperturas para favorecer al sector privado; después aparecieron señales de captura, intermediación y riesgo financiero; finalmente llegó el cierre de los canales más vulnerables.
Lo que el régimen llama asfixia contra los cubanos puede ser, en realidad, una corrección de rumbo contra su capacidad de disfrazar de privado lo que sigue bajo control de un Estado que se niega en redondo a discutir sus asuntos políticos internos, esos mediante los cuáles retiene y pretende perpetuar su poder totalitario.
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