En abril de 2021, Miguel Díaz-Canel resumió en una frase la verdadera concepción del régimen sobre la actividad privada en Cuba: «El sector no estatal es nuestro».
No fue un desliz. En aquella reunión con cuentapropistas, cooperativistas y representantes de empresas estatales, el gobernante afirmó además que «la Revolución no va a entregar el sector no estatal al enemigo» y dejó claro que las formas privadas solo serían toleradas como «complemento de la economía estatal».
Leída hoy, esa frase ayuda a entender mejor el sentido de las recientes medidas de la administración Trump sobre determinados canales financieros vinculados a emprendedores cubanos. Washington no parece actuar contra la existencia de pequeños negocios privados, sino contra un modelo en el que el régimen ha convertido lo «no estatal» en una extensión controlada de su sistema.
Díaz-Canel lo dijo sin rodeos: ese sector no era de los ciudadanos, ni de un mercado libre, ni de emprendedores autónomos. Era «nuestro». Es decir, del proyecto político que lo autoriza, lo limita, lo usa y lo castiga. Es decir, de la llamada «revolución», o lo que es lo mismo, del régimen.
Washington abrió primero
El relato oficialista presenta las nuevas medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) como prueba de que Washington quiere «asfixiar» a toda la economía cubana. Pero esa versión omite la secuencia completa.
En mayo de 2024, durante la administración Biden, el Departamento del Tesoro amplió autorizaciones para apoyar a emprendedores privados cubanos independientes, incluidas facilidades bancarias y el uso de plataformas de pago.
Ya bajo Trump, también se abrieron canales para exportar combustible, gas y otros productos petrolíferos de origen estadounidense a entidades privadas cubanas elegibles y consumidores individuales. CiberCuba reportó este año envíos de combustible al sector privado y operaciones comerciales dirigidas formalmente a mipymes.
La lógica inicial no fue cerrar el paso al emprendimiento, sino abrir una vía diferenciada, con una condición esencial: que esos recursos no terminaran beneficiando al Estado cubano, las Fuerzas Armadas, GAESA, CUPET, entidades sancionadas o estructuras de inteligencia y seguridad.
La trampa estaba en el control interno
El problema es que en Cuba una mipyme puede ser privada en el registro, pero operar dentro de un entramado estatal que controla los puntos decisivos: licencias, bancos, aduanas, puertos, importadoras, almacenamiento, distribución, permisos, fiscalización y acceso a divisas.
El combustible lo ilustra con claridad. Aunque la compra formal pudiera hacerla un actor privado, la operación dentro de Cuba debía pasar por importadoras autorizadas, infraestructura estatal, CUPET, CIMEX, puertos y canales de distribución controlados por el régimen.
Ahí aparece la zona gris que preocupa a Washington: operaciones concebidas para apoyar al sector privado podían acabar generando comisiones, control logístico, divisas, abastecimiento o ventajas indirectas para el propio Estado.
La sospecha no nace de una teoría abstracta. En marzo de 2026, el Departamento de Comercio ya había suspendido determinadas excepciones cuando implicaran depósitos de fondos extranjeros en bancos de propiedad cubana, por el riesgo de beneficiar al Gobierno, al aparato militar o a los servicios de inteligencia.
Apertura controlada, no libertad económica
Las 176 medidas económicas y sociales anunciadas por La Habana en 2026 refuerzan esa lectura.
El paquete incluyó banca privada, casas de cambio privadas, operadores privados de remesas, inversión extranjera en el sector no estatal, más margen para importar y exportar, eliminación del límite de 100 trabajadores y fórmulas de participación privada en estructuras antes reservadas al Estado.
El régimen evita llamarlo privatización. Habla de «apertura selectiva», «nuevos actores económicos», «corresponsabilidad» o «transformaciones necesarias». Pero el fondo es evidente: necesita capital privado, divisas, importaciones, logística y servicios que el Estado ya no puede garantizar.
Eso no contradice la frase de Díaz-Canel en 2021. La actualiza. Lo «no estatal» sigue siendo «nuestro», solo que ahora resulta más necesario para importar, vender, recaudar, pagar, donar, financiar propaganda y cubrir vacíos sociales.
Apellidos, permisos y propaganda
En los últimos años, medios independientes han documentado casos que muestran cómo una parte del sector privado más visible o favorecido aparece conectada con apellidos del poder, antiguos cuadros, instituciones estatales o espacios de propaganda.
CiberCuba reportó el caso de Gaia Mercado, mipyme de alimentos atribuida a Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro y nieta de Raúl Castro. El negocio opera en un sector sensible —la alimentación— y capta pagos desde el exterior para compras destinadas a familiares en Cuba.
CubaNet ha investigado otros negocios asociados a descendientes o allegados de la élite, así como empresas que pasaron de estructuras estatales o proyectos locales a operar como mipymes. Ese patrón no prueba que todo emprendedor sea testaferro, pero sí desmonta la imagen de un sector homogéneo, independiente y separado del poder.
También hay mipymes usadas como rostro amable de la propaganda. CiberCuba reportó que Cubamodela pagó publicidad en Cubadebate, medio oficialista subordinado al Partido Comunista. Más tarde, se conoció que Ideas Multimedio, conglomerado que agrupa a Cubadebate y otros espacios oficiales, obtuvo ingresos relevantes por publicidad pagada por mipymes.
La relación es reveladora: el régimen restringe, vigila y desconfía del sector privado, pero acepta su dinero cuando financia su aparato comunicacional.
Empresarios como vitrinas del régimen
La subordinación también se expresa en la conversión de determinados empresarios en figuras funcionales al discurso oficial.
El caso de Dofleini S.R.L. y su director, Carlos Miguel Pérez Reyes, ha sido señalado por medios independientes por el cruce entre empresa privada, institucionalidad política y alineamiento con campañas del régimen. Díaz-Canel visitó esa mipyme tecnológica y la presentó como ejemplo, mientras su directivo es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ha ocupado espacios dentro de estructuras oficiales.
El mensaje hacia el resto del sector es claro: se puede crecer, ganar visibilidad y acceder a espacios oficiales, siempre que el emprendimiento no se convierta en autonomía.
De negocios privados a auxiliares sociales
El control no es solo económico o propagandístico. También es social.
CiberCuba informó en 2024 que el régimen buscaba involucrar a los «nuevos actores económicos» en sus políticas sociales, especialmente en áreas como cuidados, pobreza, atención a grupos vulnerables, apoyo a ancianos y asistencia comunitaria.
El concepto usado por funcionarios oficiales fue «corresponsabilidad». La palabra revela el repliegue del Estado. Después de décadas prometiendo que «nadie quedaría desamparado», el régimen intenta trasladar parte de esa carga a mipymes, cuentapropistas y empresarios privados.
Así, los nuevos actores económicos quedan integrados a una lógica de utilidad política: cuando el Estado necesita divisas, los deja importar; cuando necesita propaganda, los exhibe; cuando necesita cubrir el fracaso de sus políticas públicas, los convoca a ser «corresponsables».
El puente desde Miami
La zona gris no se limita a Cuba. También alcanza a empresas radicadas en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, que han operado como puentes comerciales, logísticos o financieros hacia la isla.
En 2026, Miami-Dade inició una amplia revisión de miles de negocios que podían estar realizando operaciones relacionadas con Cuba sin la documentación federal requerida. La acción apuntaba a un ecosistema mucho más amplio que unas pocas operaciones aisladas.
Entre los casos más notorios figuran Katapulk Marketplace LLC y Maravana Cargo Inc., empresas con sede en Miami vinculadas a exportaciones hacia Cuba. CiberCuba reportó que licencias federales usadas para exportar vehículos fueron revocadas o cuestionadas por incumplimientos de condiciones.
El caso de Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, fue aún más ilustrativo. La empresa alcanzó un acuerdo relacionado con el envío y venta de combustible en Cuba, pero la operación implicaba instalaciones de almacenamiento de CUPET, empresa estatal cubana sancionada. Miami-Dade terminó revocando su licencia comercial local.
También se reportó la revocación de licencia a Lux Sky Cargo LLC, señalada por presuntos vínculos comerciales con ENETEC S.A., entidad estatal cubana sancionada en el sector energético.
El patrón es el mismo: incluso cuando una operación se presenta como orientada al sector privado, muchas veces necesita pasar por empresas estatales, puertos, infraestructura energética, importadoras o intermediarios autorizados por el régimen.
Remesas y pantallas
El frente de las remesas muestra un mecanismo similar.
Cuando FINCIMEX, vinculada a GAESA, quedó bajo sanciones, apareció Orbit S.A. como nuevo procesador de envíos de dinero hacia Cuba.
Investigaciones periodísticas señalaron después que Orbit estaba bajo control del entramado de GAESA a través de CIMEX. Estados Unidos terminó sancionando a Orbit, y empresas como Western Union y Cubamax suspendieron operaciones o quedaron afectadas por ese vínculo.
El esquema es conocido: cuando una vía queda cerrada por sanciones, surge otra estructura formalmente distinta para ocupar el mismo espacio. Cambia el nombre, cambia la pantalla, pero permanece el control.
Ese antecedente ayuda a entender por qué Washington mira con desconfianza algunas operaciones vinculadas al sector privado cubano. La experiencia de las remesas mostró que el régimen puede mover piezas, reemplazar empresas sancionadas y mantener el control de los flujos de divisas bajo una apariencia renovada.
OFAC apunta a las transacciones indirectas
Las medidas de OFAC, efectivas desde el 30 de septiembre de 2026, apuntan precisamente a esa zona de intermediación.
Washington eliminó la autorización para que bancos estadounidenses abrieran o mantuvieran cuentas de emprendedores privados cubanos independientes, ordenó bloquear cuentas afectadas salvo licencia específica, eliminó operaciones financieras U-Turn relacionadas con Cuba y amplió restricciones contra transacciones indirectas con entidades de la Lista Restringida de Cuba.
La palabra clave es «indirectas». OFAC no solo mira si una transferencia nombra explícitamente a GAESA, CUPET, FINCIMEX, CIMEX o una empresa militar. Mira si el beneficio final puede llegar a esas estructuras mediante intermediarios, negocios privados, operadores en terceros países, bancos, plataformas de pago o empresas autorizadas por La Habana.
Por eso la medida no puede leerse simplemente como un castigo al emprendimiento. Es una corrección de rumbo ante un modelo en el que el régimen ha demostrado capacidad para usar lo privado como máscara.
El falso argumento del «pueblo»
La reacción oficial fue inmediata. Díaz-Canel, Bruno Rodríguez, funcionarios del MINREX, medios estatales y cuentas alineadas intentaron imponer el mismo mensaje: Estados Unidos no va contra el Gobierno, sino contra el pueblo cubano.
La operación propagandística es evidente. El régimen presenta a las mipymes como sinónimo de población, aunque en la vida cotidiana la mayoría de los cubanos no accede a esos negocios como solución estable a sus necesidades básicas.
Las mipymes venden productos que muchas veces no aparecen en el mercado estatal, pero a precios inaccesibles para salarios y pensiones. Buena parte del pueblo mira ese circuito desde fuera, depende de remesas para comprar en él o simplemente no puede entrar.
La población no controla las importaciones, no firma contratos con CUPET, no abre empresas en Miami, no procesa remesas mediante estructuras autorizadas por el Banco Central, no compra publicidad en medios oficialistas ni decide qué actores privados pueden prosperar.
El pueblo es el argumento emocional del régimen, no el beneficiario principal del modelo.
No todas las mipymes son del régimen
La conclusión no debe ser simplista. No todas las mipymes son del régimen. No todos los emprendedores son testaferros. Hay miles de cubanos que intentan sobrevivir y trabajar bajo apagones, inflación, impuestos, inspectores, inseguridad jurídica, restricciones y arbitrariedad estatal.
Pero tampoco puede aceptarse la narrativa opuesta: que el sector privado cubano es un espacio libre, autónomo y separado del poder.
En Cuba, cualquier actor privado que alcanza determinada escala, mueve divisas, importa mercancías, accede a combustible, opera con bancos, usa puertos, negocia con entidades estatales o se conecta con empresas extranjeras depende de permisos, estructuras y decisiones del régimen.
Esa dependencia es el corazón del problema.
Cuando Díaz-Canel dijo «el sector no estatal es nuestro», describió un diseño de control. Las reformas posteriores, los casos de mipymes vinculadas al poder, la propaganda oficial, la «corresponsabilidad» social, los negocios desde Miami y las pantallas financieras no han hecho más que confirmarlo.
Las nuevas medidas de la administración Trump no nacen de una hostilidad abstracta contra el emprendimiento privado. Nacen de una constatación política y práctica: en Cuba, lo privado puede ser usado por el régimen como oxígeno económico, fachada comercial, canal financiero, instrumento propagandístico y mecanismo de evasión de sanciones.
Por eso La Habana insiste en decir que Washington ataca al pueblo. Porque la discusión real lo deja en peor posición: si el sector no estatal es «suyo», como dijo Díaz-Canel, entonces no puede presentarlo de pronto como un espacio completamente independiente cuando llegan las sanciones.
La frase de 2021 se ha convertido en una confesión involuntaria. El régimen quiere que el mundo trate al sector privado cubano como autónomo frente a Washington, pero dentro de Cuba lo controla como parte de su proyecto político.
Ese es el punto que ayuda a entender el giro de OFAC: no castigar al pequeño emprendedor, sino cerrar los canales por los que el poder totalitario cubano podía seguir disfrazando de privado lo que nunca dejó de considerar «nuestro».
Vídeos relacionados:
Archivado en: